¿Qué puede haber más público que la seguridad? Desde mi punto de vista, nada. Parece inminente la privatización de las cárceles, a pesar de los efectos perjudiciales que eso podría tener tanto sobre los internos como sobre sus familiares.
Es evidente que, con excepción de los países más avanzados en cuanto a políticas penitenciarias como los escandinavos, la exportación de políticas públicas no sólo en cuanto a lo penitenciario se refiere, sino en la mayoría de los ámbitos gubernamentales es una tendencia mundial. El problema de exportar políticas reside en las diferencias ideológicas y culturales de cada lugar. No se pueden ni se deben copiar políticas en su totalidad ya que no es lo mismo implementar un programa de tratamiento en externamiento en un país completamente controlado como Finlandia que en México, donde el control y la seguridad están altamente comprometidos.
En este sentido, la moda, penitenciariamente hablando, tiende a la privatización de las cárceles. Estados Unidos es el principal promotor de esta idea, que en ese país ya funciona ampliamente como "Corrections Corporation of America". ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué existe tanto interés en que las cárceles se privaticen? La respuesta más clara es el negocio que esto implica. ¿Qué mejor mano de obra explotable que los internos que se encuentran privados de su libertad?, quienes pareciera que ante la sociedad han perdido todos los derechos humanos existentes. Pocas sociedades se quejarán del hecho de que sus reclusos sean explotados.
En México ya existen indicios de lo anterior. El sistema de alimentación de algunos recintos ya no dependen de la administración pública sino de empresas privadas, sin embargo, creo que la privatización de ciertos aspectos como la alimentación y algunos otros servicios no constituyen el problema principal. Lo que en ningún caso debe ser quitado de las manos públicas son la seguridad interna así como todas las acciones encaminadas a la reinserción social (educación, salud, trabajo y deporte).
La corrupción es uno de los problemas fundamentales que fomentarían que la exportación de este modelo tuviera serios problemas y me atrevo a decir que llevaría al fracaso. Actualmente, cada una de las acciones dentro del sistema se ve inmersa en un continuo proceso lleno de corrupción y de actividades ilícitas. ¿Cómo controlar a los servidores públicos y al personal penitenciario si de pronto dejaran de depender del gobierno y de las autoridades pertinentes y pasaran a la administración privada?
El Estado es el único que tiene la potestad de privar legalmente de la libertad a alguien, por lo tanto es el único que puede y debe cumplir con el mandato constitucional de velar por los derechos humanos de los internos así como fomentar su reinserción a través de la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud y el deporte. Sería completamente incorrecto que privara de la libertad a una persona y a su vez la entregara a la administración privada para que ésta cumpliera con una obligación que no le es competente.
@criminologiamex
