NOTA: Mientras escribía esta columna me llegó la información de que Alberto López Bello, reportero del diario El Imparcial, había sido asesinado en la ciudad de Oaxaca. El asesinato de Alberto López se da a pocos meses de la amenaza de muerte que recibieran otros dos periodistas del estado (Pedro Matías y Giovanni Vásquez). Del 2009 a la fecha se han registrado 52 agresiones contra la prensa en el estado de Oaxaca, siendo el principal agresor funcionarios públicos. Cinco de estas agresiones corresponden a periodistas que han sido asesinados por posible relación con su labor periodística.
Desde la publicación el 26 de junio de 2012 de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos al término del primer semestre de 2013, Artículo 19 ha documentado 258 agresiones contra periodistas, de las cuales 40% han sido cometidas por funcionarios públicos. En el mismo lapso de tiempo cuatro periodistas han sido asesinados y tres más se encuentran desaparecidos, y nueve medios han sido atacados con explosivos y/o armas de fuego. A través de la citada Ley se instaló el 13 de noviembre 2012 el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
El 19 de abril se recibió una amenaza en las oficinas de Artículo 19. Por tal motivo se solicitaron medidas de protección al Mecanismo de Protección. El 10 de julio la Junta de Gobierno del Mecanismo me citó para, según esto, informar lo que la evaluación de riesgo elaborada por el gobierno federal había arrojado. Tristemente dos meses y medio después de la amenaza recibiríamos esa información. Obviamente la situación en ese lapso de tiempo ha cambiado en muchos aspectos.
Siempre he reconocido públicamente la voluntad de trabajo del Dr. Juan Carlos Gutiérrez, Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Subsecretaria Lía Limón, sin embargo, la voluntad en momentos de emergencia no es suficiente. El errático accionar del Mecanismo ha provocado que diste mucho del fin para lo que se diseñó y creó.
En el oficio UPDDH/911/3068/2013, el Coordinador Ejecutivo señala: “… el Mecanismo se encuentra en su etapa de inicio y uno de los compromisos de este Gobierno es fortalecerlo. Estamos conscientes de que existen varios retos en la materia…”. ¿Cómo explicamos a todos los periodistas asesinados, desaparecidos o agredidos que la falta de protección se debe a que el mecanismo está en etapa de inicio? Me parece un pobre argumento afirmar públicamente que están aprendiendo, como si en esa frase estuviesen buscando algún tipo de trato benevolente.
Llegamos puntuales a la cita en la Secretaría de Gobernación. En nuestra primera intervención hicimos un señalamiento claro sobre todos los artículos del Reglamento de la Ley de Protección (Artículos 83 y 89) que se habían violado a lo largo de la revisión del caso de Artículo 19. Nuestro argumento tenía como fin señalar claramente que era la autoridad la que no estaba cumpliendo con los tiempos que marcaba la ley, hecho en sí mismo preocupante.
Cuando dio inicio la sesión nos dimos cuenta de que no contábamos con el documento “Evaluación de Riesgo” que sería analizado en la reunión. Estupefactos ante la falta de lógica de los convocantes, pregunté cómo podían esperar que tuviéramos una discusión informada sobre tan importante documento sin conocer el documento. La respuesta del Coordinador fue que “no era práctica de la Junta de Gobierno entregar las evaluaciones de riesgo a los peticionarios antes de la reunión”. Un argumento nada convincente. La idea era que los peticionarios recibiéramos un resumen del contenido de la evaluación de riesgo.
En resumen, estábamos ahí para revisar un documento que nos informaba cuál es nuestro riesgo como defensores de periodistas y defensores de derechos humanos, pero ese mismo documento era inalcanzable para nosotros (los peticionarios). La sinrazón privó en la reunión y jamás conocimos el documento. En aras de no formar parte de una simulación, Artículo 19 se vio obligado a retirarse de una de las reuniones más importantes relacionada a la integridad física del personal de la organización internacional.
El 16 de julio, la Secretaría de Gobernación nos notifica la resolución de la Junta de Gobierno, y a través de oficio CEN/272/2013, sin motivación ni fundamentación de los ocho puntos resolutivos, confirma que el riesgo de Artículo 19 –organización que litiga casos de periodistas asesinados y agredidos, documenta casos de agresión, viaja continuamente a lugares de alto riesgo, entre otras muchas actividades– es de índole baja.
Al terminar de leer el oficio esperaba con ansias analizar el documento “Evaluación de Riesgo de Artículo 19”. Las razones eran obvias: primero porque es nuestro derecho, segundo porque el documento técnico nos daría acceso a conocer cómo la Secretaría de Gobernación está elaborando tan importantes documentos para todos los casos que les llegan. Con sorpresa me di cuenta que no había ningún documento anexo. No encuentro otra razón para actuar con secrecía más allá de temor al escrutinio público del trabajo.
Es lamentable la simulación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por los siguientes motivos: a) su continua y preocupante falta de observancia de la ley y el reglamento; b) la burocratización de los procedimientos y de la comunicación por falta de interlocutores dentro del gobierno que tengan conocimiento sobre aspectos de protección y prevención de agresiones a la prensa –la ignorancia y falta de capacitación no los exime de su responsabilidad–; c) el diseño del Mecanismo sigue teniendo serios problemas de credibilidad y desconocimiento de la población beneficiada; d) la inefectividad para echar a andar el fideicomiso que libere los fondos para dar protección efectiva –lamentablemente protección sin recursos es una pobre protección–; e) a pesar que el Mecanismo se intenta enmarcar dentro del ámbito nacional, su capacidad de influencia y operatividad en los estados y municipios es sumamente limitada. Si tomamos en cuenta que el 90% de las agresiones se dan en esos niveles, la conclusión obvia es que el mecanismo tiene serias limitaciones para su efectividad.
El Mecanismo de Protección debe de ser una herramienta básica para la protección de periodistas y defensores. A un año de la Ley, las cifras de agresiones contra la prensa siguen subiendo. Lo cual nos lleva a una obligada conclusión: el Mecanismo no está cumpliendo con su labor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la evaluación de riesgo tiene por objeto que el Estado conozca el grado en que los obstáculos a las actividades de las personas bajo protección pueden afectar la vida e integridad personal de las mismas, por lo que debe ser entendida como el medio por el cual el Estado estudiará la mejor manera bajo la cual cumplirá con su obligación de protección, para ello el Estado debe garantizar que en el proceso de evaluación de riesgo exista una adecuada comunicación y participación activa con la solicitante.
Al vivir en persona las serias deficiencias en el procedimiento y en el contenido de su trabajo, no me queda más que apelar a una revisión profunda de cómo se están haciendo las cosas e identificar y enmendar las deficiencias de manera inmediata. Estamos hablando de protección de vidas humanas, no de procesos burocráticos.
El establecimiento de un mecanismo es en sí mismo una fracaso del Estado mexicano. Es decir, el mecanismo intenta aminorar las fallas de la procuración de justicia y la obligación de proteger, garantizar los derechos humanos. La realidad es que la violencia en el 2013 ha crecido más del doble y el Mecanismo de Protección hasta ahora no es más que un tibio intento de atender la deteriorada situación.
