El editorial del 1 de julio del periódico The Washington Post sostenía que el gobierno de Estados Unidos tenía que detener cuanto antes a Edward Snowden para que no le hiciera más daño al país. No quiero imaginar qué pensaron los periodistas Bernstein y Woodward cuando leyeron aquel editorial del periódico que en 1972 destapó todo el escándalo Watergate, gracias a la información proporcionada por el informante (whistleblower, en inglés) "Garganta Profunda", caso que obligó a que el Presidente Richard Nixon renunciara y se metiera a la cárcel a personal de la Casa Blanca. El trabajo periodístico del periódico capitalino con la protección e información de "Garganta Profunda" cambió la historia de Estados Unidos. Algunos despistados argumentaron que el informante "Garganta Profunda" (número dos del FBI cuando se destapó Watergate) había violado leyes de confidencialidad al haber facilitado información a los periodistas del Post; sin embargo, fue evidente el interés público de la información de acuerdo a la legislación nacional e internacional para la protección de whistleblowers.

La filtración de los papeles de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por parte de Edward Snowden a los periódicos The Guardian y The Washington Post debería ser el nuevo Watergate. La información que ahora se conoce debería obligar a la prensa y a la sociedad civil a pedir respuestas más precisas a las autoridades norteamericanas sobre el trabajo ilegal de espionaje que han hecho durante años. La ausencia de un serio debate internacional entre gobiernos afectados para aclarar el espionaje ilegal a millones de personas alrededor del mundo es un indicador de la falta de valoración al derecho a la información por lo que ha hecho Snowden. Un ejemplo de la falta de valoración y falso debate son las afirmaciones de Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU, quien afirmó que “Edward Snowden abusó de su derecho de acceso digital y ha creado problemas que superan a los beneficios de la divulgación pública de la información”. Ahí tenemos a un Secretario General de la ONU que no entiende el derecho a la información y la razón de ser de los whistleblowers y parecería –por sus declaraciones– un funcionario del gobierno de Estados Unidos.

Sin caer en idealismos, debemos de reconocer que Snowden tuvo el valor de decir la verdad sobre las violaciones al derecho a la privacidad y derechos de usuarios de redes digitales por parte de la NSA. Edward Snowden puso nuevamente sobre la mesa un debate inacabado sobre la privacidad y el trabajo de seguridad nacional que llevan a cabo la mayoría de los gobiernos. Dentro de este debate está un elemento importante para el análisis que es la responsabilidad de las empresas digitales que poseen millones de datos de sus usuarios, a los cuales tuvieron acceso las autoridades estadunidenses.

El caso de Snowden nos recuerda a otro informante: Daniel Ellsberg, un ex analista de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que mientras trabajaba en la corporación RAND dio lugar a una polémica política cuando filtró al The New York Times y otros periódicos los llamados Papeles del Pentágono, un estudio del Pentágono clasificado de alto secreto sobre la toma de decisiones del régimen estadounidense en relación con la Guerra de Vietnam. Un ejemplo más que ilustra la valentía de aquellos que arriesgan su vida para que la población conozca más sobre los actos ilegales que llevan a cabo sus gobiernos.

El poco eco internacional de repudio a lo que ahora se sabe que hizo Estados Unidos es una señal de que los que creemos en un balance entre seguridad nacional, derecho a la información y privacidad estamos perdiendo la batalla ante gobiernos y empresas poseedoras de nuestros datos. De ahí, una vez más, es necesario comprender la trascendencia de la información y revisar la historia sobre las aportaciones de los informantes que arrojan luz contra los actos más oscuros que violan derechos fundamentales.

El caso de Edward Snowden no es sólo un proceso de Estados Unidos contra un ex empleado de la NSA que filtró información clasificada. El interés sobre el futuro del joven debería ser mundial porque el tema que se debate va mucho más allá de las fronteras del país del norte. El aislamiento político de Snowden es evidente ante el temor (por lo menos eso se presume) de las amenazas de Estados Unidos a quien ayude al informante.

El papel de la Unión Europea ha sido vergonzoso en conjunto con la política exterior de Francia, Inglaterra, España e Italia. El silencio ante la cacería humana de Snowden pone en entre dicho a las democracias más consolidadas de nuestro planeta. La negativa explícita de dar asilo a Snowden devela claramente el profundo cambio en los países europeos por el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Es de sorprenderse que ante la ausencia de la defensa europea los que hayan irrumpido en la escena internacional como los salvadores del derecho al asilo y la integridad física de Snowden, en un desafío claro a Estados Unidos, son Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Y no podemos olvidar que Julian Assange sigue recluido en la embajada de Ecuador en Londres. Parece kafkiano que sea Venezuela quien abogue públicamente por el bienestar de Snowden, conociendo el pobre récord del país sudamericano en materia de libertad de expresión.

Lo que no está haciendo la Unión Europea lo están haciendo los países sudamericanos. Mientras tanto, Rusia y China están viendo el partido desde las gradas y moverán sus piezas contra Estados Unidos cuando el tiempo sea el apropiado a sus intereses.

Países europeos, así como México, han pedido explicaciones a Estados Unidos sobre el espionaje, olvidando a quien alertó a la comunidad internacional sobre la política de espionaje de Estados Unidos. Notas diplomáticas van y vienen, pero lo cierto es que únicamente los países latinoamericanos han alzado la mano para proteger al héroe contemporáneo. Sin duda caben muchas interpretaciones de carácter político para entender qué hay detrás de la posición de los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), sin embargo, hoy son la tabla de flotación de Edward Snowden.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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