El debate sobre la reforma energética –y en especial sobre el petróleo y el futuro de Pemex– ya comenzó. En los últimos días la ofensiva mediática, de uno y otro bando, se ha intensificado de manera significativa. Sin duda, las maquinarias políticas se han puesto en marcha.
El pistoletazo de salida lo dio el Presidente Peña con unas declaraciones a dos medios extranjeros, el Financial Times y el Wall Street Journal. En este último diario, declaró que la intención del gobierno es poner fin a un tabú de casi ocho décadas al abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada y la competencia. Según dicho artículo, las negociaciones como tal empezarían después de las elecciones del 7 de julio, y si no hay ningún contratiempo, se convocaría a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso en agosto.
Obviamente las reacciones no se hicieron esperar. Los principales dirigentes de la izquierda –excepto López Obrador– rechazaron de forma tajante una reforma constitucional y anunciaron su propuesta para modernizar a Pemex. La respuesta vino del Secretario de Energía, quien aseguró que “no se venderá ni un solo tornillo” de la paraestatal.
Por su parte, ayer mismo López Obrador convocó a un mitin en el Zócalo el 8 de septiembre en defensa de Pemex. Sostuvo que no hace falta ninguna reforma energética. La solución pasa simplemente por acabar con la corrupción.
Más allá de las posiciones políticas, lo cierto es que Pemex tiene muchos problemas y actualmente está lejos de ofrecer buenos resultados. Van unos cuantos datos duros.
La empresa cuenta con más de 150 mil trabajadores. El año pasado tuvo ventas por 126,518 millones de dólares, alrededor de 843 mil dólares por trabajador. Statoil –la empresa petrolera Noruega (también pública)– vendió 129,870 millones de dólares con sólo 21,300 empleados: 6.1 millones de dólares por cada trabajador. Los noruegos producen casi siete veces más que un empleado de Pemex. En este sentido, las plantillas de Petrobras y de Exxon, por ejemplo, rondan los 82 mil trabajadores. Casi la mitad que Pemex.
Un argumento que cada vez se oye más es que en caso de abrir el sector petrolero, el fisco recibiría menos recursos. Es decir, que actualmente Pemex paga muchísimos impuestos y que en caso de entrar empresas privadas esto cambiaría. Bueno, este resulta ser un mito más. En los países en que el petróleo es propiedad estatal y hay empresas privadas que lo extraen, estas pagan entre el 72 y el 80 por ciento del valor al gobierno. Y en los contratos más recientes la tarifa se encuentra más cerca al 80 por ciento. En este periodo Pemex pagó el 78 por ciento.
Conclusión: si el petróleo lo sacara cualquier otra empresa, los beneficios para la “nación” serían exactamente los mismos. La diferencia es que mientras esas empresas tienen beneficios (e invierten y generan más empleos), Pemex pierde dinero.
No sólo es un problema de personas. Como atinadamente dice Carlos Elizondo, nuestra petrolera “opera con restricciones e incentivos que la hacen ineficiente. No funciona como empresa que maximiza su utilidad mejorando su eficiencia, porque no es empresa y nadie en Pemex gana nada si es eficiente (…) El problema de Pemex es mucho más complejo del que puede enfrentarse con una simple reforma administrativa y echándole más ganas”.
Ojalá esto lo entienda nuestra izquierda. Esperemos que a la hora de la discusión en el Congreso, no se radicalice y acabe autoexcluyéndose del debate.
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