Debe ser un indicador que nos alarme que en México hay dos grupos que están siendo atacados de manera constante desde hacer varios años. Ser periodista o defensor de derechos humanos se ha convertido en actividades de alto riesgo. Los ataques constantes contra la prensa en México han sido ampliamente evidenciados. Hoy tenemos en muchas partes del país a una prensa silenciada, con miedo, arrinconada porque reconocen la ausencia del Estado para su protección. Es imposible dimensionar lo que el silencio impuesto a la prensa ha mermado en el derecho a la información de la sociedad actual y las futuras generaciones.

Atacar a los miembros de la sociedad civil que alzan la voz por aquellas víctimas de violaciones a derechos humanos que el Estado no escucha y desecha de manera inmediata es un indicador más de nuestra simulada democracia. La sociedad civil defensora de derechos humanos podrá tener miles de errores y deficiencias. Sin duda las tenemos. Pero durante más de 15 años he recogido muchas historias que reflejan el importante trabajo que hacen los defensores de derechos humanos en México. Hace tres años, recuerdo haber tenido una reunión con personas que defendían sus ancestrales tierras ante la inminente construcción de la represa La Parota. Entre los asistentes a la reunión recuerdo que podíamos juntar más de 10 amenazas de muerte. Estupefacto ante el valor y coraje por defender lo suyo, subrayé que el riesgo era demasiado alto y que deberían contemplar la idea de salir del país. Una señora, madre de cuatro hijos, líder del movimiento, me reviró “defendemos nuestros derechos ante la falta de un Estado que nos escuche y nos proteja. Si tenemos que dar nuestra vida, daremos nuestra vida”. Sus dichos carecían de tono melodramático, era una prosa ecuánime pero firme. Como esa señora hay cientos allá afuera.

El vacío de un Estado que no tutela los derechos es en gran medida llenado por personas que se dedican su vida a alzar la voz a favor de poblaciones o víctimas de abusos a sus derechos humanos. Con pocos recursos económicos pero con gran capacidad de injerencia, se embarcan en litigios contra los más poderosos, denuncian públicamente a gobernantes corruptos o miembros de la fuerza pública que atropella continuamente sus derechos fundamentales. En México hay un grupo de organizaciones con personas que cada día salen a la calle a jugarse la vida –literalmente a jugarse la vida–.

El día de ayer, miércoles 26, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó el documento “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos: actualización 2012 y balance 2013”. Es un informe en el cual se señala que “el monitoreo de la OACNUDH en México refleja la instalación, desde 2006, de un clima de hostilidad en contra de las y los defensores en el marco de las actividades que realizan”. En otras palabras, la tendencia desde el 2006 es que la seguridad de aquellos que defienden derechos humanos va en franca decadencia. El informe da cuenta que de noviembre 2010 a diciembre de 2012 se registraron 89 casos de agresiones contra defensores. Dentro de ellos se registraron 27 asesinados y ocho desapariciones forzadas. El peor año registrado fue el 2011 en el cual asesinaron a Pedro Leyva Quetzalcóatl Leija, Trinidad de la Cruz y Nepomuceno Moreno, quien expresamente le pidió ayuda en su cara al Presidente Calderón.

La violencia contra los defensores no llegó por generación espontánea. Está claramente ligado al deterioro en materia de seguridad pública por la política contra el crimen organizado en el sexenio pasado.

Para completar el panorama desolador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo de 2005 a 2011 abrió 523 expedientes de queja (para quienes conocemos el trabajo de la CNDH esto no quiere decir que detrás de abrir un expediente haya trabajo real y efectivo de protección de los derechos humanos, quiere decir –en la gran mayoría de los casos– que simplemente quedó bajo un registro. En el mismo periodo se solicitaron 156 medidas cautelares para defensoras (de las cuales no sabemos cuántas se cumplieron por parte de las autoridades y cuántas fueron efectivas para la protección de defensores beneficiados). De los 523 expedientes abiertos, la CNDH únicamente emitió 33 recomendaciones, es decir, en menos del 10% de los casos de agresiones a defensores de derechos humanos.

De acuerdo al informe de la OACNUDH, las entidades federativas más peligrosas para defender derechos humanos son: Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal. El texto reconoce que se registró un mayor número de agresiones sin dar mayor explicación del motivo de este aumento.

Las agresiones más frecuentes, de acuerdo con la ONU, continúan siendo las amenazas (38%) y las injerencias arbitrarias (13%) –como son el allanamiento a las oficinas de las organizaciones o bien el robo de información vía electrónica–, hostigamiento (12%) y privación arbitraria de la vida (11%). Un dato sin duda preocupante por su relevancia es que Naciones Unidas no pudo determinar en el 39% de los casos de agresión quiénes fueron los agresores. A este dato opaco le debemos sumar que en el 38% de los casos, los agresores son actores no estatales (es decir, caciques, empresarios, crimen organizado), mientras que funcionarios de la administración pública son responsables en el 12% de los casos.

Los grupos de defensa que trabajan con la población migrante son los más agredidos, siguiendo aquellos que defienden derechos civiles y políticos, después derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y, en menor medida pero muy relevante, grupos que trabajan con derechos de las mujeres.

El informe de Naciones Unidas advierte de un contexto adverso para el derecho a defender. Sin embargo, ante un panorama francamente desolador y preocupante, se hubiese antojado un informe mucho más directo contra el Estado mexicano. Es un documento que cumple con dar la información pero que se aleja de la responsabilidad que tiene las Naciones Unidas de poner contra las cuerdas al Estado mexicano por lo que ellos mismos llaman un contexto muy adverso para defender derechos. Se entiende el tono diplomático del texto, pero al mismo tiempo se pierde una posibilidad de verdaderamente hacer señalamientos que le corresponderían hacer a la comunidad internacional a favor de las personas que están en el terreno trabajando. Su voz debería ser amparo y aliento para los que sufren las agresiones. Si no lo hace la ONU, ¿quién?

Así mismo, el informe elabora ampliamente la respuesta del Estado a las 10 recomendaciones emitidas en el informe 2009. El balance es rescatable por hacer un recuento de los avances que se ha tenido en la materia de protección a defensores y periodistas que no se deben de soslayar. Lo que salta a la vista es la ausencia de las nuevas recomendaciones que la ONU le debería hacer al Estado para romper el ciclo de la violencia, toda vez que hay un nuevo panorama político que la ONU parece haber omitido.

Arrojar algunos datos con poco análisis y hacer un recuento de lo hecho en los últimos años por parte de las autoridades es claramente insuficiente ante el deteriorado contexto en el que trabajamos. De ninguna manera sugiero una abierta confrontación, pero el tono conciliatorio contrasta con la necesidad de forzar a que las autoridades hagan su trabajo de manera diligente y eficaz. La voz de Naciones Unidas debería servir para recoger y articular la frustración, miedo, desamparo en la que miles de defensores y defensoras trabajamos cada día. El organismo multilateral no debería coquetear con un tono neutral ante una situación devastadora para nosotros los defensores.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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