Al momento de escribirse esta editorial, los grupos en conflicto al interior del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) estaban por reunirse con el fin de encontrar una salida política. Entre los temas a discutir se encontraría la viabilidad de elaborar un nuevo estatuto.
Aunque el conflicto ha afectado la imagen tanto del partido como del propio Senado al filtrarse el manejo de las finanzas de la bancada panista, la experiencia podría llevar a una importante lección de realpolitik, para quienes piensen que las políticas de transparencia son una concesión de la clase política a los ciudadanos.
Como ha trascendido, hay un acuerdo entre los senadores por transparentar sus finanzas, tras semanas de golpeo mutuo por los manejos que cada bando ha hecho de los recursos. Gracias a ello, y con el fin de evitar mayor desgaste, pueden optar por abrir esa información en el interés mutuo.
Es así como funcionan las políticas de transparencia en una democracia: lejos de ser un acto de generosidad de los gobernantes, son en realidad medidas que adoptan tras escándalos públicos al asumir ellos y las instituciones costos y responsabilidades. Para decirlo de otra forma, nadie se autolimita a menos que encuentre costos o beneficios para hacerlo. Así funcionan otros países, pues la naturaleza humana es la misma.
También el acercamiento entre los senadores muestra que no hay forma de resolver este problema por la vía jurídica.
Para empezar el llamado “Fuero Constitucional” no aplica en este caso. Por una parte los legisladores pueden ser sujetos a procedimientos del orden civil, dado que la inmunidad procesal los protege en casos penales. Y el edificio donde se encuentran las oficinas del grupo parlamentario del PAN no puede ser considerado un recinto legislativo para que el Presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, pueda llamar a la fuerza pública para protegerlo.
Si dejamos a un lado el tema político, el conflicto reside en saber si el partido tiene la última palabra o no en la definición de la reglamentación interna del grupo parlamentario, tenga o no la mayoría de sus senadores a favor. Y esto no tiene otra fundamentación jurídica aparte de que, al no haber carreras parlamentarias basadas en la permanencia en un órgano legislativo, los institutos políticos deciden a dónde irán los legisladores al terminar la legislatura – y precisamente esta es la raíz del problema: la lucha por la dirigencia del partido.
Mientras no se defina qué grupo se quedará con la dirigencia (si acaso alguno), lo cual se sabrá en la medida que se defina el Consejo Político Nacional y se elija al nuevo presidente a finales de este año, cualquier solución será un equilibrio inestable. Y no les ayuda a los azules la creencia de que ventilar sus diferencias en público es señal de democracia interna.
Por lo pronto Ernesto Cordero, en su calidad de Presidente del Senado, avaló la reforma a los estatutos de la bancada panista. Aunque podría verse mal que lo haya hecho siendo él parte, está cumpliendo sus atribuciones legales. Sin embargo cualquier cambio en los equilibrios internos podría modificar esta situación.
Tampoco es posible que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación intervenga. Los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos no son procedentes para asuntos de orden parlamentario-administrativo a menos que hubiera una violación a las garantías individuales de los senadores del PAN. Y encontrar esa justificación en una pugna por recursos y posiciones políticas es tarea difícil, si acaso posible.
Si no es operante la salida legal, sólo queda la negociación política. ¿Será estable? Recordemos que estamos a menos de dos semanas de las elecciones locales en 14 estados. Los resultados electorales podrán fortalecer o debilitar a los bandos en pugna. Por lo tanto, sea cual fuere lo que pudieran pactar el 25 de junio, quizás no valga mucho después del primer domingo de julio.
