Mientras la directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, se pronuncia fuertemente en contra de la intervención de la industria de alimentos y bebidas en las políticas públicas de salud señalando cómo estas empresas están evitando que la autoridad proteja la salud de la población y cómo, al igual que la industria del tabaco, se han convertido en un agente que actúa contra la salud general de la población; mientras la oficina regional de la propia OMS para Europa publica el reporte en el que evalúa el fracaso de la autorregulación empresarial de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia y llama a los gobiernos a actuar en la protección de los niños: en México, por primera vez la Secretaría de Salud habla de regular la publicidad y el etiquetado de los productos. Lo importante es saber a quién escucha la Dra. Mercedes Juan: ¿a la OMS, los expertos y a las organizaciones civiles de interés público o a las empresas?
Las empresas han evitado, de manera sistemática, que en México se desarrollen políticas públicas que modifiquen el ambiente obesigénico que tantas ganancias les ha traído y tanto daño ha causado a la población. Es en este contexto que el presidente del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, José Luis Barros Horcasita, declara haberse reunido con la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, y con el comisionado federal de COFEPRIS, Mikel Arriola, para mostrarles el “éxito” de la autorregulación publicitaria en México. Como se señala en un documento de evaluación de esta autorregulación elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública: “El Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas, conocido como el Código PABI, entró en vigor el 1 de enero del 2009 como una medida precautoria de la industria de alimentos para evitar la regulación del Estado en materia de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas”. El Código PABI sin duda es un éxito para las empresas, porque para cumplirlo todo está permitido en cuanto a calidad nutricional y uso de las herramientas de manipulación y engaño dirigidas a la infancia.
La publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia ha sido declarada por la OMS como uno de los factores que contribuye al deterioro de los hábitos alimentarios de los niños y a la epidemia de obesidad que afecta a gran parte de la población mundial y varias naciones han tomado ya medidas para regular esta publicidad, para prohibirla en los espacios, medios y tiempos en que la infancia está expuesta a ella. La autorregulación empresarial ha aparecido como una estrategia de las grandes corporaciones para evitar que surja una efectiva regulación por parte de los gobiernos que cumpla con el mandato de la OMS de “proteger a los niños de este tipo de publicidad”. La estrategia empresarial y a la que, al parecer, se quiere inducir a la doctora Mercedes Juan, es convertir el código de autorregulación empresarial en una regulación. Para los empresarios que se aprovechan de la “credulidad e inexperiencia de los niños” –así lo dice la OMS– esta es la mejor opción ya que en nada cambiaría sus prácticas. El Código PABI es una burla a la autoridad y a la población ya que, en principio, no cuenta con ningún criterio nutricional: las empresas pueden publicitar los productos que quieran, no importa su densidad calórica, sus concentraciones de azúcar, de grasas y sal; pueden utilizar los juguetes para engancharlos y los personajes populares o animados para seducirlos.
Basta comparar el código PABI con las recomendaciones internacionales, como lo ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública en el cuadro que reproducimos abajo para darse cuenta de la simulación. La doctora Chan comentó recientemente: “El poder del mercado fácilmente se traduce en poder político. Muy pocos gobiernos priorizan a la población sobre las grandes industrias. Así es como hemos aprendido de la experiencia contra la industria del tabaco, una corporación poderosa le puede vender al público prácticamente lo que sea”. Puede decirse también que estas empresas pueden tratar de vender a los funcionarios lo que sea, aunque las autoridades deben tener la información suficiente para no ser engañados. El problema es cuando los funcionarios no tienen como prioridad el interés público por encima del privado, o cuando no quieren poner en riesgo su carrera política por no quedar mal con los poderes fácticos. Esto es lo que ha venido sucediendo y los resultados están a la vista con un sistema de salud pública colapsado por la epidemia de sobrepeso, obesidad y salud.
En esta tabla el INSP compara los criterios de la OMS y la OPS frente al Código de autorregulación empresarial PABI, hasta ahora, inexplicablemente, avalado por la Secretaría de Salud y COFEPRIS.
