¿Será cierto que uno no valora la libertad hasta que la pierde? Parecería una premisa un tanto exagerada dictada por algún padre represor contra su hijo. Lo cierto es que la batalla para afianzar nuestras libertades es constante. La tendencia por parte de los gobiernos siempre es la de acotar, de alguna u otra manera, libertades fundamentales.

Imaginemos que todas las llamadas telefónicas que haces son grabadas. Que toda la información que metes en la red es compartida entre empresas de Internet y gobiernos. Que tus datos personales están en poder de autoridades de inteligencia. Que un gobierno puede leer todos y cada uno de tus correos electrónicos. Simplemente piensa que una búsqueda –cualquiera que esté relacionada con algún tema de seguridad nacional, terrorismo o narcotráfico– puede ser detectada e intervenida por el gobierno de Estados Unidos. En algunos casos, puede haber una orden judicial que permita la intervención en otras simplemente porque hay una “sospecha” en materia de salvaguardar la seguridad nacional.

El debate sobre libertad, seguridad y privacidad en el Internet se está dando de manera tangencial cuando debería ser de primer orden porque: estamos perdiendo libertad. El reciente caso de Edward Snowden, whistleblower de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) nos ayuda a recordar la tendencia intervencionista de los gobiernos para recoger información, fotografías, videos, blogs, atropellando principios fundamentales de derecho.

El caso Snowden demuestra que los gobiernos piensan que eres culpable hasta que pruebes lo contrario. Por eso deben de recoger información a priori de que haya motivos fundados para intervenir tu información. Es decir, si tienes un familiar que cometió un delito la familia se vuelve sospechosa, si practicas la religión “incorrecta” también eres sospechoso, si perteneces a la oposición política o eres periodista o defensor de derechos humanos debes de ser monitoreado. En otras palabras, nos espían por default.

El saberte espiado constantemente produce un efecto inhibidor a la hora de colocar información en la red, opinar, hacer activismo o política. Es contario a la libertad el saberte constantemente observador simplemente porque haces alguna búsqueda en Internet o viertes alguna opinión en disenso de la mayoría. El control de nuestra información en la red está afectando derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. Y al mismo tiempo está afianzando gobiernos espías fuera del marco de la ley. Al final, la tendencia es estar cada vez más conectado a la red. Entre más control indiscriminado –sin contrapesos– tengan los estados para espiarnos menos libertad vamos a tener.

El jefe de la NSA, Keith Alexander, afirmó recientemente en una comparecencia ante la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos, que gracias al sistema PRIMS –que fue expuesto públicamente por Snowden– se han podido detectar y detener 50 ataques contra Estados Unidos. Lo cierto, según activistas, es que el tajante dato es imposible de corroborar. Alexander representa una clara posición sobre a este dilema: se necesita violar libertades civiles como la privacidad en aras de vivir en un estado de seguridad. Por ello para algunos lo que hizo el whistleblower Snowden es una traición y merece la cárcel. Vale la pena recordar lo que hizo: nos alertó que cada vez el gobierno y las empresas privadas de Internet nos espían más.

Con lamento he leído en la prensa afirmaciones como: “¿Por qué les sorprende que nos estén espiando? Siempre lo han hecho”. La afirmación denota cierto derrotismo que genera preocupación. Puede tener algo de verdad, es decir, los gobiernos siempre han buscado información de ciertos personajes. Sin embargo, lo único que nos separa de un gobierno autoritario y represor a un gobierno democrático es la delimitación y rendición de cuentas de lo que puede y no pueden hacer los gobiernos. Claudicar ante este derecho es entregar las llaves de nuestras libertades.

En la encuesta del Centro Pew y The Washington Post se exponen datos que deben alertanos de la tendencia de la opinión pública frente a los actos de gobierno para recoger información con motivo de salvaguardar la seguridad nacional. La encuesta dice que el 62% de los norteamericanos encuestados está de acuerdo con que el gobierno viole su privacidad si está investigando terrorismo. La nota optimista sería que el citado porcentaje es entre población adulta mientras que entre los jóvenes (de entre 18-29 años), 45% afirma que el gobierno no debería violar la privacidad. La encuesta también preguntó dentro de los partidos políticos la posición sobre si el gobierno debería monitorear correos electrónicos para prevenir ataques terroristas: el 45% de los republicanos y el 53% de los demócratas apoya la intervención de correos.

Desde mi óptica, el debate de escoger seguridad o privacidad y libertad es un falso debate. No hay libertad sin que el Estado provea un contexto seguro, pero para asegurar ese contexto no debe de echar abajo las libertades ganadas. Es libertad con seguridad y no movamos la raya.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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