La Dra. Mercedes Juan, Secretaria de Salud, declaró este 27 de mayo la necesidad de establecer un etiquetado en productos como los refrescos que realmente oriente a los consumidores sobre el riesgo que significa su consumo. El pasado 13 de mayo, el doctor Eduardo Jaramillo Navarrete, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, ya había expuesto públicamente que la Estrategia Nacional de Prevención de la Obesidad y la Diabetes contemplaba la regulación del etiquetado y de la publicidad de alimentos y bebidas.
La GRAN DUDA es si la doctora Mercedes Juan está hablando de un etiquetado establecido por el gobierno con base en evidencia científica que demuestre que llevará a elecciones más saludables a los consumidores o se trata de otro etiquetado promovido por las empresas, en especial por Coca Cola, muy bien evaluado para no afectar sus ventas y para mantener en la ignorancia a los consumidores.
¿Por cuál etiquetado irá Mercedes Juan?, ¿a qué etiquetado se refiere la Secretaria de Salud? El anuncio se da a su regreso de la Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra, Suiza, donde se discutió el Plan de Acción frente a las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente generadas por los cambios en los hábitos alimentarios. Entre la comunidad internacional se identifica a México con un grave problema generado por presentar el mayor consumo por persona de refrescos en el mundo.
La doctora Mercedes Juan también visitó Francia, uno de los países de la OCDE, junto con Japón, con los menores índices de sobrepeso y obesidad. Al igual que Japón, Francia ha mantenido una fuerte protección de su cultura alimentaria que va desde la enseñanza en las escuelas de las tradiciones culinarias hasta la imposición de impuestos al refresco. El caso de México contrasta enormemente con el abandono de la dieta tradicional. El gobierno nunca ha realizado una campaña para mantener el consumo de frijol, para rescatar la producción y cultivo del amaranto, para promover el usos de los quelites y tantos otros alimentos tradicionales de altísimo valor nutricional que forman parte de la tradición culinaria nacional declarada recientemente patrimonio de la humanidad.
Las declaraciones de la doctora Mercedes Juan de desarrollar un etiquetado para los refrescos y los productos que dañan la salud de la población coinciden también con el lanzamiento de la campaña que hemos promovido desde la Alianza por la Salud Alimentaria que está presente en el Metro, algunos espectaculares y autobuses urbanos en la que se pregunta: “¿Te comerías 12 cucharadas de azúcar? ¿Por qué te las bebes en un refresco?”. Esta campaña se centra en informar al consumidor algo que no sabe y que las etiquetas de los refrescos le ocultan: el contenido de azúcar en estas bebidas en cucharadas, es decir, en una medida que cualquier consumidor puede entender. 12 cucharadas o más de azúcar es lo que contienen la mayoría de los refrescos de 600 mililitros.
¿Cómo dará la información la etiqueta en los refrescos que establecerá la Secretaría de Salud?, ¿la dará como Coca Cola y las demás empresas refresqueras quieren darla con cantidad de calorías y gramos de azúcar que nadie entiende o la Secretaría de Salud establecerá un etiquetado que realmente alerte e informe al consumidor sobre el altísimo contenido de azúcar que contiene el refresco?, ¿se aplicará el etiquetado conocido como el semáforo que establece los colores verde, amarillo y rojo para informar al consumidor si el producto tiene bajo, medio o alto contenido de azúcar y que ha demostrado ser muy útil para el consumidor y al que se han opuesto las empresas o se les exigirá a las refresqueras que den la información del contenido de azúcar en cantidad de cucharadas?
La Secretaria de Salud tiene dos opciones: mantener lo que su propio director general de Promoción de la Salud, el doctor Eduardo Jaramillo Navarrete, calificó como “las inercias del cambio cosmético”, es decir, retomar un etiquetado desarrollado en acuerdo con las empresas para que parezca que algo cambia pero nada cambia; o, cumplir con la obligación del Estado mexicano y de la Secretaría de Salud de proteger la salud regulando, de manera efectiva, el etiquetado y la publicidad de los productos que han dañado profundamente la salud de la población mexicana.
