Hoy se cumple una semana desde que madres de personas desaparecidas iniciaron una huelga de hambre frente a la PGR. Hecho que tal vez usted no conozca porque la mayoría de los medios de comunicación no consideran la protesta es noticia. La petición de las madres: entrevistarse (aunque sea 10 minutos) con el Procurador y el Presidente Peña Nieto. Las apretadas agendas de ambos funcionarios no guardan espacio para el dolor y la causa de la protesta de estas mujeres.

Los oídos sordos ante la protesta de las madres de desaparecidos, la violencia contra informadores, el hostigamiento y criminalización contra defensores de derechos humanos es una clara radiografía del pobre nivel de democracia que tenemos. Somos un país donde los disensos y la protesta se frivolizan, criminalizan y estigmatizan por las autoridades y los medios de comunicación.

Los dueños del juego político nos advierten que la única manera de participar en democracia es a través de sufragar un voto para un candidato de los partidos conocidos. El que no hace política por la vía del diálogo interpartidista o institucional está fuera del guión político, como lo están las madres de personas desaparecidas, los maestros en Guerrero, los jóvenes del CCH, los indígenas en Veracruz. Hay cientos de ejemplos donde la ciudadanía no encuentra eco en el voto ni en las instituciones. El voto está sobre valuado.

Hay otras maneras de hacer política y ejercer nuestra ciudadanía, una fundamental en democracia, es la protesta. Su importancia radica en que se conjuga con el derecho de asociación, libertad de expresión y derecho a la información. El derecho a la manifestación no es una dádiva gubernamental, sino un derecho indispensable para cualquier régimen democrático.

Todos tenemos nuestra opinión sobre los motivos de las protestas. Depende de nuestra afinidad y la información o desinformación emitimos un juicio sobre su validez y pertinencia. Al final es un simple juicio que en la mayoría de las veces está formado por información tergiversada. Es común ver en medios de comunicación la exposición de juicios sobre si son buenas o malas las protestas, si son legitimas o ilegítimas, si son legales o ilegales, sin son representativas o no.

Durante la reciente toma de Rectoría diversos periódicos como La Razón, El Universal, Excélsior y Milenio, encabezaban sus notas poniendo como sujeto una prenda de vestir de los manifestantes: el pasamontañas o capucha. Los encapuchados estaban en todos los medios de comunicación. Las críticas por parte de los medios versaban sobre la representatividad que podían tener esos jóvenes, su ilegítima manera de protestar ya que dañaba a terceros. Inclusive algunos de manera fácil los llamaron delincuentes.

La libertad de prensa admite mala prensa. Se viola el valor social del periodismo que apunta al compromiso de la prensa de informar de manera oportuna, veraz y con independencia a una audiencia, pero de ahí en fuera el mal periodismo también está protegido por la libertad de prensa. El castigo a ese mal periodismo debe venir desde las audiencias.

El problema radica en la desinformación con la que se alimenta el derecho a la información de la sociedad. La gran mayoría de las personas cree lo que ve en la televisión, escucha en el radio o lo que lee en la prensa. Si los medios de comunicación deciden que la protesta de determinado grupo, por ejemplo de los jóvenes en Rectoría, es ilegítima y cargan la cobertura de elementos irrelevantes dejando de lado las verdaderas historias que podrían informarnos por qué tomaron el edificio central. Lo banal, lo fácil, lo vendible es lo que compone la cobertura mediática.

Las principales críticas a las protestas por parte de autoridades y medios de comunicación principalmente pasan por los actos vandálicos o los delitos cometidos durante las manifestaciones. Los medios de comunicación se encargan en tiempo real de reproducir esas imágenes. Lo vimos con los destrozos de los maestros en Chilpancingo o en las manifestaciones el 1 de diciembre.

El debate en este aspecto es falso. Los delitos cometidos dentro y fuera de una protesta deben de ser castigados por la ley. Las autoridades tienen la responsabilidad de no antagonizar con los manifestantes, pero al mismo tiempo de salvaguardar el espacio público. Si los manifestantes van encapuchados (o no) y cometen delitos la ley es lo suficientemente clara. Sin embargo, argumentar y generalizar que detrás de los manifestantes (encapuchados o no) hay la sola intención de cometer delitos, es falaz. Hay periodistas que sugieren que los manifestantes no dan la cara (por el uso de capuchas) por cobardes y que su prenda dificulta al identificación de las autoridades. A lo primero, sugeriría ver menos películas del macho mexicano de Pedro Infante, nada tiene que ver con el valor. Y a lo segundo, sólo podría afirmar que la identificación de personas que comenten delitos es problema de la autoridad.

La Razón y Milenio han llegado hasta el ridículo de hacer piezas de información en donde los periódicos actuaban como ministerios públicos, es decir persiguiendo la identidad de los manifestantes, mientras ignoraban su verdadera razón de ser.

No deja de llamar la atención cómo en el imaginario colectivo se clama por el orden, la represión y la sanción con la ley a los delincuentes. Pero no se clama con la misma fuerza por una verdadera solución de conflictos. Como si manifestarse fuera simplemente por gusto sin ningún motivo real.

La criminalización de la protesta en México claramente tiene la intención de homogenizar discursos e ignorar y si se puede desaparecer conflictos sociales. Lo que convenientemente no reportan la mayoría de los medios es que la protesta se genera por la incapacidad o simplemente una clara política por no resolver conflictos reales. La violencia del Estado radica en su incapacidad para resolver los problemas que se presentan. Los mecanismos para dirimir conflictos en México están rotos. La única alternativa es hacer huelga de hambre, tomar Rectoría o la Autopista del Sol.

Podremos estar o no de acuerdo en los motivos de las protestas. Sin embargo, si no reconocemos el derecho a la protesta como pieza fundamental para hacer política en democracia, quiere decir que estamos apostando por un régimen autoritario. Las manifestaciones y protestas son la evidencia de todos los problemas que tenemos. Callar esas voces, criminalizarlas, ignorarlas, banalizarlas, perseguirlas, silenciarlas  y frivolizarlas es un paso firme hacia el desgobierno.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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