De vez en vez, las tragedias ocurridas por explosiones de pipas de gas, como en el reciente caso de San Pedro Xalostoc, de ductos de gas de Pemex, como en San Juanico en 1984 y en el sector Reforma de Guadalajara, o, incluso por una extraña “acumulación de gas metano”, como en el Edificio B de la Torre de Pemex, indican la extrema vulnerabilidad en zonas urbanizadas con criterios electorales y el menosprecio constante a las elementales medidas de protección civil.

La explosión de la pipa de doble remolque en San Pedro Xalostoc parece conmover más a la opinión pública nacional e internacional que a los propios pobladores del municipio de Ecatepec, acostumbrados, quizá, a vivir en medio de la impunidad urbana, el clientelismo de todos los partidos y la impunidad de empresas como Termo Gas, una de las decenas que se han instalado en el valle metropolitano sin cumplir mínimas reglas de protección civil.

La brutalidad del recuerdo de San Juanico hace inevitable la comparación con lo ocurrido en Xalostoc, aunque las dimensiones de la primera tragedia (500 muertos, más de tres mil heridos) fueron mucho mayores. Y las lecciones aprendidas prácticamente nulas.

En septiembre de 2008, a dos semanas de cumplirse el aniversario 24 de las explosiones en una de las zonas más pobres del Estado de México un sondeo de Parametría titulado “Percepción sobre las gaseras ubicadas en San Juanico” indicaba que el 85 por ciento de los pobladores se sienten habitando sobre “una bomba de tiempo”, mientras el 72 por ciento aún considera “muy probable” una explosión.

La percepción de peligro no se modificó ni con el cierre del gasoducto de Pemex que recorría los 18 kilómetros de la zona que va de Venta de Carpio a San Juan Ixhuatepec.

A Pemex lo sustituyó el pulpo gasero que se ha instalado en el Valle de México, representadas por empresas como Gasomatico y Unigas, ambas propiedad del empresario juarense Tomás Zaragoza, siempre mencionado en los peores episodios, incluyendo los feminicidios de Chihuahua; Vela Gas y Bello Gas, de Lázaro Bello; Gas Metropolitano, de Eduardo Ramírez y Gas y Servicios, todas mencionadas en la columna “Empresa” de Alberto Barranco, en El Universal.

Los habitantes de esta zona, según la encuesta de Parametría, consideran que el peligro ya no es Pemex sino los vehículos que transportan gas LP, que circula todos los días por esta zona.

El accidente en Xalostoc pudo ocurrir antes o después. Toda la zona es una “bomba de tiempo” porque tanto las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las estatales y las municipales de Ecatepec han autorizado la ampliación de la autopista México-Pachuca, ignorando las propias reglas y normas que se han establecido para estas regiones densamente pobladas.

Abogados especializados en responsabilidad civil y patrimonial, entrevistados por La Jornada, indicaron que la explosión de la pipa tuvo efectos legales por “la irresponsabilidad, negligencia y/o corrupción de funcionarios públicos federales y mexiquenses”.

La ampliación de la autopista México-Pachuca (de dos a cuatro carriles) se realizó violando el artículo 2, fracción III, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal. En este precepto se establece que el derecho de vía para la ampliación de una autopista debe garantizar una distancia no inferior a 20 metros de las zonas habitadas. En el lugar de la explosión no existían ni dos metros de distancia.

Los abogados del despacho Corporativo Jurídico Sanitario calculan que cada uno de los familiares podría reclamar 3.7 millones de pesos por indemnización por cada víctima, tanto a la compañía Termo Gas como al gobierno federal.

A cambio, el gobierno estatal de Eruviel Ávila presumió en los medios de comunicación un “apoyo inicial” de 20 millones de pesos, un peritaje para revisar las 36 viviendas afectadas y donaciones en material de construcción. De la empresa involucrada no se sabe nada, ni siquiera que exista una investigación en curso. El único detenido por las autoridades capitalinas es el conductor Omar Díaz Olivares, quien perdió el control del tractocamión.

La tragedia vuelve a recordar que en el Estado de México la prioridad es la inversión impune de cientos de empresas industriales, a costa de las zonas urbanas construidas como un granero electoral y clientelar.

Si nada ha cambiado a casi tres décadas de la tragedia de San Juanico, si los “gases metano” de la torre de Pemex pueden explicar todo sin que exista ningún responsable, qué nos espera en un país donde se pretende privilegiar la infraestructura gasera por encima de los habitantes.

Ese es el estilo impuesto en décadas de gobiernos priistas que se encubren unos a otros, antes y después de Eruviel Avila. Y ahora más con su ex jefe Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco en la presidencia de la República.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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