La libertad de expresión es un buen termómetro para medir el nivel de desarrollo de una sociedad. A mayor goce de este derecho fundamental, se dice, mayor grado de libertad y democracia.

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Sírvase la ocasión para hacer un breve recuento sobre el estado que guarda este fundamental derecho en nuestro país.

Es innegable que la libertad de prensa en nuestro país está mucho más garantizada que hace un par de décadas. Hoy, prácticamente está asegurado la libertad para publicar todo tipo de material periodístico. La represión autoritaria desde el gobierno federal hacia la prensa que vivimos en épocas pasadas hoy está ausente. La libertad para crear un medio de comunicación es prácticamente absoluta. Hasta ahí las buenas noticias. Sin embargo, el deterioro de la libertad de prensa en nuestro país es evidente. Los más de 50 periodistas asesinados y 14 desaparecidos, sumando las más de 600 agresiones a la prensa en los últimos 12 años son evidencia contundente que no hay una real libertad de prensa en México.

La violencia está afectando uno de los elementos fundamentales para todo desarrollo de una sociedad: la información. Presumir de lo que hemos avanzado en términos de libertad sería inexacto si no volteamos y vemos que la violencia sobre la prensa sigue estando vigente, la única diferencia es que ya no es el poder presidencial quien la ataca. Los perpetradores contra la prensa se han multiplicado por la señal de aliento que es la impunidad en todos los casos. Celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa en México sería un gesto cínico, grotesco e insultante.

Aunado a la violencia hay otros elementos que deben de ser tomados en cuenta cuando analizamos cuánta libertad de prensa en verdad tenemos. La Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avisó hace un par de años que la falta de regulación del gasto en publicidad oficial y compra de propaganda por parte de los gobiernos era un obstáculo serio para nuestra democracia. Se presume que en un año se gasta más de 12 mil millones de pesos en publicidad o propaganda. Más del 50% de los periódicos de nuestro país viven del dinero público. La relación se torna perversa cuando el gobernante con toda discrecionalidad (porque así se lo permite el marco legal) otorga el dinero público como premio o castigo a un medio de comunicación. Por el otro lado, el medio de comunicación, que necesita el dinero para subsistir, modifica su línea editorial para presionar y alabar al gobierno en turno. Imposible calificar si la prensa es libre o no cuando la misma subsistencia de ésta depende del dinero público. Así mismo, el círculo vicioso se comprende mejor si reconocemos la dañina cercanía entre la mayoría de los medios tradicionales de comunicación con el poder político. La sociedad ve a los medios como parte del sistema político establecido. Tal vez por eso seamos una sociedad que le importa muy poco que asesinen y desaparezcan a nuestros comunicadores.

Los aires democráticos han aportado muchas cosas a nuestra sociedad. Una de ellas es la falta de persecución política del Estado contra voces de disenso. Los tiempos han cambiado en ese sentido. Sin embargo, hoy no está exento la intención de criminalizar la protesta por parte de autoridades y medios de comunicación. En diversos estados de la República se cuenta con suficiente información sobre esta tendencia. Detenciones arbitrarias de líderes sociales, acoso u hostigamiento contra defensores de derechos humanos que denuncian abusos de poder, entre muchos otros casos. Sobra decir lo fundamental que es el disenso en toda sociedad que se jacte de democrática. Otro claro ejemplo, aunque no el único, fueron las detenciones arbitrarias, tratos crueles contra manifestantes el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México. El disenso no está asegurado y mucho menos protegido en México.

A pesar de las recomendaciones internacionales, en 12 estados de la República, todavía se castiga con cárcel el delito de difamación. La ONU ha señalado con claridad que la vía penal no es la manera de garantizar el derecho al honor. Aún así, un significativo número de estados siguen pensando que ciertas expresiones merecen cárcel. Poco que celebrar en este sentido.

En 2003 celebrábamos el derecho constitucional y la ley federal de acceso a la información pública gubernamental. Creamos el IFAI y su réplica en los 32 estados. México se encontraba (y todavía se encuentra) a la vanguardia mundial en este sentido. Los problemas serios que enfrenta el derecho constitucional no recaen en la falta de marcos legales ni instituciones públicas. Más bien, las constantes reformas en la materia evidencian que el problema radica en la cultura de la opacidad tan arraigada en nuestros gobiernos. El sistema actual tiene grandes dificultades no por malas leyes, sino por malos funcionarios que todavía no logran comprender que la información es de la ciudadanía y que ellos simplemente la guardan. Está por aprobarse una nueva reforma a la constitución para reforzar el derecho de acceso a la información, pero una vez más la tentación de los legisladores es crear estados de excepción (no meter partidos políticos y sindicatos) como sujetos de la ley. Podemos, diría yo, celebrar a medias.

El ejercicio de la libertad de expresión se ha cambiado enormemente con el uso de las tecnologías. Lo que antes se presentaba como un lujo hoy es una herramienta fundamental para el libre flujo de ideas, opiniones e información. Expertos afirman que un 46% de la población tiene acceso a Internet en nuestro país. La cifra no es menor y sin duda es celebrable. Tal vez donde se tiene que avanzar de manera más decidida es en temas de penetración en zonas no urbanas, calidad y precio del servicio y una legislación sobre internet que se apegue a los principios de neutralidad de la red. Hoy no podemos entender la libertad de expresión sin una seria revisión sobre la responsabilidad de los estados en proveer Internet para todos.

Los claroscuros del estado de la libertad de expresión nos impiden celebrar el goce de un derecho a medias.

Darío Ramírez

https://www.sinembargo.mx/author/ramirez/

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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