Las palabras no necesariamente crean realidades. Sin embargo, el gobierno federal tiene una estrategia clara para cambiar palabras y de ahí alentar un cambio en la percepción de la ciudadanía en relación con la inseguridad en el país.

La narrativa pública la ha cambiado la oficina de comunicación social de Los Pinos. El nuevo gobierno tiene una necesidad imperiosa de deslindarse del gobierno anterior quien usó la “guerra contra el narco” como su principal tema para comunicar. De manera rápida la estrategia de comunicación de la actual administración dio un giro al detectar el hartazgo de la ciudadanía sobre la propaganda monotemática de Felipe Calderón: la presentación de presuntos delincuentes como trofeos de caza, el triunfalismo gubernamental que sugería que iban ganando la guerra a la delincuencia, la escasez de información veraz y oportuna, el llamado a los medios de comunicación para que hablaran bien de México, las mega producciones de Seguridad Pública, entre muchas otras.

A unos meses de iniciado el nuevo gobierno, todo indica que los priistas entienden mejor la comunicación gubernamental que sus antecesores. El gobierno federal es el actor que más información genera para el consumo de la sociedad y de los medios de comunicación. Hace poco se nos informó que de manera tajante, el uso de palabras como “crimen organizado”, “combate al narco”, “delincuencia organizada” habían sido borradas del léxico gubernamental. Esta acción ha tenido como efecto que la reproducción de la información oficial en medios carezca de esa terminología. Lo cual en sí no es necesariamente malo. Al final, muchas de esas palabras eran inexactas y su uso erra erróneo.

Sin embargo, la ausencia del citado léxico no quiere decir que la violencia haya desaparecido o disminuido. Pero sí puede ser una medida eficaz para que de manera paulatina se vaya modificando la percepción de inseguridad en la población, basada en una narrativa reproducida por los grandes medios de comunicación.

Todo gobierno debe de comunicar de manera oportuna, veraz y transparentemente. Su obligación se basa en el derecho a la información de la sociedad. Todo gobierno busca darle un uso a la información conveniente para sus intereses. Al respecto, las Secretarías de Gobernación, Defensa y Marina, así como la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, reunieron en el Primer Encuentro Nacional de Comunicadores en Seguridad Pública, en Acapulco, a todos los Secretarios de Seguridad Pública y sus voceros, así como a los jefes de prensa de los gobiernos estatales para “compartir” las estrategias de comunicación en materia de seguridad. Qué entenderán por compartir estrategias es una duda legítima, aún más, la estrategia de comunicación está siendo definida por los aparatos de seguridad.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el Subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, afirmó a los estrategas de la comunicación que “comunicar es fundamental para dar certidumbre y lograr un México en paz”. El encuentro levanta suspicacia y evidencia la importancia de la comunicación gubernamental para la estrategia del gobierno de Peña Nieto.

El observatorio para la cobertura de la violencia en medios señaló en su último informe que medios importantes basados en el Distrito Federal disminuyeron el uso de ciertas palabras relacionadas con la cobertura de la violencia. Algunos datos sobre la disminución: “asesinatos”, 50 por ciento menos; “crimen organizado”, 50.2 por ciento menos; “narcotráfico”, 54.6 por ciento. En el caso de los noticiarios de televisión abierta también se registró un descenso: “crimen organizado” bajó 70.2 por ciento, “narcotráfico” bajó 44.2 por ciento. En televisión de paga, las mismas palabras dejaron de pronunciarse 65% y 41%, durante el periodo analizado entre diciembre 2012 y febrero 2013.

Las cifras indican que la estrategia del gobierno federal está siendo efectiva. La disminución de la cobertura de la violencia, a través de la erradicación de palabras comúnmente usadas para describir nuestra realidad, es efectiva. Esta efectividad nos lleva a preguntarnos: ¿qué papel están jugando los grandes medios de comunicación en la estrategia gubernamental? Las cifras nos obligan a imaginar que los medios son instrumentales para la efectividad de la estrategia gubernamental. La apropiación del cambio de narrativa es un hecho en la cobertura de la violencia. Carezco de información sobre cómo y en qué consiste la negociación entre medios de comunicación y Los Pinos, puede pasar por contratos de publicidad como prebendas y favores políticos. Pero no lo podría afirmar.

Cambiar palabras en realidad no es el problema de fondo. Uno puede cambiar la palabra “levantado” por privación ilegal de la libertad, pero seguir haciendo una cobertura veraz. Lo que debería preocuparnos es el hecho de que ese acuerdo cupular sea el que provoque que la cobertura –por ejemplo, de las víctimas de la violencia– se disminuya dramáticamente y que solamente quede la versión –sin palabras del pasado– de comunicación social de presidencia. La responsabilidad social de los medios se basa en alimentar de información de interés público a la sociedad. Mal haríamos en pensar que la narrativa imperante es suficiente para el cambio de nuestra insegura realidad.

Lo que nos debe de preocupar es que los medios y el gobierno compartan estrategia sobre cómo informar sobre la violencia. Ese hecho en sí ya es síntoma de que algo está mal dentro de nuestro periodismo. En otras palabras, la existencia de ese objetivo en común son muy malas noticias para la sociedad y democracia mexicana. El sistema corrupto entre medios y autoridades se sigue basando en la incomprensión de los dueños de los medios de comunicación reconocer que la credibilidad e independencia de la información sí pueden ser negocio. Sin embargo, prefieren las mieles del dinero público.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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