La semana pasada, escribí acerca de los problemas de salud que enfrentan los presos. Hoy quiero dedicar este espacio a los conflictos de seguridad que imperan en las cárceles mexicanas; problemas que trascienden los muros que los separan de la vida en sociedad.
Los elementos de seguridad y custodia son un factor primordial para mantener el orden y la disciplina, así como la seguridad física de los internos. La normatividad nacional e internacional no establece una tasa específica de celadores por número de reos, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en algunas sentencias un estándar sugerido de un custodio por cada 10 internos.
Sin embargo, en México, los motines, las fugas, las riñas, las lesiones, los homicidios y los suicidios ocurridos dentro de los penales constituyen un indicador negativo con respecto al bajo número de custodios. Para que el lector tenga una dimensión de la gravedad del problema, basta con mencionar que existen centros en los que llega a haber solamente un celador por cada 71 internos (Reclusorio Preventivo Varonil Oriente), uno por cada 63 (Reclusorio Preventivo Varonil Norte) y uno por cada 53 (Reclusorio Preventivo Varonil Sur).
La seguridad institucional se encuentra en constante peligro y amenaza y los eventos violentos han aumentado con el paso de los años. Según el periódico El Universal, únicamente durante el 2011 fallecieron 124 internos por riñas entre reos. Sin embargo, en el 2012, en una sola riña el 19 de febrero en el centro de reclusión de Apodaca, Nuevo León, murieron 44 internos, y durante la pelea estaban presentes mujeres y niños familiares de los reos.
Las evasiones de presos es otro indicador de la mermada seguridad institucional con la que cuentan los centros de reclusión. Durante los últimos tres años, las fugas en México se han caracterizado por ser masivas. Sólo por mencionar algunas: 53 en el penal de Cieneguillas, Zacatecas (16 de mayo de 2009); 41 en Matamoros, Tamaulipas (25 de marzo de 2010); 85 en Reynosa, Tamaulipas (10 de septiembre de 2010); 151 en Nuevo Laredo, Tamaulipas (16 de diciembre de 2010); 66 en Nuevo Laredo, Tamaulipas (15 de julio de 2011) y 32 de tres centros distintos de Veracruz durante el mismo día (19 de septiembre de 2011), asimismo el 17 de septiembre de 2012, se fugaron 129 presos de la cárcel de Piedras Negras, Coahuila.
Para que existan evasiones de tal magnitud es imprescindible la presencia de una baja seguridad institucional así como de corrupción; de otra manera, resulta inexplicable que durante un periodo de tres años, 557 internos aproximadamente, hayan burlado la seguridad institucional.
Todo esto no sólo compromete la seguridad de las personas que trabajan en el sistema –custodios, personal técnico, pedagogos, psicólogos, doctores, abogados– sino también a los familiares de los internos quienes al visitarlos conviven con los presos en todas las áreas comúnes. Madres de familia, hijos menores de edad, adolescentes, novias, quienes independientemente del delito cometido por sus familiares se enfrentan a riesgos que por ningún motivo deberían de tener.
Es necesario que las autoridades retomen el control de las cárceles no sólo por la seguridad de los internos, quienes tienen el derecho de que el Estado proteja su integridad mientras se encuentran privados de libertad, sino también por todas las personas que de cierta manera están vinculadas al sistema.
@criminologiamex
