Hace unos días iniciaron las consultas para integrar lo que será el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Para algunos es un ejercicio inútil que deberíamos dejar a un lado. Otros piensan que debería ser un eje rector de la actividad del país.
Pero mientras sea una cosa u otra, lo cierto es que los partidos de oposición suelen proponer fortalecer este proceso e incluso que se otorgue al Congreso la facultad de ratificar el documento final, mientras quienes están en el gobierno sólo preparan el PND con la mayor rapidez para luego olvidarse de éste. Los roles se invierten con cada cambio de partido en el poder.
La pregunta es: ¿debemos seguir con este proceso o deberíamos prescindir de éste?
Todo país necesita contar con instrumentos que permitan planear las políticas a seguir, sean regímenes que se basan en aparatos burocráticos interventores como estructuras liberales. Aunque los equilibrios pueden variar según el gobierno o el momento, son importantes dos elementos: la participación de todos los sectores, y un proceso de toma de decisiones que permita la adecuada rendición de cuentas para que el ciudadano pueda evaluar el desempeño de sus gobernantes.
Sin embargo, también es necesario distinguir cuál es el carácter y los alcances de estos ejercicios. Es decir, lejos de ser un documento resultado de un ejercicio colectivo, se debe ver como una carta de navegación basado en la visión del nuevo gobierno.
Para estos procesos no se debe perder de vista que la democracia no implica solamente participación del mayor número de actores posibles, sino también la existencia de instituciones que permitan el seguimiento eficaz de las políticas para su evaluación y control.
La planificación centralizada surgió en los años 30, en países donde la actividad económica era dirigida por el Estado. Aunque la crítica que se hacía era que los planificadores jamás podrían poseer la información necesaria para organizar la vida económica de forma eficiente, funcionó relativamente bien durante algunas décadas. Sin embargo, aunque se cumplían algunos objetivos, era a costa de un cada vez mayor despilfarro. De esa forma la ineficiencia fue creciendo a lo largo del tiempo.
Por lo anterior si bien la mayoría de las democracias todavía reconocen algún procedimiento planificador, lo cierto es que han perdido vigencia. Este proceso ha ido acompañado por diversas políticas de descentralización y privatización al Estado a partir de los años ochenta del siglo pasado. No obstante eso no significa que se abandonen los procesos de evaluación y rendición de cuentas, los cuales están a cargo de los órganos legislativos.
Si revisamos el proceso político podría ser hasta redundante y contraproducente tener un PND. Los gobiernos son electos con base en una plataforma que se espera pueda impulsar. Al respecto correspondería al Congreso vigilar las políticas públicas, aprobar las iniciativas que se le presentan y ejercer sus facultades de control. Por lo tanto la elaboración de un plan sexenal es poco más que simbólico en estos momentos.
¿Convendría fortalecer las atribuciones del Congreso para incluso aprobar el documento que elabore el Ejecutivo?
El debate académico es cauto al sugerir que sea buena idea fortalecer a un órgano legislativo sin saber qué efectos traería la decisión. De acuerdo con un académico inglés llamado Anthony King, no existen planteamientos firmes en la teoría democrática para preferir la influencia de las asambleas sobre los gobiernos. Tampoco un mayor peso del congreso o parlamento implica mejores resultados e incluso podría significar un proceso de toma de decisiones más lento en temas que necesitarían resolverse de manera urgente. Y por último, las legislaturas están compuestas por numerosos grupos y facciones, por lo que podría tener mayor capacidad decisoria un conjunto de los mismos en lugar de la pluralidad contenida en las cámaras. En breve, es difícil delimitar responsabilidades con claridad en un órgano colegiado; lo cual no sucede con los ejecutivos.
Dado lo anterior, la discusión académica recomienda fortalecer las capacidades institucionales del órgano legislativo para que pueda cumplir de manera más eficaz sus funciones: legislativa, de control y representativa.
Pongámoslo de otra forma: ¿sería democrático que votásemos por un programa de gobierno para luego ver cómo el Congreso lo acota y enmienda hasta dejarlo quizás irreconocible? ¿Tendríamos una administración eficaz si aspectos centrales son cambiados o incluso eliminados?
No por insertar procedimientos que parezcan participativos tendremos necesariamente una mejor democracia.
Por lo pronto lo recomendable es conocer las reglas del juego, sus alcances y limitaciones para de ahí saber qué reformar y cómo hacerlo. Así sabremos si el problema es de mantener un PND o mejorar los mecanismos y herramientas de control al gobierno.
