Cuando pensamos en la cárcel, la mayoría de las personas únicamente se imaginan cuatro paredes muy altas de cemento donde hay celdas y ahí se encierran a los internos que se merecen esa vida. Pocas veces nos detenemos a pensar en la administración de dichos centros (comida, visitas familiares, actividades escolares, recreativas, deportivas, sexualidad de los internos, salud, etc).
Los presos al tener una sentencia de cárcel, únicamente se les priva de la libertad física, pero todos los demás derechos, con excepción de votar y ser votado, deben ser garantizados por el Estado. El derecho a la salud no es una excepción.
El servicio médico que se brinda dentro de los centros penitenciarios, es deficiente. Carencia o desabasto de mobiliario, equipo, instrumental, insumos y una plantilla insuficiente constituyen la realidad del servicio médico dentro de los reclusorios.
En su mayoría, los centros de reclusión proporcionan atención de primer nivel. Cuando se requiere de un servicio más especializado, los internos son trasladados a centros públicos de salud, con las limitaciones y conflictos que estos suponen: los internos deben esperar largos periodos de tiempo para ser intervenidos y tratados, sin mencionar que para realizar dichos traslados así como durante el tiempo que el interno se encuentra en los centros médicos, se requiere de personal de seguridad y custodia, quienes son destinados en un primer momento para velar por la seguridad de los centros penitenciarios. Cabe mencionar que han existido fugas durante dichos traslados o en los centros de salud.
De acuerdo a los "Resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal y Estado de México", del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), se muestra que el porcentaje de internos que ha recibido atención médica en el D.F. ha caído sustancialmente desde 2002. Del total de la población encuestada, el 65% de los internos reporta no recibir atención médica cuando enferma. Asimismo, el 43.32% de los internos encuestados declara que la atención médica recibida es regular. Lo anterior supone que gran parte de los internos enfermos no sean diagnosticados ni tratados médicamente.
La atención médica, en muchos casos no llega a todos los internos, los medicamentos no son suficientes y en algunos casos son vendidos a los internos o sus familiares se los brindan.
Otro de los problemas fundamentales es la falta de personal médico. Los centros no cuentan con el suficiente personal para atender a todos los internos; en algunos centros no existen médicos ni personal de enfermería, adscritos, mientras que en algunos otros los médicos cuentan con horario limitado por lo que no existe una atención constante.
Aunado a las grandes carencias anteriormente descritas, el sistema penitenciario enfrenta un conflicto mayor, la accesibilidad a los servicios médicos. El acceso al servicio médico constituye un derecho fundamental de los internos, sin embargo, dicho acceso se ha convertido en una posibilidad que se debe negociar con el personal técnico y de seguridad. Se convierte en un eslabón más de la corrupción.
En algunos centros de reclusión, el procedimiento para tener acceso al servicio médico consiste en hacer una solicitud por escrito a los custodios y ellos a su vez las canalizan al servicio médico o por medio de los trabajadores sociales. Lo anterior, puede llegar a fomentar la corrupción, pues el acceso al servicio médico depende en un primer momento de la “voluntad” de los custodios. De acuerdo a la encuesta citada, los internos tienen que esperar hasta 39.57 horas en promedio para acudir al servicio médico.
El problema de la atención médica se agrava en las zonas de castigo o segregación, donde el interno por diferentes razones es confinado a un área, sin la posibilidad de salir de ella, áreas que generalmente no cuentan con servicio de electricidad ni agua, así como una deficiente higiene. Aunado a lo anterior, las mujeres en prisión carecen de la atención médica adecuada, muchos de los centros en los que son alojadas, al ser centros primordialmente varoniles, no cuentan con servicios ginecológicos ni con pediatras. Éstos últimos necesarios para los hijos que viven con sus madres en prisión.
Este problema no se queda dentro de las cuatro paredes de la cárcel, empieza a ser un problema de salud pública ya que las enfermedades a través de las visitas familiares, se contagian con el exterior. Independientemente de esto los internos tienen el derecho, como cualquier otro ciudadanos a recibir atención médica adecuada.
@criminologiamex
