Desde hace más de un año el Instituto de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (IFAI) ha estado en crisis. En este espacio hemos dado cuento de algunos de los capítulos más lamentables en este periodo.

La llegada de Gerardo Laveaga a la presidencia del IFAI está acompañada de un proceso legislativo de la mayor relevancia. Estamos hablando de la tercera reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información.

En el periodo legislativo anterior, se llevó a cabo la discusión y aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia en el Senado de la República, a partir de un proceso legislativo incluyente. Los principales actores en la materia, como sociedad civil, órganos garantes y académicos. La minuta que salió del Senado contenía, por fin, los elementos necesarios para hacer una reforma con todos los elementos que faltan para tener un régimen de transparencia verdaderamente completo. Algunos de ellos son: dotar de autonomía al IFAI, ampliar sus facultades, incluir en la ley federal como sujetos a los partidos políticos, sindicatos y fideicomisos públicos, por mencionar algunos.

A nadie debe de sorprender que desde hace unos días, varios diputados del PRD y del PRI se han pronunciado por hacerle cambios que implican una regresión importante a lo acordado en el Senado. Los opacos legisladores buscan vernos la cara nuevamente y afianzar su régimen de excepción en el sistema de la transparencia. Su intención es clara: que los partidos políticos y sindicatos no rindan cuantas. Sin importar la premisa que indica que todo ente que use dinero público tiene que rendir cuentas. Los partidos políticos desde la creación de la ley de transparencia han decidido no formar parte de dicho sistema. Ninguna razón válida se ha esgrimido para mantener este régimen de excepción. Claro, excepto que los partidos hacen las leyes en el Congreso y someterse a una ley que les obligue rendir cuentas va en contra de su naturaleza opaca.

Además de las discusiones legislativas de los puntos mencionados, uno de los puntos centrales en la discusión en la Cámara de Diputados es qué hacer con los actuales comisionados del IFAI. La minuta del Senado señala únicamente que el pleno del IFAI debería de pasar de cinco comisionados a siete. Sin embargo, la crisis dentro del pleno del IFAI ha dado pie para que los legisladores consideren que lo mejor es desmantelar el pleno del Instituto y nombrar a nuevos comisionados.

La remoción total de las y los comisionados pone en riesgo la independencia del IFAI al abrir la puerta a la partidización del Instituto. Para que las y los comisionados desempeñen su labor de manera efectiva es necesario que cuenten con independencia política en relación con los distintos poderes (incluyendo los partidos políticos representados en el Congreso).

Es cierto que el pleno del IFAI tiene comisionados que no cumplen con los requisitos mínimos para desempeñar con independencia y conocimiento su cargo. Por ejemplo, el nombramiento del presidente Laveaga y la comisionada Artz han sido severamente cuestionados desde su nombramiento. Sin embargo, no podemos soslayar que dejar vacantes todo el pleno sería cederles a los partidos políticos la negociación para el nombramiento de nuevos comisionados. Si tomamos en cuenta la experiencia en el IFE, se advierte que no serían los candidatos más idóneos los que llegarían al nuevo pleno. Inclusive, si se dan ciertos movimientos, el nuevo IFAI podría estar constituido por comisionados afines a Peña Nieto.

Aún hay mucho estudio por hacer en relación con los nombramientos para institutos de carácter técnicos, como es el IFAI. Últimamente ha privado más la filiación política en los nombramientos que cualquier otro criterio. Ahora bien, creo que también sería erróneo cubrirles las espaldas de manera automática a todos los miembros actuales del pleno. Me parece que lo procedente sería que los legisladores hicieran una revisión pormenorizada sobre el desempeño de cada uno de los comisionados y determinar, de acuerdo a criterios transparentes, quién merecería integrar el nuevo IFAI. Después de un proceso de escrutinio se podría determinar cuántas vacantes hay y proceder al proceso de búsqueda de los nuevos comisionados a través de un proceso transparente, incluyente, en donde se funden y motiven las decisiones adoptadas por los legisladores.

En este sentido, las 14 organizaciones de la sociedad civil que integran El Colectivo por la Transparencia lanzaron la campaña #IFAInosenegocia, con el propósito de señalar la importancia de que la reforma pase en sus términos actuales debido a los avances que representa y al proceso legislativo que la antecede y, de que no se incluya un artículo transitorio con la intención de remover a sus comisionados y comisionadas actuales, ya que dejar la puerta abierta a la negociación de cuotas partidistas sería la verdadera crisis del IFAI.

Es ahora el momento de defender al IFAI y al régimen de transparencia que se ha logrado en el país. Un paso en falso podría significar la pérdida de una oportunidad única para fortalecer el instituto y, al mismo tiempo, lograr una reforma constitucional y legal de hondo calado. La tentación de preservar un régimen de opacidad ya es evidente. La presión que sientan los legisladores por parte de la sociedad civil y medios de comunicación, será vital para determinar su trabajo legislativo.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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