Aún en medio de la mayor tragedia que ha sufrido Petróleos Mexicanos en su historia –que al momento de escribir estas líneas ha cobrado 37 vidas–, los líderes sindicales no dejan de dar la nota.
El dirigente del gremio petrolero, Carlos Romero Deschamps, dijo que “buscará” que las plazas de los trabajadores fallecidos en el accidente de la torre B-2 sean heredadas por sus familiares. “En el caso de los fallecidos, donde murió el papá o la mamá, vamos a proponer para que trabajen de manera definitiva, al hijo o a la hija”, informó el también senador de la República; y remató con una joya declarativa: “Es lo menos que podemos hacer ante una tragedia de esta magnitud”.
Sin duda el accidente ocurrido en las oficinas de la compañía petrolera es algo que todos lamentamos, pero de ahí a que los deudos puedan heredar la plaza de sus familiares –más allá de su capacidad o cualificación– hay un salto gigantesco.
Según el contrato colectivo de Pemex, los puestos de nueva creación y las vacantes definitivas, serán “cubiertas por conducto del sindicato, a través de las secciones o delegaciones respectivas”. Es decir, lo que viene a decir este documento –y Romero Deschamps– es que las plazas son suyas y pueden hacer lo que quieran con ellas, dejando ver el concepto que tienen de lo que es el Estado.
En los últimos diez años, por ejemplo, el sindicato de Pemex ha recibido del gobierno más de dos mil doscientos millones de pesos en concepto de “ayudas”; y de paso ha logrado condiciones de trabajo que ya hubieran llevado a la quiebra a cualquier empresa privada —que por supuesto acabamos pagando todos los mexicanos–. En el caso de las jubilaciones, por citar solo un punto, la pensión de un trabajador de Pemex es, en promedio, cuatro veces superior a la que recibe cualquiera que cotice en el IMSS, además de que puede jubilarse a los 55 años.
Pero no es el único. Hablando del IMSS, sus trabajadores al jubilarse reciben una pensión que en promedio resulta casi seis veces mayor a la que pueda percibir cualquier particular.
Aunque en esto nadie ha superado al SME. Logró que la extinta Luz y Fuerza del Centro pagara pensiones hasta ocho veces superiores a su equivalente en el sector privado. Al mismo tiempo que perdía más de 40 mil millones al año. Actualmente, resulta que la CFE –que nos es un gran ejemplo de eficacia– presta el mismo servicio con la mitad de personal.
Los trabajadores de Luz y Fuerza tenían derecho a poseer un caballo, pagado por la compañía por supuesto (incluida la montura, la caballeriza, la comida y el herraje); los locales sindicales no pagaban la energía eléctrica –iba por cuenta de la empresa– y si su consumo era menor a cien mil kw/h al mes, la diferencia no consumida se entregaba al sindicato en efectivo. Lo mismo en el caso de las líneas telefónicas, las cuales podían ser usadas “para asuntos personales”, según la cláusula 101 del contrato colectivo.
En fin… ejemplos de este tipo desafortunadamente sobran. Algunos dicen que son legítimos derechos conquistados por los trabajadores y sus representantes sindicales. La verdad es que parecen otra cosa: verdaderos privilegios que acaban depredando el gasto público y que acabamos pagando todos los contribuyentes.
La pregunta es ¿hasta cuándo?
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