El INEGI recientemente presentó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 (ENVE). Dicho informe, por demás interesante, mide el impacto económico que tiene la delincuencia en las compañías establecidas en el país.
El resultado es que la inseguridad persistente le cuesta a las empresas alrededor de 115 mil millones de pesos al año: casi 57 mil pesos por empresa.
Durante 2011 se produjeron más de 4.3 millones de delitos, que afectaron a casi 1.4 millones de empresas: es decir, más de un tercio de las unidades económicas se vieron perjudicadas, además en reiteradas ocasiones (en promedio sufrieron 3.1 delitos). Esta cifra es impresionante. Significa que las compañías de este país fueron víctimas de un delito cada siete segundos: cerca de 12 mil cada día o poco menos de 500 por hora.
De estos 4.3 millones delitos, el 88 por ciento son lo que se conoce como “cifra negra”: es decir, en cerca de 3.8 millones de delitos no se abrió ninguna averiguación previa o en el peor de los casos siquiera fueron denunciados.
Asimismo, la encuesta revela que para seis de cada diez compañías, la inseguridad y la delincuencia son los problemas más importantes para su actividad cotidiana; y tres de cada cuatro sostienen que la entidad federativa en la que operan es insegura.
Los delitos que padecen las empresas en mayor medida son los actos de corrupción, en primer lugar, seguido por los robos o asaltos, y la extorsión.
Es de llamar la atención que los delitos más recurrentes tienen que ver directamente con el Estado (y sus fallas). El más común es la “mordida”. Las empresas declaran que en este país la corrupción sigue siendo cosa de todos los días, y lejos de disminuir se incrementa. Según los datos de Transparencia Internacional –una ONG que se dedica a medir los niveles de corrupción en el mundo–, México pasó del lugar 70 (en 2006) al 105 en 2012, entre los países más corruptos del mundo.
Por otro lado, las compañías se quejan de que son extorsionadas o de que la delincuencia organizada les exige el pago del famoso “derecho de piso”.
Según los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012 la incidencia de este delito prácticamente se duplicó. Más allá del impacto económico que pueda tener –que lo tiene y muy elevado– es un claro indicio de que las autoridades –el Estado mexicano en su conjunto– han perdido el control de parte del territorio; que ya no gozan del monopolio legítimo de la fuerza y alguien les disputa el cobro de los “impuestos”, signo inequívoco de su debilidad.
Sin duda, una de las tareas que debe afrontar el nuevo gobierno es la fragilidad del Estado. Debe reconstruir las capacidades y los alcances de la autoridad y estar presente allá donde ahora no lo está.
Sin embargo, ello no debe implicar el renacimiento del viejo régimen autoritario, significa que la autoridad debe hacerse del control del país, acotar a los poderes fácticos –a la delincuencia en primer lugar– e imponer el estado de derecho, un viejo tema pendiente con el que nos topamos una y otra vez.
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