Hace varios años a varias organizaciones, lideradas por Artículo 19, propusimos medidas concretas para asegurar la protección a periodistas en nuestro país. El recuento años después es ambivalente. Por un lado, el aspecto positivo es que muchas de esas propuestas ya están hoy en funcionamiento. Lo negativo es que han servido de muy poco, es decir, no hemos logrado bajar la vulnerabilidad de los periodistas en México. Por el contrario, las cifras siguen crecido año con año. Las historias de agresiones, amenazas y autocensura son cada vez más frecuentes. Ayer mismo escuché a un periodista tamaulipeco decir: “la censura en la prensa allá es total, así se los pongo, total”.

No salen en los principales noticieros pero hoy hay familias enteras de periodistas en desplazamiento forzado por la falta de garantías para ejercer el periodismo. Hay amigos que lloran a colegas que por hacer el trabajo de informar son asesinados o desaparecidos. No nos confundamos, la libertad de prensa no está asegurada en México. Evidentemente si hablamos con periodistas del Distrito Federal nos damos cuenta de que su realidad es otra. De ahí en fuera las historias de periodistas de Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Durango, Michoacán, Tabasco, por mencionar algunos, siguen en completo anonimato. El miedo de la prensa es generalizado en nuestro país. La falta de garantía para ejercer la profesión es común en cada rincón del territorio.

Todavía no conocemos la afectación al periodismo mexicano que está teniendo la violencia. La forma en que ahora se hace el trabajo en muchos lugares no cumple los estándares mínimos de la profesión. Pero eso ya no importa. Ninguna nota vale una vida. Pero no obviemos que está teniendo efectos serios en la manera de aprender y ejercer el periodismo.

Si el periodismo está agonizando eso quiere decir que el derecho a la información de la sociedad está en peligro. Todavía vemos circular grandes cantidades de noticias. Vemos un sinfín de periódicos y noticieros que arrojan información que ayuda a la sociedad. Entonces, ¿será exagerado afirmar que el derecho a la información está en riesgo en México? No lo creo. La enorme cantidad de noticias que devoramos día a día no necesariamente quiere decir que la información es de calidad. Y, una vez más, para hacer un análisis justo tendríamos que diferenciar lo que viven los grandes medios de comunicación, impresos y electrónicos, con la realidad que viven periódicos locales y regionales. El centro del análisis sobre la información tiene que ser al revés, es decir, no medir la cantidad de información, sino qué tipo de información es y la calidad de ésta. Ahí encontraríamos el gran déficit que comienza a tener la sociedad mexicana. En otras palabras es donde se junta el miedo y riesgo para ejercer el periodismo con la ausencia de información de interés público.

Ante la lacerante cifra de 72 periodistas asesinados en los últimos doce años poco se puede decir, excepto que México no es un país libre para ejercer el periodismo. La responsabilidad del fracaso del momento que vive la prensa en México es compartida, sin lugar a duda. Graves fallas han tenido los mismos medios de comunicación al hacer del periodismo un incipiente oficio mal pagado y en donde se anidan prácticas corruptas desde hace décadas. El periodismo como tal decidió no modernizarse ni enfrentar sus desafíos de manera frontal, transparente y de manera oportuna. Simplemente se transformó de manera acomodadiza a los nuevos tiempos (permítanme la generalización). Otra responsabilidad es la de la sociedad, simplemente no repara que sus mensajeros, aquellas personas que trabajan con la información para hacérsela llegar, están siendo aniquilados (las cifras así lo indican). La sociedad en su conjunto considera que es un problema lamentable, pero ajeno. Es claro que no se hace una conexión sobre la violencia contra la prensa y su derecho a la información. Expertos han estudiado el porqué de este abandono y podríamos concluir que la sociedad no arropa a la prensa porque la siente ajena a sus intereses. Ve una prensa violenta, corrupta y cercana al poder político y poderes fácticos.

Durante estos años de deterioro de la libertad de prensa, las autoridades federales y estatales han practicado el arte de la simulación. En otras palabras, compraron el discurso de las organizaciones de la sociedad civil que veníamos empujando por cambios institucionales para garantizar un ejercicio libre y seguro. Acciones como la creación de un mecanismo de protección para periodistas, la creación de una fiscalía especializada dentro de la PGR, una ley para darle facultades a la federación para que investigue casos del fuero común.

Hoy en día existen leyes y mecanismos de protección a periodistas en estados como Veracruz, Chihuahua, Distrito Federal, Sinaloa y Morelos. En el Estado de México e Hidalgo las leyes están en el tintero. Desde un punto de vista cínico podríamos decir que hemos logrado lo que queríamos, más instituciones atendiendo esta crisis. Pero la realidad es otra. A pesar de todos estos avances la realidad sigue en franco deterioro. Cada vez más periodistas ven menos posibilidades para hacer bien su trabajo, entonces cabe la pregunta: ¿Tantas leyes y mecanismos de protección para qué? El caso del Distrito Federal merece unas líneas aparte. Debe ser por la sensibilidad diferente de las autoridades ante los derechos humanos por parte del jefe de Gobierno, pero cuando anunció un mecanismo de protección y catalogó a la Ciudad de México como ciudad refugio, muchos pensamos que podría funcionar. La realidad es que la simulación que ha durado ocho meses es la misma y sabe a lo mismo que en otras entidades federativas.

Hemos caído en una espiral de simulaciones. La falsa realidad que proyectan los actos vacíos e ineficaces de gobierno generan un doble reto. Debemos alejarnos de la simulación y empujar para que las autoridades cumplan con sus responsabilidades ya claras en ley. No necesitamos más leyes y reglamentos. No en un país donde lo que menos se cumple es el estado de derecho. Mejor, o más bien, únicamente, pediríamos que se cumpla la ley, cosa que al parecer es mucho pedir.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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