La Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio por esclarecido el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, cometido el 28 de abril pasado en la ciudad de Xalapa. La presentación del presunto responsable llegó seis meses de haberse cometido el crimen de la periodista. Ante el grave deterioro de la libertad de expresión en Veracruz, el gobierno ha dado a conocer el cierre de varios casos de asesinatos de periodistas que levantan muchas dudas.

El gobierno veracruzano sin duda no se ha quedado cruzado de brazos ante el contexto adverso contra la prensa en el estado. Esto no quiere decir que las cosas que han hecho sean eficaces o ciertas. Para muestra, un ejemplo: se creó un órgano autónomo con rango constitucional, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, y cuya conformación se concretará en próximos días. Mal haríamos en prejuzgar si funcionará la Comisión, pero lo que sí podemos afirmar es que carece de un elemento fundamental para su correcta operación: la confianza de los y las periodistas.

Días después del asesinato de Martínez, el gobernador anunció la creación de una comisión para darle seguimiento a la investigación, en ella estaría la revista Proceso. De contactos con Proceso durante los seis meses puedo afirmar que la Comisión no cumplió el objetivo de dar información y transparentar la investigación del homicidio. Por ello, no debe de extrañar que Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, afirme que recibe con “total escepticismo” las conclusiones de la procuraduría de Veracruz. La coadyuvancia del caso nunca se realizó, Proceso siempre estuvo alejado de los supuestos avances. Esa es una mala señal para la legitimidad de la investigación, la cual únicamente puede ser resarcida con mayor transparencia por parte de las autoridades para entender cómo llegaron a esa conclusión.

No es fortuita la desconfianza que suscitan los resultados de las investigaciones de la procuraduría estatal. Ésta ha sido alimentada por la filtración interesada a los medios de versiones sobre un “crimen pasional o de motivaciones personales”, en las que además se aseguraba que el asesino se encontraba entre el gremio periodístico de Veracruz, que había estado en el sepelio y después había desaparecido. Los rumores alimentaban el escepticismo de la dirección de la investigación.

En días recientes, y debo de agradecerlo, me llegó una carta del gobernador Javier Duarte. En ella se aporta los datos generales de la investigación que llevó a la detención de uno de los dos presuntos asesinos de Regina Martínez. Debo de reconocer el esfuerzo del gobierno veracruzano en mandar la misiva en aras de explicar de manera un tanto detallada el cauce que siguieron las investigaciones. Mi reconocimiento.

En la carta, el gobernador Duarte señala que la investigación duró 180 días (valdría la pena preguntarse qué hicieron el resto del tiempo). Hubo más de 155 diligencias, según las autoridades, y se declararon a 38 personas relacionadas con actividades periodísticas que tenían vínculo personal o profesional con la víctima. También afirma que hubo tres líneas de investigación: la primera, en el círculo personal y de convivencia de la periodista; la segunda, vinculada a la problemática delincuencial de la zona donde vivía; y la tercera, relacionada con su entorno laboral y desempeño profesional (sic).

Una de las debilidades de la investigación que da pie a la generación de dudas razonables es lo que presenta el gobierno local como sustento de las conclusiones, dígase testimonios o declaraciones. Según la carta citada, un vecino señaló haber visto el día del crimen en las inmediaciones de la vivienda de la periodista a dos sujetos vecinos de la zona de quienes dijo sólo conocía sus apodos, “El Silva” y “El Jarocho”. Con esta información, las autoridades, según su dicho, lograron avanzar hasta dar con el paradero de Jorge Antonio Hernández Silva.

De ahí la segunda duda. El gobierno local se ufana de haber logrado una confesión del detenido en donde se señala su participación en el homicidio de Regina. Según lo declarado por Hernández ante autoridades ministeriales, señala que llegaron a casa de la periodista cerca de la media noche del 27 de abril y la periodista los dejó entrar a su casa (hecho que parece poco creíble por las costumbres de Martínez. No los conocía ni eran sus amigos). Al final de su autoinculpación, Hernández señala que la agarraron a golpes con el afán de obligarla a que les diera dinero. Es decir, dejó entrar a los ladrones a su casa. Por si fuera poco, y en términos de debido proceso, es prudente señalar que la autoinculpación sólo podría ser válida ante autoridad judicial, cosa que no sucedió. Así mismo la prueba confesional ya no es plena prueba, es decir, pasa a ser simplemente una prueba más. Esto se modificó en aras de obligar que las investigaciones contengan elementos científicos que sean irrefutables. Por ejemplo, en este caso, comprobar científicamente que las marcas dejadas en el cuerpo de la periodista corresponden al inculpado. Entre otras muchas. Según versiones extra oficiales, Jorge Antonio Hernández desistió de su confesión ante el juez un día después de haber sido presentado por la procuraduría del estado de Veracruz. De ser esto corroborado, la teoría del gobierno se caería y quedarían en evidencia.

El móvil del crimen genera dudas razonables. Los sospechosos generan dudas razonables. La dilación en la investigación genera dudas razonables. Que no haya funcionado la comisión formada por Duarte genera dudas razonables. Me parece que si queremos celebrar que este caso se resolverá de manera satisfactoria para todos, las dudas se tienen que disipar.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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