La estrategia en este sexenio para combatir la obesidad y sobrepeso en México fracasó, por lo que durante la administración de Felipe Calderón murieron cerca de 500 mil personas por la diabetes. En el sexenio de Vicente Fox murieron 361 mil 514 personas por diabetes, con Felipe Calderón se registraron 482 mil 654 muertes, casi un 35% de aumento, lo que en total suman 843 mil 654 decesos en 12 años.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, durante el año 2000 el total de muertes por diabetes fue de 46 mil 525 y se estima que para el año 2012 las defunciones por esta enfermedad, asociada a la obesidad, lleguen a 89 mil 414, lo que significa un incremento mayor al 92%, en sólo 12 años.
La diabetes, asociada a la obesidad, además de ser un grave problema de salud para México está poniendo en crisis el sistema de salud pública. El costo total de la diabetes en nuestro país pasó de 2 mil 970 millones de pesos en el 2003, a 8 mil 836 millones de pesos en el 2010, un aumento de más de 290% en sólo 7 años.
Y si hablamos del gasto en la obesidad también las cifras son altas. De acuerdo a la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, se estima que el gasto total para la atención del sobrepeso y obesidad en nuestro país, puede crecer de casi 80 mil millones de pesos que se necesitan actualmente a más de 150 mil millones en 2017.
En la conferencia de prensa en la que presentamos estos datos, el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán comentó que “de no abatir la epidemia de obesidad, diabetes y otros daños a la salud con acciones y políticas públicas realmente efectivas, pondremos en alto riesgo no sólo la salud sino la viabilidad misma del país. No sólo dentro de una década no podremos financiar el sistema de salud requerido para el tratamiento paliativo de estas enfermedades, de sí incurables, sino que habremos destruido gran parte de la fuerza laboral que debiera cobrar el bono demográfico”.
El doctor Ávila, epidemiólogo especialista en nutrición, explicó que se tiene documentado el intenso y extenso daño precoz por la obesidad infantil, “lo que significa que tendremos en el corto plazo una generación de adultos jóvenes gravemente enfermos; las devastadoras consecuencias económicas y sociales de esta tragedia sanitaria son inimaginables”.
Pese a la gravedad del problema no se vislumbra una solución, ya que a menos de dos meses de concluir el sexenio se puede asegurar que la estrategia para combatir la obesidad fracaso. El plan contenido en el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA) se basó en campañas que promovían el cambio de hábitos individuales a partir de información y en la autorregulación de las empresas, sin embargo, diversos estudios han demostrados que la promoción de buenos hábitos alimentarios y actividad física no tienen ningún resultado efectivo si no se toman medidas efectivas para modificar las condiciones ambientales que producen la obesidad.
El gobierno ha cedido a las presiones de la industria de alimentos y bebidas para aceptar la autorregulación empresarial. De esta manera no se ha regulado de manera efectiva los alimentos y bebidas al interior de los planteles escolares; no se han establecido etiquetados que orienten a los consumidores y se ha permitido a las empresas desarrollar su propio etiquetado engañoso; no se ha regulado la publicidad dirigida a la infancia y se ha permitido a las empresas hacer su propio código de autorregulación de este tipo de publicidad, sin ningún criterio nutricional y permitiendo el uso de herramientas de engaño y manipulación de niños y niñas.
El reto está en la próxima administración, ¿defenderán los derechos o los intereses? Si no defienden el derecho a la salud de la población el problema les reventará en la cara y no existirán intereses empresariales que los salven. Los altos índices de mortalidad por diabetes en México son consecuencia de una epidemia de obesidad provocada por la permisividad que se le ha dado a la industria para invadir los entornos urbanos y rurales y también a la falta de capacidad de atención médica por parte del sistema de salud pública que se encuentra ya totalmente rebasado. El problema no está en que el sistema de salud pública vaya a colapsar en el futuro, este sistema ya está colapsado.
La gente que requiere diálisis en este país, más de 150 mil personas, no son cubiertas por el seguro popular. Se sabe que si se cubre este servicio se consumirán gran parte de los recursos del sector. ¿El abandono de esta población no es ya la manifestación del colapso del sistema?