Las recientes elecciones en Venezuela dicen mucho del continente americano. Prácticamente en todos los países de la región está instalado un sistema democrático. Imperfecto tal vez, pero al final el sufragio es el común denominador en todos los países. A pesar de los avances en la democracia institucional, dentro del continente corre una contracultura democrática. Es decir, intenciones políticas de limitar libertades intrínsecas a la democracia como la libertad de expresión. Esa contracultura democrática se podría describir como un sistema político que usa las reglas democráticas para atacar algunos elementos incómodos los cuales son parte de la democracia. Algunos ejemplos: la transparencia y rendición de cuentas es un elemento fundamental en las democracias más consolidadas, a pesar de ello acceder a la información pública es cada vez más difícil; la libertad de prensa resulta ser un elemento incómodo para gobernantes que les disgusta la crítica y la auscultación de malos actos de gobierno.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los sistemas de protección mejor diseñados en el mundo, sólo el europeo le hace sombra. Este sistema tan valioso para América Latina está bajo un feroz embate de la contra cultura democrática de nuestros gobernantes latinoamericanos. La intención es debilitar suficientemente el sistema de derechos humanos para que deje de ser funcional e incómodo. Es el grupo Alianza Bolivariana para América (ALBA) conformado por: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Vicente quienes están detrás de los ataques. El ALBA tiene aliados importantes que hace que sus intenciones provoquen mayor preocupación a la comunidad internacional. Uno de ellos es Brasil, cuya presidenta Dilma Rousseff está muy enojada desde hace años con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque esta otorgó a una comunidad indígena medidas cautelares que solicitaban que se detuviera desarrollo Bello Monte que es la hidroeléctrica más grande del continente. La CIDH se retractó del otorgamiento de las medidas cautelares, pero la ira de Rousseff ya era absoluta. Otro importante aliado es Argentina, su presidenta Cristina Kirchner apoya de manera firme las declaraciones de Hugo Chávez en contra del sistema de derechos humanos. Los enemigos del sistema interamericano son reales y poderosos. De ahí la urgencia por elevar el costo político de su contracultura democrática y respetuosa de los derechos humanos.

Una de las instituciones más emblemáticas del sistema, la Relatoría de la Libertad de Expresión, es la que corre mayor riesgo. En palabras de Catalina Botero, su relatora, “la intención de reducir a lo máximo lo que hacemos en favor de la libertad de expresión en el continente es muy real”. Es Ecuador, y su presidente Rafael Correa quien ha hecho suya la intención de desmantelar la Relatoría de Libertad de Expresión por los señalamientos de ésta en relación con el hostigamiento y persecución del gobierno correista contra la prensa en ese país.

Los señalamientos de la Relatoría sobre la situación de la libertad de prensa en Ecuador fueron puntales y basados en los derechos que garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos, aun así, desde diciembre de 2011 Correa está en una misión permanente contra la Relatoría. Inclusive en la reunión general de cancilleres de la OEA en Cochabamba, el presidente ecuatoriano se tomó la molestia de ir (fue el único presidente que lo hizo) a dicha reunión simplemente para atacar por 50 minutos lo sostenido por la Relatoría de Libertad de Expresión, y cerró su discurso diciendo “la Relatoría se reforma o desaparece”, una muestra más de su contracultura democrática.

La Relatoría de Libertad de Expresión es fundamental para salvaguardar un derecho indispensable para todas las democracias en nuestro continente. La intención de sus enemigos de diluirla, debilitarla y cooptarla es resultado del buen trabajo que ha hecho en la defensa de este derecho fundamental.

Argentina, en su apoyo a Ecuador, se atrevió a decir: “la Relatoría ya no tiene sentido, el derecho a la libertad de expresión está garantizado en el continente”. La Relatoría es más necesaria que nunca, inclusive en sus diagnósticos continentales ha señalado que las grandes preocupaciones en materia de libertad de expresión son: 1) el incremento de la violencia contra la prensa, puede ser por el crimen organizado, por instituciones cooptadas por poderes fácticos, o bien por instituciones débiles que ven a la prensa como enemigos y no como aliados; 2) el incremento del uso penal contra periodistas como forma de censura; 3) el uso del dinero público para comprar publicidad y que sea, a través de estos contratos, una manera de influir en líneas editoriales críticos o ahogar económicamente a la prensa; 4) la concentración de medios por actores privados (como Televisa o el Clarín) o bien por el estado mismo (como en Venezuela donde el estado posee 400 estaciones de radio, 6 estaciones de TV y 3 periódicos impresos para dar su mensaje).

México ha jugado un importante papel de defensa del sistema interamericano. Lo mismo que Costa Rica y Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones serán arduas de aquí al 15 de noviembre cuando se reúna la conferencia de cancilleres de la OEA para concretar las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mientras tanto, la prensa latinoamericana, esa a la que ha defendido la Relatoría, tiene que hacer su trabajo y evidenciar lo que está en juego para los derechos humanos en el continente. De lo contrario, la contracultura democrática se apoderará de algo que ha costado mucho tiempo y esfuerzos fraguar en América Latina.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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