Ante los serios problemas que enfrenta el país, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, decidió asumir como suya la bandera de la transparencia. Su primer movimiento político fue enviar una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el régimen de transparencia mediante, entre otras cosas, darle autonomía al IFAI. El priísta tal vez desconoce que esa bandera ya la había usado el PAN con Vicente Fox hace doce años cuando impulso de manera real y efectiva la instalación de un mecanismo de transparencia en todo el país. El PRI que sabe a PAN, podríamos concluir. Peña Nieto se ha equivocado en su primer mensaje. El primer acto tendría que ir dirigido a contestar las grandes preguntas en relación con los graves problemas que tiene el país. La intención debería haber sido descubrirse con un presidente que enfrentará los problemas y que gobernará para todos, inclusive para esa mayoría que no votó por él. Los problemas del país, como la violencia generalizada, merecen una respuesta pronta y detallada. De no ser así, la señal es de un futuro presidente que evade los asuntos de mayor seriedad en la agenda nacional.

El régimen de transparencia tiene problemas en su aplicación que se han señalado desde hace tiempo. Sin embargo, con sus fallas el IFAI es una institución que funciona medianamente bien. Los problemas más serios del IFAI no versan únicamente en su diseño institucional, sino en las personas que están ahí para salvaguardar el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, la pregunta se repite: ¿Qué motivó a Enrique Peña a mandar una iniciativa legislativa no urgente al Congreso? Sin duda la respuesta deberá estar relacionada con la afinidad que genera el tema en la sociedad civil. Vaya, todos queremos un gobierno menos corrupto y más transparente.

La opacidad en México está anidada en muchos ámbitos del quehacer gubernamental, y la iniciativa no intenta atacar dichos regímenes de excepción. Una de las áreas de mayor corrupción y opacidad es la procuración de justicia. La falta de información y escrutinio sobre las investigaciones que realiza el ministerio público local y federal abonan a la lacerante impunidad que nos afecta a todos directamente.

En este sentido vale la pena describir un reciente ejemplo que ilustra que los problemas de transparencia no están únicamente en el diseño de las instituciones, sino en las personas que interpretan las leyes y sus mandatos. En diciembre de 2011, Artículo 19 le solicitó a la PGR que se dieran a conocer el estado que guardaban las averiguaciones previas del caso conocido como San Fernando, donde fueron asesinados 72 migrantes en el estado de Tamaulipas. En febrero de 2012, la PGR respondió que dicha información estaba clasificada bajo los argumentos del artículo 16 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 14, III de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Siguiendo con la intención de buscar argumentos para conocer dicha información de interés público, interpusimos un recurso de revisión ante el IFAI, dando mayores elementos para que el IFAI defendiera nuestro derecho a la información ante la negativa de la PGR. Recurrimos al órgano garante con la intención de que hiciera su trabajo.

La argumentación presentada por Artículo 19 se refería al último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal que señala: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”. En agosto de 2012, el IFAI acordó en su pleno rechazar nuestra petición y nos notificó que la reserva de la PGR era firme. En otras palabras, el pleno del IFAI consideró que la matanza de seres humanos migrantes no era una violación grave a los derechos humanos. Los argumentos vertidos por los comisionados Laveaga, Artz y Perez Jaen denotan una profunda ignorancia sobre el derecho internacional de los derechos humanos, pero, y sobre todo, una falta de voluntad política para avanzar en temas de interés público como son hechos de violaciones graves a los derechos humanos. La interpretación que hicieron los citados comisionados es peligrosamente reduccionista y claramente destila una intención política más que un compromiso por salvaguardar el derecho a la información de la sociedad mexicana.

La falta de sensibilidad y compromiso del órgano garante nos orilló a presentar un amparo en el que sostenemos que la resolución del IFAI viola nuestro derecho a la información toda vez que no consideró que la solicitud de averiguaciones previas estaban relacionadas con violaciones graves a derechos humanos y por lo tanto están exentas de la reserva sugerida por la PGR y el IFAI. Así mismo, la resolución del IFAI viola el principio de máxima publicidad. Demandamos también una explicación fundada y motivada para no considerar la matanza de San Fernando como violación grave, en sentido contrario al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Podemos perdernos en el detalle del diseño institucional del sistema de transparencia. Podemos eternamente y numerosas veces modificar la Constitución para ir poniendo elementos más novedosos y garantistas. Sin embargo, mientras que los cambios sugeridos para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información no se hagan de manera integral nos perderemos en los parches efímeros y no lograremos avanzar sustancialmente en la implantación de una verdadera cultura al respecto. La sugerencia es dejar de dar vueltas a los detalles, reconocer quiénes son los enemigos de la transparencia y combatirlos de manera frontal. Continuar demandando a los comisionados del IFAI la aplicación de criterios progresistas y de vanguardia para servir verdaderamente como un órgano garante.

Iniciativa timorata del presidente electo. La opacidad afianzándose en los rincones de la procuración de justicia. Y el IFAI ausente y elaborando argumentos verdaderamente irritantes a favor de la opacidad. De esta manera, nos recuerdan que vivimos en una ficticia transparencia.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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