Si alguna duda quedaba de que sólo una empresa como Televisa tiene el privilegio de imponer su propia versión de los hechos cuando se ve involucrada en investigaciones o denuncias, la procuradora general de la República, Marisela Morales, se convirtió en menos de una semana en una eficaz y rápida investigadora que “resolvió” antes que el tribunal nicaragüense el bochornoso episodio conocido como La Caravana de la Coca.

El 21 de septiembre, Morales dictaminó que entre los 18 detenidos en la aduana Las Manos de Nicaragúa y Televisa no existe ninguna relación. “No tienen nada qué ver con Televisa. Lamentablemente es un caso más en donde la delincuencia organizada realiza actos a nombre de otros, utilizando el prestigio, el nombre de personas, que a veces ni siquiera están enteradas”, afirmó la procuradora general, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.

Tres días después, la titular del Ministerio Público federal –entidad dedicada a investigar y  a procurar  la justicia– decidió revelarle al periódico 24 Horas una presunción muy delicada: el cártel de los Zetas serían los responsables de la Caravana de la Coca e infiltraron a las autoridades de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) del Gobierno del Distrito Federal.

Según Morales, funcionarios de la Setravi habrían realizado “en forma premeditada” el registro ilegal de las 6 camionetas a nombre de Televisa.

“Lo que implicaría que existe infiltración de los Zetas en la administración capitalina”, soltó la procuradora. Nunca explicó por qué la otra hipótesis no sería válida: que los mismos Zetas hubieran “infiltrado” a Televisa.

Tampoco argumentó por qué si se habían dado cuenta de esta “infiltración” no tomaron medidas urgentes. Tampoco abundó en otro ángulo delicado:¿el propio apoderado especial de Grupo Televisa (Armando Tavera Sánchez), quien aparece en un documento notarial donde están los registros de las 6 camionetas a nombre de Grupo Televisa también formaría parte de esta red de narco-corrupción?

La escandalosa revelación de la procuradora se realizó un día después que en su edición No. 1873, la revista Proceso documentó que, de acuerdo con el expediente de la Setravi, las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto, fueron registradas a nombre de Televisa, utilizando documentos oficiales de la empresa en un trámite realizado por Armando Tavera Sánchez, quien recibió “un poder especial” de los propios apoderados de Televisa, Juan Sebastián Mijares y Julio Barba Hurtado.

El reportero Homero Campa informó que el propio expediente de la Setravi indica que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial del año 2002 correspondiente al edificio de Avenida Chapultepec 18.

Durante toda la semana pasada, Carmen Aristegui, conductora de la emisión matutina de MVS Noticias, documentó que no era sólo 1 sino las 6 camionetas estaban registradas a nombre de Televisa en los archivos de la Setravi.

Aristegui también demostró cómo el embajador mexicano en Nicaragua; Rodrigo Lombardini, salió a defender a Grupo Televisa deslindándola de cualquier relación con los 18 detenidos. Lombardini envió el documento NICO2513, el 23 de agosto, para asegurar que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa S.A.”.

Ante la protesta de la defensa de los 18 detenidos, la cancillería mexicana tuvo que aclarar que el comunicado del embajador se elaboró a partir de la información que proporcionó la propia Televisa. ¿Desde cuándo un diplomático asume como verdad jurídica la versión de una empresa presuntamente implicada en una investigación realizada en un país extranjero?

Sin embargo, existen aún muchas dudas y cabos sueltos en el enredo de la “Caravana de la Coca” y las 6 camionetas que viajaron por Centroamérica, especialmente en Costa Rica, con el logotipo de Grupo Televisa.
Hasta ahora, nadie ha explicado o ha podido responder qué tipo de equipo técnico y de transmisión tenían las camionetas detenidas. Televisa es muy celosa para proteger su señal. Sus transmisiones requieren de un encriptador de señal y sólo en las instalaciones de San Angel y de Chapultepec tienen el decodificador correspondiente, según explicación de un técnico televisivo.

Si se prendían las camionetas con la señal, ¿se enlazaban a algún satélite y a la central de Televisa? Si no existió ninguna relación entre la empresa y la Caravana quién vendió este equipo? ¿Cómo se prestó a “clonar” una frecuencia privada? ¿Nadie se dio cuenta durante todos estos meses?

El juicio en Nicaragua iniciará hasta el 3 de diciembre, dos días después de que tome posesión Enrique Peña Nieto, presidente electo. Mucho antes de que este juicio inicie tanto la cancillería como la PGR mexicanas ya anticiparon un veredicto, basándose sólo en la versión oficial de Grupo Televisa, y descalificando toda información “no controlada” por la propia empresa.

Morales “resolvió” con declaraciones mediáticas un caso tan delicado. Ni siquiera el ataque en Tres Marías, Morelos, contra una caravana de presuntos agentes de la CIA o de la DEA de Estados Unidos se ha resuelto con tanta agilidad. Mucho menos otros episodios de narco-violencia en territorio mexicano. Ahora resulta que la Caravana de la Coca, detectada en un país extranjero, es una infiltración de los Zetas con autoridades capitalinas.

La misma hipótesis de Marisela Morales puede leerse al revés: ¿acaso los Zetas no pudieron también haber “infiltrado” a Televisa? ¿qué pruebas ministeriales existen para determinar que sólo las autoridades de la Setravi (curiosamente, la fuente documental de MVS y de Proceso) fueron “infiltradas” por el cártel conocido como los Zetas?

Marisela Morales abrió las puertas del infierno con esta declaración. A menos que sólo esté actuando como nueva vocera del “canal de las estrellas”.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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