La Estela de Luz –la ya célebre estructura de más de cien metros, construida para celebrar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución– es la imagen perfecta de la forma irresponsable en la que gastan nuestros gobiernos.
La construcción de la Estela fue producto de una licitación pública, realizada a principios del año 2009. El proyecto ganador presentó un presupuesto de 398 millones de pesos, y se comprometió a entregar la obra en el mes de agosto de 2010. Justo a tiempo para los festejos centenarios. El resultado final todos lo conocemos. Acabó costando más de mil millones y la entrega se realizó quince meses después de lo acordado. Listo para conmemorar… absolutamente nada.
Este no es el único caso. No muy lejos de la Estela se puede encontrar la nueva sede del Senado de la República. Según datos oficiales, se pagaron 3,276 millones de pesos –77.7 por ciento más de lo presupuestado originalmente–. El metro cuadrado costó alrededor de 44 mil pesos. Esto significa más del doble que lo desembolsado en la Torre Mayor (21 mil pesos), la Torre HSBC (22 mil por metro) o el Hotel Saint Regis (18 mil pesos), edificios que son prácticamente vecinos al Senado.
El gobierno federal cada año gasta alrededor de 800 mil millones de pesos en comprar diversos materiales o servicios y contratar obra pública. Cerca de dos tercios de esos recursos se concentran en Pemex, CFE, el IMSS y el ISSSTE. Si incluimos a las entidades federativas, podemos contabilizar otros 160 mil millones. Es decir, el Estado mexicano eroga en torno a un billón de pesos anualmente en este tipo de adquisiciones.
Según estimaciones de la OCDE, mejorando ligeramente todo el sistema de compras públicas, el gobierno federal podría ahorrar aproximadamente 120 mil millones de pesos, o el equivalente al uno por ciento del PIB. Lo suficiente para construir doce mil escuelas o 158 hospitales generales.
Y remarco lo de “ligeramente”. De hecho el IMSS ya comenzó y ha logrado ahorros de alrededor de 14 por ciento en el precio de las medicinas compradas: 2,400 millones tan sólo el año pasado. En los últimos cinco años, con pequeñas mejoras en su sistema de compras, esta dependencia logró ahorrar cerca de 46 mil millones de pesos.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las leyes –federales y estatales– en materia de compras públicas están hechas para que prevalezca la discrecionalidad y el arbitrio de los funcionarios. Incluso hay ayuntamientos en donde por “causa de fuerza mayor” se puede contratar directamente –y sin licitación– a empresas de algún pariente.
Resulta más que evidente que nuestros gobiernos gastan muy mal los recursos públicos. Con esos ciento veinte mil millones podríamos resolver muchos de nuestros pendientes.
Ya es hora de que como sociedad empecemos a exigir el fin de la opacidad y una verdadera rendición de cuentas.
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