Convertir a los institutos de acceso a la información en órganos constitucionales autónomos ayudaría en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la secrecía de los asuntos públicos.
Jorge Carpizo
Ayer, finalmente, el presidente electo Peña Nieto presentó su proyecto de iniciativa para dotar de plena autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).
Dicho proyecto establece que el IFAI garantizará “el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales (…) Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna”.
Se amplían sus facultades y se propone que pueda intervenir en asuntos de los tres poderes de la Unión –incluido cualquier tipo de autoridad o dependencia– y constituirse en una segunda instancia, para que los particulares puedan apelar las decisiones de los institutos de transparencia estatales.
Se plantea que los veredictos del IFAI sean definitivos e inatacables. Con ello se busca terminar con la incertidumbre de los últimos meses, en donde algunas autoridades –como el SAT– recurrían ante los tribunales para esquivar las decisiones de dicho órgano, en donde se les obligaba a abrir ciertos expedientes que consideraban reservados.
La novedad más importante es que obliga a los estados a realizar las mismas reformas. Es decir, en caso de aprobarse esta iniciativa, las entidades federativas –incluido el Distrito Federal– deberán modificar su marco constitucional para darle también plena autonomía a sus institutos de transparencia.
En la presentación, el presidente electo manifestó que “una democracia de resultados requiere niveles de transparencia y rendición de cuentas veraces y oportunos, en toda la administración pública (Este proyecto) incrementa la autonomía y facultades del IFAI y asegura mecanismos para hacer efectivo el derecho a la información pública, prerrequisito para un sistema político moderno, abierto y democrático”. Apuntó que la aprobación de dicha iniciativa permitirá construir un gobierno más democrático, eficaz y honesto, en consonancia con las mejores prácticas a nivel mundial.
Más allá de posiciones políticas y preferencias partidistas, considero que esta iniciativa puede resultar muy positiva para fortalecer la rendición de cuentas.
La autonomía del IFAI es una reivindicación –y una exigencia– que desde hace varios años se ha realizado desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil, y en efecto, es un requerimiento indispensable para consolidar la transparencia gubernamental, según las mejores prácticas internacionales.
Sin embargo, dicha iniciativa incluye otro punto –ya mencionado– que creo que es igualmente importante. Me refiero a la obligación de dotar de autonomía a los institutos de transparencia locales –con lo que se fortalecen– y que además sus decisiones puedan ser revisadas por el propio IFAI.
En los últimos años hemos visto que el poder de los gobernadores es prácticamente ilimitado dentro de su territorio. Incluso se habla de que vivimos en un “feuderalismo”. Con esta medida se fortalecen los contrapesos a los ejecutivos locales y se les obliga a mantener niveles de transparencia más elevados –y por tanto a mejorar la rendición de cuentas–.
De tal forma que esta propuesta me parece muy acertada –aunque podría criticarse que se queda corta al dejar fuera, por ejemplo, a los sindicatos—. Espero que encuentre el apoyo necesario dentro del Poder Legislativo y sea aprobada lo antes posible.
Insisto: sería un paso importante en la consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas de la clase política de este país.
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