Debemos de reconocer que la transición democrática en México debe pasar no únicamente con reglas claras en los procesos electorales, sino por una necesaria reforma del estado, la cual debe de contemplar un profundo respeto al estado de derecho y a la garantía de los derechos humanos.

El primer acto del presidente Fox fue firmar un acuerdo de sede con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El acto de carácter simbólico buscaba marcar una diferencia entre el pasado régimen y los nuevos aires de democracia que se respiraban durante ese año. El mensaje enviado por la primera administración panista era de cambio, de reforma y apertura al escrutinio internacional. La administración federal aceptó un diagnóstico independiente auspiciado por Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos. La política federal parecía ir en serio para marcar un cambio real en derechos humanos.

Doce años han pasado bajo administraciones panistas y de aquel ímpetu de los primeros años del foxismo quedan únicamente incipientes vestigios. Vicente Fox abandonó muy temprano su intento de crear una política de estado en materia de derechos humanos y Felipe Calderón nunca ha tenido dicho objetivo en su agenda. Es imprudente decir que no se ha avanzado nada en derechos humanos. Pero el balance se tiene que hacer a la luz de las exigencias de un país como México y los tiempos que está viviendo.

El último informe de gobierno de Felipe Calderón es la última muestra fehaciente de su desprecio hacia establecer una política respetuosa de las obligaciones en materia de derechos humanos. Podría resultar aventurado afirmar que el Presidente no reconoce en los derechos humanos un elemento esencial para la sociedad. Pero sí podríamos afirmar que jamás logró descifrar cómo hacer compatible su política de seguridad con el respeto a los derechos humanos. Menospreció a lo largo de seis años información clara, objetiva y oportuna para tomar decisiones de gran calado que aumentaran la protección de las personas en un contexto de violencia generalizada. Existe  cerrazón presidencial para comprender que no se puede fortalecer una democracia dando rienda suelta a violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del estado y la aquiesciencia u omisión para que agentes privados violen de manera sistemática los derechos de la población. Hoy los testimonios de indefensión, dolor y hartazgo se apilan por docenas en los anaqueles de nuestra historia. El saliente gobierno no tiene cara para voltear a ver y admitir que jamás pudo resolver de manera efectiva cómo lograr una seguridad ciudadana en el amplio sentido del concepto.

El citado informe da cuenta de supuestos logros. La narrativa a lo largo del capítulo referente a derechos humanos no refleja de ninguna manera la crisis en esta materia que se vive en el país. Lo descrito en el texto del informe presidencial simplemente refiere una política incoherente y desinteresada en derechos humanos por parte del gobierno federal. Las acciones para la protección han  sido francamente menores en términos de su impacto en el bienestar de la sociedad.

Vale la pena resaltar que uno de los elementos que sí tenemos que reconocer es la continua apertura del gobierno mexicano a la visita de organismos de derechos humanos como la ONU y OEA. Haber mantenido esta apertura, a pesar del desorden en muchas de las materias que la comunidad internacional vino a México a verificar, se debe registrar ampliamente. El dilema sigue siendo el mismo que hace años, una política internacional de vanguardia en derechos humanos y una política interna desarticulada e ineficiente. La responsabilidad no yace únicamente en la presidencia de la República. Ahí están la responsabilidad de los otros poderes de la unión, de la comisión nacional de los derechos humanos y de las entidades federativas. La responsabilidad en el deterioro del respeto a los derechos humanos es compartida por todos estos relevantes actores.

Puede resultar lógico que se omita incluir en el informe presidencial temas en los que su fracaso ha sido rotundo, por lo menos seguramente así lo han visto sus asesores. Pero la omisión no implica la desaparición del problema ni mucho menos su responsabilidad como jefe del ejecutivo. Conveniente para sus intereses Calderón omitió comentar  que deja a un país que hoy es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. La decisión de dejar fuera del texto el ineficaz trabajo de la Fiscalía para delitos contra la libertad de expresión de la PGR (bajo su directa responsabilidad) marca el desdén hacia esta crisis en la libertad de prensa. Para los que hemos trabajado con la administración federal en este tema, sabemos que la falta de coordinación en política de derechos humanos dentro de la administración federal ha sido la constante. Las pugnas internas entre secretarías de estado ha sido evidente para los que hemos estado cerca. Dentro de la oficina de derechos humanos de gobernación han circulado servidores públicos con nulo conocimiento e interés por impulsar una verdadera política federal en la materia.

 El reto de salvaguardar los derechos humanos en un país con profundas desigualdades, corrupción y una política cooptada por prebendas partidistas no es menor. Sin embargo, detrás de la ausencia del ejecutivo federal está la falta de una verdadera voluntad política para poner en el centro de sus decisiones un estado de derecho que castigara con todo el peso de la ley a los que cometieron violaciones graves. Calderón antepuso diseñó su política militarista sin chistar en las consecuencias que podría tener en otros ámbitos, como los derechos humanos. La nueva administración federal recibirá un país con una historia reciente llena de violaciones a los derechos fundamentales de cientos de miles de mexicanos. Las primeras acciones de Peña Nieto tendrán que ser señales inequívocas que nos indiquen que habrá un cambio real en su voluntad por respetar los derechos humanos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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