Ver el asunto del rescate de la banda 2.5 Ghz a manos del gobierno federal y su severa afectación a los intereses de un grupo mediático relevante como MVS no debe quedar en la memoria como una anécdota más de este inconexo gobierno. El análisis tiene que versar en varios sentidos y la conclusión no puede ser un mero ejercicio de conocimiento. Aquí algunas breves reflexiones:

La certeza

El rescate (vale la pena aclarar que rescate se refiere a facultad de la administración de extinguir una concesión, sin embargo, su acepción coloquial también podría aplicarse) de la banda 2.5 es un tema de libertad de expresión, libre empresa y políticas públicas. En este último triste capítulo de la muy fallida política de telecomunicaciones de la inconclusa administración calderonista devela que 12 años de gobierno del PAN no fueron suficientes para llevar a cabo una de las tareas más apremiantes para el desarrollo de la sociedad y de nuestra democracia: la democratización de los medios a través de una política pública que genere una sana competencia comercial pero que también abrace la diversidad y pluralidad de contenidos necesarios para una sociedad tan compleja como la mexicana. La falta de esta política pública en telecomunicaciones (o tal vez no la falta sino más bien la muy acertada política que busca beneficiar y consolidar oligopolios y monopolios en este sector) ha frenado la capacidad de crear las condiciones necesarias para catapultar el desarrollo empresarial y con ello crear beneficios reales para la población a través del uso de las tecnologías de la comunicación, dígase la digilitalización. El quitarle la concesión a MVS no es un acto fortuito ni intempestivo. Es un acto que de suyo lleva una gran carga política con la intención de afectar a un relevante actor en las telecomunicaciones. En el golpe a MVS hay un elemento de atacar la libertad de expresión que no se puede soslayar de manera a priori.

El presidente Calderón decidió, a tres meses de terminar su mandato, asestar un golpe fuertísimo a los órganos reguladores en la materia, Cofetel y Cofeco, al brincárselos en la toma decisiones. Ambos órganos reguladores no veían con malos ojos el planteamiento que había hecho MVS en su plan “Internet para todos”. La capacidad para desconocer a los órganos radica en el pobre marco jurídico con el que cuentan. Al final parecería que están a merced del capricho presidencial o de los poderes fácticos. Largo camino tendremos que recorrer para reconocer eficacia e imparcialidad en ambos órganos instituciones garantes de la conducción de las telecomunicaciones en México.

Lo inadmisible            

El presidente del grupo MVS se auto inmoló recientemente. Reveló de manera cruda la forma en que se hace negocios con el poder político hoy en día. Dijo algo que todos sabíamos, eso es cierto, pero el realismo de las pruebas aportadas nos evidencia la perversa relación entre la libre empresa (en este caso también un medio de comunicación) y el poder político. Joaquín Vargas no puede lavar su culpa con un acto de supuesto heroísmo. El salió a decir lo que dijo una vez que veía que el poder político lo alejaba del mayor negocio en telecomunicaciones en el futuro. La ira desencadenó el acto de conciencia. Si hubiera llegado a un arreglo con el gobierno, seguramente jamás nos hubiéramos enterado. En MVS debemos de reconocer que tiene poco aprecio por sus periodistas (a pesar de tener Carmen Aristegui, una de las periodistas con mayor audiencia) ya que pueden convertirse en moneda de cambio para intereses superiores de la empresa. La periodista prendió la ira del inquilino de Los Pinos y MVS no dudó, en primera instancia, acceder a las presiones políticas. La verdadera razón por la cual Aristegui fue reinstalada no la dijo Joaquín Vargas, pero lo que sí sabemos es que con la reinstalación de la periodista ganaron las audiencias y la radiodifusora con la incorporación del Ombudsman de las audiencias.

Si se analiza de manera fría el tema de la banda 2.5 GHZ, vemos que las decisiones políticas parecerían que fueron tomadas por un grupo de forajidos enfundados en trajes de vestir. La información expuesta por el presidente de MVS claramente señala que el gobierno de la República se comportó de manera caprichosa e iracunda contra MVS por la legítima pregunta que lanzó Aristegui. Que una empresa negocie con corruptelas es grave, nos habla de una enfermedad endémica de nuestra manera de hacer negocio en México. Pero que el Estado se rebaje a poner en una balanza una decisión importantísima como qué hacer con la banda 2.5 y la supedite al ataque contra una periodista nos habla de la falta de un estadista en Los Pinos.

Conocer que el gobierno fue capaz de chantajear a MVS con el futuro de la banda 2.5 indigna. La bajeza llegó a un nuevo límite. La visión de Estado y del bien común son dos elementos reiteradamente ausentes en la mayoría de las grandes decisiones en este país. El Estado mexicano no puede anteponer un ataque a una periodista y medio de comunicación que el interés de la sociedad sobre el futuro de la banda 2.5 GHZ. Al final, también, estamos hablando de un mercado de 4,000 millones de dólares y del futuro de las telecomunicaciones mexicanas.

Lo técnico

Para muchos el rescate de la banda 2.5 Ghz era necesario debido a la alta concentración en manos de MVS. Según especialistas en un espectro como el que tenía en concesión MVS tendría que estar repartido al menos en dos competidores. Lo cierto es que la banda de 2.5 se le dio a MVS y jamás se le dejó desarrollarla. Es como recibir un regalo y jamás jugar con él.

La duda

A tres meses de terminar la administración no podemos determinar a ciencia cierta a quién le vendió el favor Calderón por hacer el trabajo sucio de liberar la banda 2.5 del poder de MVS. La intuición de expertos es que beneficiará a los actores mayoritarios actualmente. Repartirá el botín en los ya sumamente poderosos y, de esta manera, perpetuará la híper concentración de medios de comunicación. Tampoco sabemos si el gesto es para Enrique Peña Nieto, lo más seguro es que sí. Le allanó el camino al sacar de la ecuación una decisión difícil e impopular. Lo que no sabemos es cuál fue el precio que puso Felipe Calderón por el favorcito que les acaba de hacer.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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