El 21 de febrero 2012, un grupo punk llamado Pussy Riot realizó un performance en la Catedral Ortodoxa en Moscú. En pleno contexto electoral –que terminaría en el acceso de Valdimir Putin a la presidencia por tercera ocasión– las Pussy Riot Maria Alyokhina, 24; Nadezhda Tolokonnikova, 22; y Yekaterina Samutsevich, 29, decidieron levantar la voz en contra de lo que parecía inminente: la continuidad y fortalecimiento de la era Putin.

Después de estar detenidas cinco meses, en días recientes se les dictó sentencia de dos años de prisión por los cargos de vandalismo y afectación del orden público. La sentencia es por demás absurda y desproporcionada para cualquier estándar en una democracia respetuosa de la libertad de expresión. Es absurdo que un juez independiente afirme que un hecho como la manifestación del grupo punk constituye un peligro para el orden social.

La manifestación de Pussy Riot es una manifestación política y no debe caber la menor duda. Se realizó dentro de un contexto electoral tan imperfecto como el de Rusia. La simple intención de Putin de lanzarse de nueva cuenta por la presidencia era evidencia suficiente para reconocer la putrefacción del sistema político ruso. Desde hace más de 10 años el récord de derechos humanos de Rusia ha ido en franca decadencia. Los ataques a la prensa, a defensores de derechos humanos a la oposición política o a voces de disenso han sido documentados y expuestos ante mecanismos internacionales incluyendo el Tribunal de Estrasburgo de derechos humanos.

Siento no comprender las voces que no reconocen en la música punk una muy válida manera de expresar una opinión política. Esas voces miopes que piensan que el acto de Pussy Riot ofendía y por ello no es un acto legítimo. La intención del acto era ofender, claramente ofender e insultar a una de las instituciones eclesiásticas usadas por Vladimir Putin para gobernar bajo un claro autoritarismo. No es fortuito que el grupo escogiera la Catedral de Moscú para realizar su acto político. El ataque a la Iglesia Ortodoxa era porque ésta se ha convertido en un elemento instrumental para la política interna de Putin. Inclusive el hoy jerarca de la Iglesia fue puesto (o impuesto) por el hoy presidente de Rusia. La Iglesia ha intentado darle un halo imperial a Putin a través de lo divino. La estrategia política de Pussy Riot se basa en este contubernio político.

La pérdida de libertades parece ser una constante en muchas sociedades. Algunas opiniones sobre el caso Pussy Riot se basan principalmente en elementos derivados de la moral. La práctica ha sido enjuiciar moralmente a las artistas al afirmar que ofenden a los creyentes ortodoxos y que no deberían haberlo hecho su manifestación dentro de la catedral por respeto al culto. El performance político se tenía que hacer ahí, no se podría haber hecho en ninguna otra parte y tener el mismo impacto. Se hizo en el seno de una institución religiosa que ha pasado a tener tintes políticos.

El discurso político no necesariamente es afable y respetuoso. La expresión política –como lo ha marcado la historia del movimiento punk– puede ofender, burlarse, mofarse y seguirá siendo un discurso protegido por los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Pussy Riot no asesinó a nadie, no golpeó a nadie, no vandalizó nada. La canción expuesta ese 21 de febrero habló sobre Putin y la Iglesia como forma de mal gobierno.

Es común que haya una colisión entre derechos humanos a la hora de ejercerse. De ahí la necesidad de ponderar cuál derecho en cada circunstancia prevalece sobre el otro derecho humano. La pregunta es si el derecho a la libertad de expresión prevalece sobre el derecho a la religión, en este caso específico. Me parece que por los argumentos esgrimidos anteriormente el derecho que debe de prevalecer es el de la libertad de expresión. A pesar de haber sido ofensivo para la Iglesia ortodoxa y sus creyentes.

Los límites a la libertad de expresión casi siempre son impuestos desde las buenas costumbres o la moral. Pocas veces se reconocen en primera instancia los límites legales. El uso faccioso de la ley sobre la sentencia a Pussy Riot no sólo es absurda, desproporcionada y contraria a derechos humanos (de los cuales Rusia es parte) sino que tiene la firme intención de inhibir expresiones políticas críticas hacia la administración Putin. La sentencia es un paso más hacia la pérdida de libertades en Rusia.

La democracia se pone a prueba con discursos disonantes, ofensivos y burlones. Se pone a prueba cuando se reconocen (o no) diferentes maneras de expresarse que no transgredan los límites acordados en los instrumentos internacionales con amplio consenso internacional, como es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos. La libertad de expresión no es sinónimo de lo políticamente correcto ni de las mejores costumbres sociales. Pensar esto implica desconocer la diversidad de voces y opiniones que deben de convivir dentro de una sociedad.

 El caso Pussy Riot no tiene que ver con actos de buena costumbre o respetuosos, como algunos comentaristas lo han tratado de enmarcar. La sentencia condenatoria es no solamente en contra de las artistas, sino un paso atrás en la democracia rusa.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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