Con el inicio del ciclo escolar 2012-2013 entra en “vigor” la 3ª y última etapa de los lineamientos para el expendio de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica. Esta es la única medida “efectiva” implementada para el combate al ambiente obesigénico por el gobierno federal. El Instituto Nacional de Salud Pública había llegado a la conclusión, después de años de trabajo en escuelas públicas del sur de la ciudad de México, que estos planteles se habían convertido en ambientes obesigénicos, es decir, en términos coloquiales, en fábricas de obesos.
Señalamos con comillas que entró en “vigor” la 3ª etapa de los lineamientos y, también entre comillas, que es la única medida “efectiva” implementada para el combate a la obesidad, por la siguiente razón: el cumplimiento de los lineamientos es muy bajo en los planteles escolares; la instancia que debe vigilar su cumplimiento es el consejo escolar que en la mayor parte de los planteles no existe o sólo está en el papel; los lineamientos no tienen ningún mecanismo que obligue a su cumplimiento, ni establecen sanciones; y, por último, los lineamientos, gracias a la intervención de las empresas, permiten el expendio de alimentos y bebidas altamente procesados, desplazando el consumo de los alimentos saludables que supuestamente deberían promocionar.
La evidencia internacional demuestra que regulaciones bien implementadas para el combate a la obesidad tienen resultados positivos, sin embargo, las medidas débiles y mal implementadas, no disminuyen los índices de sobrepeso y obesidad. En un estudio publicado recientemente en la revista científica Pediatrics se demostró con evidencia contundente que los niños de primaria y secundaria que viven en estados de la Unión Americana que cuentan leyes más estrictas para combatir la obesidad tienden a dejar de subir peso e, incluso, tienden a bajar. Al inicio del estudio, el 39% de los alumnos padecía sobrepeso y 21% obesidad y al final del estudio hubo una reducción a 34% y 18% respectivamente. Por otro lado, se observó que los niños que viven en estados que cuentan con medidas débiles, vagas o no cuentan con una regulación para combatir la obesidad permanecen con el mismo peso. La primera medición se realizó cuando los niños cursaban el quinto grado y la segunda cuando ingresaron a octavo grado.
El estudio se baso en los datos de 6300 estudiantes. Se midió su peso y talla para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) y se hizo una correlación con las leyes de los estados a través de un modelo linear. Las leyes se clasificaron en tres rubros; leyes fuertes, débiles o sin leyes algunas. Se considero a los Estados con leyes fuertes y consistentes a aquellos: dónde no hubo variabilidad en sus regulaciones durante los tres años que duró el estudio; los que incluían requerimientos específicos de nutrición, como el limitar azúcares y grasas; los que restringieran la oferta de alimentos y bebidas en máquinas dispensadoras, cafeterías y tiendas dentro de las escuelas. Las leyes que se clasificaban como débiles eran aquellas que eran vagas y apenas se exigía, de manera genérica, que hubiera alimentos saludables, sin especificarlos. En esta clasificación podríamos incluir los lineamientos desarrollados en México. Luego hubo estados que no tenían ningún tipo de leyes aplicadas.
A través de diferentes estudios se ha demostrado que aquellas intervenciones basadas únicamente en la orientación alimenticia tienen poco éxito para combatir la obesidad. Los expertos indican que la educación no es suficiente para combatir el problema de sobrepeso y obesidad, tienen que realizarse cambios en el ambiente “obesigénico”.
Este es el primer estudio realizado en varios estados de la Unión Americana que demuestra la eficacia de la impartición de leyes efectivas para combatir el sobrepeso y obesidad en las escuelas, así como para prevenir las patologías derivadas de la obesidad como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, cardiopatías, insuficiencia renal, entre otras. Los niños de quinto año que viven en estados en donde hay leyes más rigurosas al llegar a octavo grado presentan un peso normal mientras que los niños que viven en estados en donde no hay leyes siguen con sobrepeso.
Las conclusiones de los autores fueron que el tener leyes fuertes que limiten la alta disponibilidad de alimentos poco nutritivos o con nulo valor nutricional, así como limitar la cantidad de azúcares añadidos y grasas puede reducir el sobrepeso y obesidad en los adolescentes siempre y cuando sean comprensibles, tengan mensajes fuertes y sean consistentes.
Diversos estudios demuestran los logros en el combate a la obesidad generados por la regulación de la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, de la prohibición de la publicidad de comida chatarra y bebidas dulces dirigida a los niños, del desarrollo de etiquetados que adviertan al consumidor si un producto tiene bajas, medias y altas concentraciones de azúcar, grasas y sal, entre otras medidas. El sometimiento del gobierno actual a los intereses de las grandes corporaciones, en este caso, al de la industria procesadora de alimentos y bebidas, ha impedido que en México se desarrollen leyes, regulaciones y normas efectivas que modifiquen el ambiente obesigénico.
Esta situación se ha agudizado con la entrada de Salomón Chertovirsky a la Secretaría de Salud, y de Mikel Arriola a la Cofepris. Con ellos se ha impuesto en la política pública de combate a la obesidad la ideología empresarial de la autorregulación y la negativa a implementar regulaciones. El mejor ejemplo, es el apoyo que ha recibido de estas autoridades el etiquetado desarrollado por las empresas agrupadas en ConMéxico, desde Coca Cola a Kelllog´s, que se ha demostrado engaña a los consumidores, induciendo al consumo de mayores cantidades de azúcar. Lo anterior, a pesar de que este etiquetado viola la normatividad y que ha sido denunciado, presentando como prueba una evaluación de este etiquetado realizado por el Dr. Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, que demuestra el engaño en que incurre.
Otro ejemplo, es la falta de atención que han tenido a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que se regule la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia. Al contrario, la Secretaría de Salud y la Cofepris, han permitido y avalado la autorregulación que la propia industria procesadora de alimentos y bebidas ha desarrollado para este tipo de publicidad, una autorregulación que ha demostrado ser una farsa total.
