No quedan muy claros los motivos del gobierno para “retirarle” –palabra en la que cabe todo– la banda de 2.5 Ghz a MVS. Es, como bien han dicho muchos colegas y especialistas, un hecho lamentable. Desde donde se vea aparece la política y la discrecionalidad. A esto sumemos los dichos en la conferencia de prensa de Joaquín Vargas para irnos directito a la maraña la cual no se ve cómo se pueda desenredar. El asunto, a querer o no, ya es de quien vaya a gobernar el país a partir de diciembre, pero las responsabilidades son de quienes siguen gobernando estos meses.

Si a lo largo de tanto tiempo se estuvo discutiendo el tema, ¿qué fue lo que llevó al gobierno a tomar una decisión cuando ya no tiene capacidad de maniobra, y menos cuando en pocos día el TEPJF dará a conocer su fallo sobre las elecciones? Algunas de las razones de la SCT son cuestionables. Por ejemplo, la subutilización de la banda tiene cierta lógica porque MVS se la ha pasado en los tribunales y discutiendo con el propio gobierno el destino de la afamada banda. El valor de los 2.5 Ghz es sin duda fundamental para un país tan incomunicado. Una megacarretera de este calibre usada al máximo proyecta al que la tenga a las grandes ligas. Es necesario incluir este hecho en la discusión. El duopolio dice, como siempre lo hace, que no tiene nada que ver pero podría ser uno de los beneficiados por esta decisión. Puede, por un lado, entrar a la puja, y por el otro se ve beneficiado porque le hacen a un lado a un grupo que siempre les ha hecho ruido.

Pero donde el asunto adquiere otra dimensión esta en los dichos de Joaquín Vargas. El que un empresario con probadas cartas credenciales ponga con claridad ante la opinión pública que el “retiro” de la banda se debe a presiones que sufrió el grupo MVS por el caso Aristegui y por la negativa del grupo a apoyar la fusión del duopolio en telefonía, vía Iusacell, le da otra dimensión al asunto.

A lo largo de muchos años, los gobiernos –ya se vio que el PRI y el PAN para esto caminan por el mismo lado de la banqueta– se han “arreglado” con los dueños de los medios. Muchas veces son los propios dueños los que usan a los conductores, locutores o comunicadores como pieza de cambio. Recordemos el lamentable pasaje de hace algunos años en el Senado cuando los concesionarios llevaron a su personal a manifestarse por las decisiones que estaba tomando la cámara alta en materia de medios; hablaban de libertad de expresión cuando el tema era la lana que iban a dejar de ganar.

La relación de los medios con el gobierno se ha definido desde hace mucho tiempo a través de complicidades y favores mutuos. Los que saltan esta valla corren riesgos pero sin duda duermen más tranquilos. Una cosa es la distancia profesional y otra el síndrome de “a sus órdenes jefe”, aunque a estas alturas habrá que preguntarse quién es el jefe. El hecho de que estemos bajo reglas no escritas coloca a los dueños de medios y al gobierno bajo un desafortunado juego de vencidas y complicidades, y a los periodistas entre la espada y la pared. Quizá los gobiernos están acostumbrados a que lo que piden se les cumpla sin chistar vía un elemento que ya no pueden estar en la indefinición: la publicidad oficial.

El caso Aristegui puede tener diferentes visiones, Fernando Gómez Mont, abogado de MVS, dio su punto de vista el sábado en Reforma. Sin embargo, lo que no puede ser moneda de cambio es la libertad de expresión. Las presiones que seguramente ha recibido MVS por el trabajo de Aristegui han de ser muchas, pero suponemos que a estas alturas estamos ante relaciones maduras en que prevalece como forma de vida la democracia y la libertad, no exentas de problemas.

Si el gobierno presionó a MVS por algo que dijo Carmen y si el gobierno le “pidió” a Joaquín Vargas que se hiciera a un lado en el confuso caso Iusacell, no basta con que lo niegue con comunicados de prensa como tampoco basta, a estas alturas, que todo quede en los dichos de Joaquín Vargas. La semana que hoy empieza puede ser mas caliente y de confrontación, MVS ha anunciado que tiene pruebas irrefutables de sus dichos. Estamos ante un asunto muy serio y muy importante para que se olvide o para quede en manos de los que entran en diciembre. Hay responsabilidades antes la cuales se debe responder de manera ética ante la sociedad. Las partes están obligadas a aclarar porque ya no basta con comunicados; se está jugando algo más que una supercarretera de 2.5 Ghz.

Javier Solórzano

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Es periodista. Conductor de radio y televisión.

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