Todos los gobiernos son opacos. Su naturaleza es guardar con recelo la información pública. Todos se basan en la errónea noción de que la información les pertenece y por ende se la dan al ciudadano a cuenta gotas. No conozco excepción a esta regla. Ahora bien, donde sí hay diferencias sustanciales es en los marcos normativos que empoderan a la sociedad para que acceda a la información pública  a través de forzar a los gobiernos a que sean más transparentes y garantistas con el derecho a la información de la sociedad. El respeto al estado de derecho, a final de cuentas, es el fiel de la balanza para salvaguardar lo que hoy ya se reconoce como un derecho fundamental: acceder a la información.

Corría el año 2000, la efervescencia de sacar al PRI de Los Pinos era evidente en el ambiente que se respiraba. El anhelo era de una verdadera transición democrática. Con verdadero tino político, el gobierno de Vicente Fox recuperó e hizo suya la propuesta de tener una ley e institución pública para salvaguarda el derecho a la información pública en México. La apuesta era claramente intencionada para romper con el secretismo, opacidad y corruptelas del régimen anterior. México, instalado en la ola democrática se puso a la vanguardia internacional. Así fue reconocido por muchos años ante sus pares. Al cabo de dos administraciones podríamos concluir que el PAN cambió de parecer y su ímpetu por afianzar el derecho a la información y transparencia gubernamental se desdibujo principalmente durante la administración de Felipe Calderón.

Las administraciones panistas no tuvieron el talante democrático necesario para consolidar y proteger el derecho constitucional. Como tampoco lo han tenido administraciones locales de otros partidos políticos. Vale la pena subrayar que durante la administración federal que termina ha sido cuando mayores ataques se han registrado en contra del IFAI a través de juicios de nulidad interpuestos principalmente por la PGR y el SAT.

Las mejoras continuas del marco normativo que garantiza el acceso a la información no han tenido la fortaleza para doblegar la cultura de la opacidad en las autoridades. Los avances han sido pírricos en este sentido. Hoy podemos dar cuenta de dos reformas constitucionales a favor del derecho a la información; contamos con 33 leyes de acceso a la información pública y un número igual de institutos de acceso a la información. Sería desatinado afirmar que estos avances normativos e institucionales no han ayudado al derecho a saber de la sociedad. Pero de igual forma faltaríamos a la verdad si no reconocemos que la misma fortaleza del derecho ha sido constantemente amenazada por partidos políticos, autoridades públicas, sindicatos, entre otros actores. La tensión puede identificarse como natural, por un lado unos piden y por el otro intentan guardar la información. Las triquiñuelas, por ejemplo, de servidores públicos para desalentar a la sociedad para que haga preguntas van desde llamadas intimidatorias al solicitante, hasta respuestas irreverentemente estúpidas que obligan al solicitante a recorrer por más tiempo el calvario para acceder a la información.

Los intentos de regresión o freno al derecho a la información no son exclusivos de ningún partido político ni de un gobierno. Por ejemplo, el consenso entre los partidos políticos que ellos deben gozar de un régimen especial en materia de transparencia y por ello no son sujetos de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública. Lo mismo sucede con los sindicatos. La heterogeneidad entre entes autónomos, leyes locales y procedimientos es tan profunda que dependiendo a quién preguntes y dependiendo en qué estado de la República estés será la garantía de respeto a tu derecho constitucional.

El último informe de labores del IFAI arrojó algunos datos interesantes sobre el estado que guarda el derecho de acceso a la información. Por ejemplo, para 2011 el IFAI contó con un presupuesto de $457,261,240, menos de la mitad que el presupuesto de la CNDH; durante 2011 se ingresaron 123,293 preguntas a dependencias federales, las más dependencias más solicitadas fueron IMSS, SEP, SHCP; el 95% de las solicitudes de información se realizó vía Internet, por ello, los estados con más solicitudes son el 44.8% en el Distrito Federal, 15% Estado de México; 4.9 Morelos, mientras que el 0.3% de Campeche, Colima y Zacatecas. El 41.5 % de los solicitantes están dentro del rango de edad de los 20 a los 34 años, lo cual quiere decir que es joven la población que mayor número de preguntas hace. El 33% fueron de las preguntas fueron hechas por académicos y el 7.4% únicamente por medios de comunicación. El informe en general muestra una consolidación, desde la perspectiva del Instituto, del derecho de acceso a la información.

La arraigada cultura de la opacidad y escasa rendición de cuentas de nuestros gobernantes ha cambiado poco a pesar de tantas leyes, reformas e institutos de transparencia. Uno de los motivos por los cuales la opacidad ha ganado terreno es por la ausencia de una sanción ejemplar a todo servidor público que obstruya de manera deliberada el derecho constitucional. En otras palabras, una ley cuya violación no tiene una sanción real. En ese puntual hecho descansa el cinismo gubernamental para guardar, esconder, negar, mentir en relación con información que ha sido solicitada por alguna persona.

El régimen de transparencia en México no llega en su mejor momento de fortaleza ante la inminente llegada de los priístas a Los Pinos. El IFAI con serios cuestionamientos hacia algunos de sus comisionados no tiene la fortaleza ni liderazgo que llegó a tener. En la agenda inmediata está la próxima discusión en la Cámara de Diputados sobre las reformas a la Ley Federal de Transparencia, es siempre peligroso abrir a discusión leyes por la intención de algunos actores para acotar derechos ya ganados. Estamos obligados, desde la sociedad, a cuidar y defender lo que hemos ganado en esta materia, a pesar de lo que dicte el próximo gobierno federal.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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