“No se trató de un ataque del crimen organizado… es sólo una pandilla. Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta direcciones de los responsables”, afirmó enfático el procurador mexiquense Alfredo del Castillo, en una ronda de entrevistas que realizó en los últimos días frente a la conmoción en la opinión pública por la violación y los abusos sexuales contra siete jóvenes, la mayoría menores de edad, en el paraje El Colibrí, en la frontera entre Chalco e Ixtapaluca.

Del Castillo, famoso por litigar mediáticamente los casos más polémicos en el Estado de México como el de la niña Paulette, soltó también en entrevista con Milenio TV que éste no era el primer ataque de la “pandilla”. Incluso, mencionó que ya habían atacado antes a un grupo de alpinistas y violado a dos mujeres. Afirmó que cuatro de los integrantes de este grupo delictivo se encuentran detenidos.

La pregunta lógica surge después de esta “revelación” del procurador mexiquense, designado por Enrique Peña Nieto en 2010: si ya sabían las autoridades ministeriales la actividad de esta “pandilla”, ¿por qué no la desarticularon? ¿por qué permitieron que siguieran actuando? ¿por qué la administración mexiquense en la procuración de justicia, sobre todo en relación con los delitos sexuales contra mujeres, se caracteriza por la indolencia y la negligencia?

Mientras Del Castillo daba su ronda de entrevistas en medios electrónicos –incluso este mismo 17 de julio– un juez federal ordenó la liberación del único detenido, presunto implicado en el ataque. El juez argumentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no consignó la carpeta de investigación y, por esta razón, el presunto culpable, cuya identidad se mantuvo en reserva, quedó libre.

Si la procuración de justicia mexiquense mantiene este mismo nivel de ineficacia, el paraje de El Colibrí puede convertirse en otro símbolo ominoso para la entidad que gobernó Peña Nieto.

En El Colibrí, 91 jóvenes pertenecientes al Movimiento de Juventudes Cristianas realizaron un campamento desde el 9 de julio. El jueves 12 fueron atacados por una pandilla formada por 12 sujetos, según los testimonios aportados en medios electrónicos por las propias víctimas. Con lujo de detalles las jovencitas dieron cuenta del menosprecio por la condición de género de cada una de las víctimas.

Sólo el escándalo generado por este suceso provocó que el gobernador Eruviel Ávila ordenara la inmediata atención y el procurador Del Castillo retornara a las pantallas televisivas y a las estaciones de radio a litigar mediáticamente sin que haya logrado demostrar su eficacia.

El Colibrí no es un caso aislado en el contexto del Estado de México. Precisamente este 17 de julio se discute en Nueva York, en el seno del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la situación de los feminicidios, levantamientos y abusos sexuales en contra de mujeres en el Estado de México y en el gobierno federal.

El Estado de México atrajo la atención internacional precisamente por los abusos sexuales cometidos contra las manifestantes detenidas en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, atribuidos a agentes de la policía mexiquense, tal como consigna la reportera Gloria Leticia Díaz en esta edición de Proceso.

En el Estado de México, las organizaciones no gubernamentales han contabilizado 922 homicidios de odio hacia las mujeres desde enero de 2005 hasta agosto de 2010, periodo que comprende el gobierno de Enrique Peña Nieto, presunto triunfador de las elecciones presidenciales de este año.

El intento de minimizar o relativizar los crímenes de odio contra las mujeres mexiquenses ha sido una constante desde su gobierno y con la administración de Eruviel Avila. Tal como ha sucedido durante casi dos décadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El procurador Alfredo del Castillo negó en marzo de 2010 que la mayoría de los homicidios contra mujeres formen parte de un patrón feminicida. Según él, el 30 por ciento de este tipo de delitos son producto de “violencia doméstica” y ya están resueltos.

Sobre el resto de los crímenes, Del Castillo “nos dijo que se tenía información de que las mujeres asesinadas tenían oficios de riesgo, que eran sexoservidoras”, según reveló María de la Luz Estrada, activista del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, entrevistada por Gloria Leticia Díaz.

Si el caso de El Colibrí se convierte en un expediente más de negligencia e incapacidad para atender la impunidad de los feminicidas en el Estado de México estaremos confirmando un modus operandi de una clase política que presume su odio hacia las mujeres.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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