El sistema interamericano de protección de derechos humanos está en riesgo por las perversas intenciones de países como Ecuador y Venezuela de desmantelarlo. El ataque está comandado por la diplomacia ecuatoriana que no ha cesado en ningún momento desde el 2011 y que tiene como principal objetivo la destrucción de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.

El presidente Rafael Correa ha demostrado su animadversión contra la libertad de prensa. Basta recordar la persecución de Estado a la prensa en su país. Ante los arteros ataques presidenciales, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, cumpliendo su mandato y razón de ser, salió a la defensa del periódico El Universo y de sus periodistas. La airada defensa encolerizo a Rafael Correa. Desde ese momento ha utilizado, a través de su diplomacia, la Organización de Estados Americanos como campo de guerra para atacar el sistema de derechos humanos interamericano.

En diciembre 2011, la OEA creó un grupo de trabajo –compuesto únicamente por estados– para analizar cómo se podría fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Al cuarto para las dos, Ecuador inscribió tres “recomendaciones” dirigidas a la Relatoría de Libertad de Expresión: 1. Que la Relatoría no pueda hacer su informe anual ni informes de país, 2. Que la Relatoría no puede obtener donaciones financieras para su trabajo, 3. La obligatoriedad de un código de ética para la Relatora. El documento incluye, además, diversos señalamientos dañinos al sistema de protección y benéficos para los estados.

El informe anual que hace la Relatoría es un documento único en el mundo. No hay otro documento como éste que revise varias decenas de países y arroje información sobre el estado que guarda la libertad de expresión en el continente americano. El objetivo es silenciar para que no se conozca que hay graves violaciones a este derecho fundamental inclusive importantes retrocesos. En todos los órganos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una importante crisis económica. La Relatoría ha conseguido fondos que le posibilitan hacer un trabajo muy relevante. Quitarle la posibilidad de recibir dichos fondos sería equivalente a reducirla a prácticamente nada. El código de ética incluiría, según Correa, frenar la comunicación entre las organizaciones civiles y la Relatoría. No se necesita decir más.

En enero 2012, el Grupo de Trabajo le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el documento para el fortalecimiento del sistema de derechos humanos. La Comisión asintió que revisaría el documento de recomendaciones y que incorporaría las que considerara pertinentes para el sistema. Como usualmente se hace toda vez que la Comisión goza de independencia del seno de la OEA. Ecuador y Venezuela se negaron a aceptar que el documento no fuera de obligatorio cumplimiento para la Comisión, a pesar que el derecho interamericano es claro en este sentido.

El día 21 de mayo, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó una carta a los Estados miembros sugiriendo reformas al estatuto de la Comisión Interamericana en aras de que las recomendaciones de la Asamblea General (es decir, las del Grupo de Trabajo en este caso específico) sean obligatorias. De esta manera, Insulza ha tomado posición clara a favor de dos de los estados que más han atacado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador y Venezuela. La carta de Insulza no sólo es peligrosa para la Relatoría de Libertad de Expresión, sino para todo el avanzado sistema interamericano de protección de los derechos humanos en nuestro continente. Se dice que la decisión de Insulza se debe a la intención de hacerle un guiño a Venezuela para que no continúe con su intención de salirse de la OEA. Es decir, para Insulza el sistema de protección es sacrificable en aras de satisfacer los caprichos chavistas.

Los conflictos diplomáticos en órganos multilaterales requieren de salidas negociadas entre los estados buscando lastimar lo menos a los actores estatales. Venezuela y Ecuador no tienen la fuerza diplomática para conseguir lo que pretenden. Lo preocupante es que Brasil está apoyando los disparates venezolanos y ecuatorianos. El grande de Sudamérica está enfurecido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de 2011, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a grupos indígenas en donde solicitaba al Estado brasileño que se detuviera la construcción de la hidroeléctrica más grande del continente porque se había violado el derecho a la consulta de la población indígena. El enojo de Vilama Ruseff fue tanto que retiró a su embajador ante la OEA (hasta la fecha no lo ha devuelto), y congeló las aportaciones de Brasil a la Comisión Interamericana  hecho que casi lleva a la bancarrota a dicha Comisión.

La primera semana de junio es la Asamblea General de la OEA en Cochabamba, Bolivia. Ahí se discutirá la carta de José Miguel Insulza que busca reformar el estatuto de la OEA para que las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo (que debilitan de manera importante el sistema de derechos humanos) sean obligatorias. Esto implicaría modificar el estatuto de la Comisión, hecho que jamás se ha hecho.

Estados Unidos y Canadá, junto con Uruguay, Chile Panamá y Costa Rica, son el grupo que públicamente han expresado estar dispuesto a defender a la Comisión y a la Relatoría de la Libertad de Expresión.

México no se ha pronunciado en ningún sentido. Ha adquirido un papel de negociador entre ambas posiciones con el objetivo de buscar una salida diplomática que no borre un sistema de defensa de los derechos humanos que es reconocido como uno de los mejores del mundo. El asunto es que el gobierno mexicano tendrá que tomar una posición pública en Cochabamba. Sería una vergüenza que se uniera a Correa y a Chávez en su intento por silenciar la Relatoría de la Libertad de Expresión.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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