El foco de la elección del 1 de julio se ha puesto casi de forma exclusiva en la pelea por la presidencia de la República. Sin embargo, ese día estará mucho más en disputa: en particular, estaremos eligiendo a 2,104 cargos, tanto federales como locales.
Además de la elección presidencial, se van a renovar ambas cámaras del Congreso federal. Escogeremos, por tanto, a 500 diputados (300 de mayoría relativa y 200 por representación proporcional) y 128 senadores (96 por elección directa estatal y 32 por lista nacional).
También se renovarán siete gubernaturas, incluyendo las de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Yucatán y la jefatura de Gobierno del Distrito Federal; 580 diputaciones locales en 15 estados (347 de ellos de mayoría relativa y 233 de representación proporcional); y 888 alcaldías y jefaturas delegacionales en 16 entidades federativas, incluyendo la elección extraordinaria del municipio de Morelia, que fue anulada en la contienda del año pasado.
Según la última encuesta de Consulta Mitofsky –del 13 de mayo– dos tercios de la población piensa votar por el mismo partido tanto para la presidencia como para los candidatos al congreso; veinte por ciento declara que lo hará por diferentes partidos, es decir, dividirá su voto; y un catorce por ciento todavía no lo ha decidido o francamente no lo ha pensado siquiera.
Dicha encuesta refleja, además, que la preferencia efectiva para el Congreso no es muy diferente que para la elección presidencial: la coalición del PRI-PVEM alcanzaría un 49.2% de los votos; el PAN un 28.3; la alianza de los partidos de izquierda obtendría 20.8 por ciento; y Nueva Alianza alrededor del 1.7.
Con casi la mitad de la votación a su favor, el PRI (y su socio verde) lograría –de forma holgada– la mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.
Cabe recordar que por el diseño de nuestro sistema electoral, a un partido le basta una votación del 42.2 por ciento para alcanzar dicha mayoría (al menos en la Cámara de Diputados), fenómeno que por cierto no sucede desde 1997, a mitad del sexenio zedillista. En la Legislatura actual, por ejemplo, el partido del Presidente únicamente cuenta con el 29 por ciento de los diputados y el 41 por ciento de los senadores.
De esta forma, la pregunta que deberíamos plantearnos es si le damos o no un amplio respaldo en el Poder Legislativo al vencedor de la contienda presidencial.
La cuestión aquí sería decidir si la ausencia de una mayoría legislativa afín al Presidente es la culpable del crecimiento mediocre de los últimos años y de la falta de reformas estructurales (como sostienen algunos) o, por el contrario, dicha fragmentación en realidad es un efectivo contrapeso, que ha evitado posibles abusos (como aseveran otros). Hay muchas voces –y muy calificadas– que defienden una u otra alternativa.
Sin duda, nuestro voto para elegir a los miembros del Congreso será igual de importante –si no es que más– que el destinado a decidir quién será el próximo Presidente de este país. Y lo cierto es que este asunto está recibiendo muy poca atención.
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