En los últimos días Veracruz ha estado en el ojo público por el asesinato de cuatro reporteros, incluyendo a la corresponsal de la revista Proceso. En ese estado han perdido la vida siete periodistas en los últimos dieciocho meses.
Lo dramático –más allá de la desaparición de estos profesionales– es que, como informó puntualmente Sin Embargo MX, algunos habían denunciado que estaban amenazados y temían por su vida; dichas amenazas no provenían de ningún cártel o de grupos del crimen organizado, sino de miembros de las fuerzas policiacas, afirmaban.
La prestigiada organización de defensa de la libertad de expresión y de prensa, Artículo 19, así lo consignó en un informe para la Organización de Estados Americanos (OEA). De hecho, uno de ellos –el fotógrafo Gabriel Huge Córdoba– denunció tiempo atrás que había sido secuestrado y torturado por integrantes de la Policía Federal.
En el caso de los crímenes recientes, las autoridades locales se apresuraron a señalar a la delincuencia organizada como el posible responsable de las muertes.
Sin embargo, escéptico de dicha versión, Darío Ramírez, director de la citada organización Artículo 19, sostuvo que es “un mito que se ha querido alimentar, pero el crimen organizado no es responsable de todos los crímenes cometidos contra periodistas (…) las acciones violentas en contra de los periodistas denotan una unión entre el gobierno y el crimen organizado que no permite identificar incluso quién es el perpetrador; además, en el actual escenario veracruzano, pareciera que la propia autoridad es la que impulsa la zozobra y la inseguridad entre la comunidad periodística local”.
Lo cierto es que todas las organizaciones internacionales que velan por la libertad de prensa sostienen que en México la situación no es nada buena para el ejercicio de la labor informativa, y lo peor es que no está mejorando en lo más mínimo. Resaltan los problemas para ejercer la libertad de expresión en algunas entidades del país, así como la impunidad de las agresiones que sufren los periodistas.
Según Reporteros sin Fronteras, por ejemplo, México es el país más peligroso del continente americano para los informadores; y se encuentra entre los cinco “más mortíferos” del mundo.
La reacción de las autoridades ante los hechos de Veracruz ha sido la de siempre. Desde el gobierno federal se han limitado al discurso hueco ya conocido: “condenamos enérgicamente” los hechos, “no quedarán impunes”, etcétera, etcétera. A la par, el gobernador Duarte busca contener el escándalo –que no resolver– mediante la respuesta burocrática tradicional, la creación de dos comisiones: una encargada de ofrecer mayor seguridad al gremio periodístico y la segunda para atender a las víctimas de la delincuencia organizada.
“Si quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión”, dice la sabiduría popular.
El asunto no es menor. Perdieron la vida cuatro personas, pero no solo eso. Como rezaba el lema de la manifestación en España el pasado 3 de mayo, por el día internacional de la libertad de prensa y de expresión, “Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.”
Así las cosas en Veracruz y en buena parte del país. ¿Y nuestras autoridades? Con la cabeza en otro lado: en las campañas y en el primero de julio.
@jose_carbonell
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