No es poca cosa para la sociedad veracruzana y para México: el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y el diario La Jornada, se une a una lista de cinco periodistas muertos arteramente y muchos otros violentados en el estado de Veracruz, la entidad que, de acuerdo con cifras de organizaciones civiles, es donde más agresiones se han cometido contra quienes ejercen el periodismo como profesión.

¿Qué pasa en Veracruz y con Javier Duarte de Ochoa, que en apenas un año y cuatro meses de gobierno ha dejado crecer la violencia y, además, la impunidad contra los comunicadores?

El priísta Duarte de Ochoa asumió el cargo de gobernador el 1 de diciembre de 2010 y, sólo en 2011, en Veracruz fueron asesinados cinco periodistas, además de que dos fueron reportados como desaparecidos, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

Ahora, el nombre de Regina Martínez –quien realizó el reportaje que dio a conocer los detalles del caso de la indígena Ernestina Ascencio, ultrajada por presuntos militares en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz– se une a esa lista de sangrienta que, encima, sigue impune.

En todos los casos, la Fiscalía del estado de Veracruz ha relacionado los asesinatos con el crimen organizado, debido a que es habitual encontrar a las víctimas torturadas o mutiladas –estilo con el que suele matar el crimen relacionado con el narcotráfico–. Sin embargo, esto no quiere decir que otras mafias, como las de los empresarios y los propios políticos, no puedan actuar en forma similar.

El menosprecio de Duarte para ocuparse y resolver los casos de periodistas victimados en Veracruz empieza justo por su administración.

El hecho de no investigar y de no castigar a los culpables de estos crímenes ominosos abre la puerta para que cualquiera, no sólo las bandas del narco, pueda actuar con toda libertad contra los periodistas veracruzanos.

Duarte de Ochoa tiene una deuda no sólo con la sociedad de Veracruz, sino con todo México, pues gracias a sus omisiones –y la de otros gobiernos, hay que decirlo–, organismos como la ONU y la OEA consideran a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano.

El menosprecio se ha convertido en el sello de la administración de Duarte, pues todos los homicidios en su entidad los han cometido aquellos que, de acuerdo con lo que dijo el 21 de septiembre de 2011, incluso merecen morir:

Aquel día, al referirse a la masacre de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, escribió en su cuenta de Twitter: “Es lamentable el asesinato de 35 personas pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”.

También informó que los 35 tenían antecedentes penales, que se les relacionaba con la delincuencia organizada y que sus registros estaban en la Plataforma México. El 6 de octubre de 2011, la vocera del gobierno federal, Alejandra Sota Mirfuentes, lo desmintió: “Nosotros no tenemos información de que el 100% pertenezcan estén ya incluidos a la Plataforma México con antecedentes criminales, precisamente eso está analizando la PGR”.

–¿No todos tienen antecedentes penales?, le preguntó la periodista Denise Maerker.

–No, respondió tajante la vocera.

Pero, repetimos, el priísta Javier Duarte de Ochoa no escucha ni actúa, no asume que la responsabilidad de proteger y garantizar la vida de los periodistas recae en el Estado, y ese ente lo conforman los gobiernos federal, estatal y municipal. Lo suyo, y lo de otros políticos de su clase, es la mezquindad.

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¿Cómo decirle no al apoyo de un panista reaccionario, como Jorge Serrano Limón, si eso también es el PAN?

Para la candidata blanquiazul a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, no debe ser fácil que uno de sus “porristas” más entusiastas sea también el dirigente de Pro-Vida, organización vinculada a los sectores ultraderechistas y más intolerantes del PAN, y quien apenas el pasado 20 de abril fue condenado por un juez federal a cuatro años de prisión al hallarlo culpable del desvío de 2 millones 496 mil pesos que le fueron entregados como donación federal para que equipara nueve Centros de Atención a la Mujer administrados por Pro-Vida.

Parte del dinero, afirma un reportaje de Proceso, lo había gastado en la compra de ropa íntima y estilográficas de lujo. No obstante, el juez le concedió sustituir la pena de prisión y la condena condicional, lo que significa que Serrano Limón no pisará la cárcel si la condena se confirma en última instancia, ya que el delito de peculado no se considera grave.

Y sí, en libertad y señalado por sus numerosos escándalos y exabruptos, ahora se aboca de lleno a hacer proselitismo en favor de Josefina –quien por cierto, ayer, por segundo domingo consecutivo, no tuvo actividades de campaña–. Sin duda, hay militantes incómodos y Serrano es uno de ellos pero, ¿cómo decirle no, si lo que él representa también es parte de Acción Nacional?

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