Posiblemente todos tendemos a bloquear las malas noticias con bonitos pensamientos y supuestos heroicos pensando que así mejorarán espontáneamente, en vez de enfrentarlas en sus términos. Por ejemplo, es muy común no reparar en la dificultad de los problemas nacionales al suponer que todo es problema de los malos servicios de educación. De esa forma, en lugar de enterarse y debatir, depositamos las esperanzas de cambio en un futuro donde se tenga educación de calidad; pudiendo implicar esto que tal vez se esté perdiendo el potencial de la actual generación de estudiantes.
De verdad suena atractivo reducirlo todo a la educación y se ha vuelto un lugar común pensar que es la solución a la corrupción, la seguridad o hasta el mal gobierno sin tener que pensar en temas complejos como la reforma penal, la de seguridad o la política. Sin embargo, esta agenda, como las demás, está detenida por décadas en el Congreso mientras nos llenamos de bonitos pensamientos sobre el futuro.
En lugar de autoengaños tal vez sería necesario pensar que, en la medida que uno de los puntos de veto es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sería conveniente pensar en la reforma laboral como condición previa para entrar al tema educativo.
Lo anterior viene a cuento porque el pasado martes 24 la dirigencia del SNTE se negó a someterse a la Evaluación Universal Docente, acordada con la Secretaría de Educación Pública el 31 de mayo de 2011. Bajo este acuerdo el 24 de junio próximo se someterían a este examen los 550 mil maestros del país, aunque los resultados en esta ronda no llevarían a despidos del personal que no aprobase. Al día de hoy siguen las negociaciones con la SEP, sin que se vea un acuerdo en el futuro inmediato.
La dirigencia del SNTE rechazó que se opusieran a la evaluación, pero se opusieron a que se realice si no se cumplen todos los procesos para hacer un diagnóstico completo de los maestros evaluados. De paso se alegó incumplimiento de varios acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación que, por cierto, se firmó cuando Josefina Vázquez Mota se encontraba al frente de la SEP. Entre las demandas incumplidas se señalan la no definición de un perfil docente, que el instituto que realice las evaluaciones no se autónomo y que a los maestros no les han llegado las guías de estudio ni se dispone de fondos suficientes para capacitar a aquellos maestros que no hayan tenido una calificación aprobatoria.
Mucho se ha especulado sobre las lecturas políticas de este rechazo, desde una posible ruptura con el gobierno de Felipe Calderón hasta la intención de realizar la evaluación hasta 2013, con el fin de que el beneficiario de implementar la política sea el próximo Presidente, asumiendo, dirían los analistas, que sea Peña Nieto.
En realidad, y más allá de diagnósticos y conspiraciones, el SNTE eligió un buen momento para externar su desacuerdo. El Presidente va de salida y tiene pocos márgenes de maniobra para negociar o imponerse. Y el sindicato demuestra su músculo como señal de advertencia para quien ose desafiarlo el próximo sexenio, venga del partido que venga. ¿Impopular? Tal vez, pero en ese punto el gremio sabe mover sus fichas.
Como es de esperarse todos los actores políticos se han manifestado en contra de la decisión del SNTE, aunque la mayoría opta por hacerse a un lado. El martes 24, ante los asistentes al foro “Un futuro para todos”, Enrique Peña Nieto lamentó la decisión del magisterio pero afirmó que es responsabilidad del gobierno concretar la evaluación.
En ese mismo evento, Gabriel Quadri se manifestó a favor de la evaluación, pero hizo suyas la demanda del sindicato por crear un órgano autónomo para las evaluaciones. Incluso afirmó que deberían sujetarse a exámenes de oposición las plazas de secretario de educación federal y locales, tal y como se pretende con los maestros.
El mismo día, Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia de prensa que era inaceptable que los maestros se nieguen a la evaluación; aunque también expresó que los exámenes no deberían usarse con propósitos políticos para perseguir a disidentes o quienes tienen una postura distinta a la SEP. Reiteró que su secretario de Educación Pública de ganar la Presidencia, Juan Ramón de la Fuente, propuso la creación de un órgano evaluador independiente de la SEP y el SNTE.
Mientras tanto el tema del magisterio, quien es un punto de veto para cualquier propuesta de reforma que se quiera llevar a cabo, apenas aparece en las propuestas de los partidos en materia educativa. Incluso el PRI se manifestó en esta última legislatura por tocar a los sindicatos en el debate en torno a la reforma laboral que, dicho sea de paso, ya duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. López Obrador insiste en no tocar a los sindicatos, pero sí en perseguir a líderes que él considere nocivos. Y el PAN dejó pasar doce años sin hablar con claridad sobre el tema o darle el impulso necesario.
En lugar de buscar medidas para transparentar a los sindicatos, fortalecer su democracia interna o debilitar los monopolios gremiales al eliminar mecanismos como la cláusula de exclusión, los partidos optan por propuestas políticamente correctas en materia educativa: ampliar la cobertura, jornadas completas, abrir la posibilidad de cursar bachillerato y carreras técnicas, por citar algunas.
Incluso el PRD pretende desviar la atención al problema presentando a la titular del SNTE como la responsable de los males de la educación en lugar de hablar del monopolio sindical, como se aprecia en la imagen que abajo se anexa. Es decir, aun cuando se pudiera remover a la profesora, la estructura de intereses permanecería intacta y con el mismo poder de disuasión.
Mientras tanto, en lugar de hacer diagnósticos adecuados, la mayoría de la gente opta por sentirse bien pensando que algún día tendremos una mejor educación por la buena voluntad de los políticos.
