Una ley más para un país donde la ley es lo último que se respeta. Una ley que tiene buenas intenciones sobre la protección de dos poblaciones en riesgo, periodistas y defensores de derechos humanos, pero que se augura su ineficacia. Una ley que busca suplir la ausencia seria de políticas públicas para atender la indefensión de estos grupos en México. Una ley que no peca de contenido interesante, pero que sigue teniendo los problemas de fondo que han impedido que otras acciones produzcan algún cambio positivo. En este caso los tiempos políticos, su contenido y viabilidad hacen que sea, aparentemente, un documento legal de buenas intenciones pero de ejecución inviable en nuestro país. Ojalá me equivoque.

Con el apoyo de varias organizaciones civiles, recientemente las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la iniciativa de Ley de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Organizaciones especializadas consideran la ley como un avance, por ello llevan trabajando meses con el Senado para su elaboración. Según las organizaciones civiles: “La iniciativa busca garantizar la protección rápida y efectiva de las y los defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentren en riesgo por el ejercicio de su labor. Para ello, la ley contempla un mecanismo que contará con las facultades para la implementación tanto de medidas de prevención que busquen atacar las causas estructurales que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos humanos y a periodistas, así como medidas de protección encaminadas a disminuir los factores de riesgo cuando éstos enfrenten actos de agresión en su contra”.

La ley en cuestión no es el primer intento en materia de protección a periodistas que se gesta en nuestro país. El ejemplo más bochornoso sería la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión. Su instalación, se pensó, aseguraría investigaciones diligentes en la materia. Nada más lejano a la realidad. Luego vino el mecanismo de protección a periodistas. Es tal el desgobierno dentro del ejecutivo federal, que hoy existen dos mecanismo de protección, uno para periodistas y uno para defensores. Ambos con historias diferentes, documentos fundacionales distintos pero ambos sumamente ineficaces para hacer frente al incremento evidente de agresiones a la prensa. El de defensores se elaboró y firmó al vapor para ser presentado como logro por el gobierno a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de advertir que el documento carecía de elementos esenciales la Oficina de la ONU en México solapó la pifia y engaño del gobierno.

¿Por qué habría que ser optimistas con esta nueva ley? Los argumentos escasean por lo abrumador que son los ejemplos negativos. Sin embargo, se debe recalcar que es el documento en materia de protección más terminado que hay en México, con lo que podemos confirmar que de ser aprobada sería un avance legal. Contrario a lo hecho anteriormente, el ejercicio entre senadores y algunas organizaciones de derechos humanos durante cuatro meses produjo un documento serio. Sin embargo, siguen existen algunas carencias importantes en el documento legal para su aplicación. Por ejemplo, la ley es de obligado cumplimiento para autoridades federales. Sin embargo, los principales perpetradores de la prensa en número son las autoridades estatales. A pesar de asegurar la obligatoriedad para las autoridades federales, por límites del federalismo, las autoridades estatales tienen que firmar un acuerdo de cooperación. Un sistema que está claramente probado como ineficaz. Es decir, el problema más serio para brindar protección no es resuelto por la ley. Así mismo, la definición de “agresiones” no incluye asesinato y desaparición. Las agresiones más graves contra la prensa son estas dos. La ley claramente duplica protección, es decir, ya existe fuentes legales que dan un paraguas de protección similar al que impondría la ley. Al mismo tiempo lo que resulta debatible es la idea de que es necesario crear una ley para asegurar la creación de un mecanismo de protección y no se haga a través del diseño de una política pública. Engordar nuestro marco legal no necesariamente asegura eficacia.

Hoy tenemos mecanismos eficaces de protección pero sólo en papel. Que sean susceptibles de mejor puede ser cierto, pero la protección a periodistas y defensores no falla por los errores que se han cometido a la hora de los diseños de los mecanismos. Fallan por problemas de mucho mayor calado, como la impunidad. La protección de periodistas y defensores es solamente el curita (necesario, pero sólo eso). Podremos definir el mejor mecanismo, pero mientras no se meta a la cárcel a las autoridades locales que agreden a la prensa o a defensores. Mientras sea “posible” asesinar un periodistas sin la menor consecuencia, entonces el problema más serio sigue existiendo entre nosotros. Mientras no haya una respuesta de estado a esa ilegalidad. Ningún mecanismo de protección temporal podrá hacerle frente a una realidad que nos desborda. Sólo el año pasado hubo más de 165 agresiones a la prensa. Imaginemos que llevamos la mitad al comité creado por la ley de protección, sería prácticamente imposible atender dichos casos. La ley acierta en procurar dar una respuesta a la emergencia que vivimos. Sin embargo, la ley no puede crear voluntad política en nuestras autoridades. Y es ahí donde la penuria quiebra todo. Con la voluntad de verdaderamente atacar el tema de la desprotección, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno podrían haber actuado. Es cuestión de querer y en el fondo la evidencia nos dice que no quieren. De ahí la necesidad del curita para atender una hemorragia.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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