La semana comenzó con un escándalo más. Un episodio más de la vida política. Uno de esos que no aportan más que el cotilleo fugaz y algunos charcos de tinta de los medios de comunicación. En esta ocasión, las baterías tenían en la mira a Josefina Vázquez Mota. La abanderada panista tenía previsto participar en la mesa de análisis de Carmen Aristegui. La periodista y sus comentaristas no dejaron pasar la oportunidad ni el hecho y la fustigaron con preguntas. Ya circulaba en la red, a través del portal La Silla Rota, una grabación (luego nos enteramos que era obtenida de manera ilegal) en la que Vázquez Mota se mofaba de que la estuviera grabando Genaro García Luna y Alejandra Sota. Al final de la grabación, en tono de molestia, la candidata avienta el ya famoso “pinche Sota”.

Josefina Vázquez Mota no tuvo reparo en no contestarles nada a Carmen Aristegui y a sus colaboradores. Simplemente señaló que la obtención de esa grabación había sido de manera ilegal. No fijó una postura. El tono de la entrevista estaba dado. El preámbulo había degastado el primer acto. La candidata presidencial ejerció su maestría para no contestar preguntas de manera directa. Sus malabares fueron poco efectivos para ocultar su esencia esquiva. Al final, motivos de agenda le permitieron salir despavorida de uno de los programas de mayor rating en la radio. Paradójico en sí mismo el hecho.

Los petardos entre candidatos y partidos no deben ser cosas que nos extrañen. Los vemos aparecer en cada elección en México. Cual destellos de fuegos artificiales, alumbran el imaginario colectivo por breves momentos. Su presencia es fugaz. Las grabaciones telefónicas de políticos y autoridades son parte de nuestra democracia. Nos guste o no. Sean legales o no. Basta recordar aquellas grabaciones de Mario Marín (en aquel momento gobernador de Puebla) y Kamel Nacif, “el rey de la mezclilla”, donde su contenido y lenguaje indignó a gran parte de la población. La grabación (también obtenida de manera ilegal) evidenció la persecución de estos personajes a la periodista Lydia Cacho y dejó a la luz pública su participación en redes de trata de personas. En otras palabras, el interés público del contenido de la grabación era irrefutable. La grabación de Josefina Vázquez Mota alimentará a los muchos analistas que degustan este tipo de capítulos de nuestra política. Lo cierto es que pone de manifiesto diversos aspectos, pero el central es la soltura con la que la candidata reconoce que la está grabando el jefe de la policía, Genaro García Luna. Si una militante del gobierno en turno reconoce dichas prácticas del secretario de Seguridad Pública, la pregunta es ¿qué tanto sabe el señor García Luna de la clase política para ser intocable?

La primera reacción de un político cuando una grabación suya sale a la luz es aludir a que fue obtenida de manera ilegal. Esto resulta cierto y no lo podemos soslayar ni olvidar de ninguna manera. Según el artículo 16 de la Constitución, párrafo 12, "Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”. Por lo anterior, todas aquellas grabaciones que reproducen los medios de comunicación violan la ley y la Constitución. Ahora bien, la periodista Aristegui aludió a que el contenido de la grabación de la candidata panista era de interés público. Y bajo esa premisa decidió hacer uso de la libertad de prensa para mostrar su contenido al público. De aquí se desprenden algunos interesantes debates. El primero que tiene que ver con la divulgación de un contenido obtenido de manera ilícita y la ponderación de este contra el interés público de la información. Esta ponderación la deberían hacer de manera profesional los medios de comunicación. Es comprobable asumir que esto no pasa en la mayoría de los casos. Por el contrario, el dar la nota y tener un éxito comercial toman prioridad sobre su responsabilidad periodística. La importancia de la ponderación es que no hay una receta mágica para llegar a una respuesta adecuada. La ponderación te aporta el mecanismo para verificar y procesar todos los ángulos posibles. Por ello, aquellos medios que reproducen sin estupor filtraciones de documentos, grabaciones y videos violan la ley y principios periodísticos. No está de más señalar que el hecho de que los tengan en su poder no representa una obligación de divulgarlos. Si el interés de divulgarlos pasa por el departamento de ventas y rating, entonces estamos hablando de otra cosa.

Esto viene a colación porque la tormenta electoral (el eufemismo de tormenta es intencional), seguramente nos traerá muchos episodios como el capítulo “pinche Sota”. Los electores nos enfrentamos al problema de qué hacer con la enorme cantidad de basura informativa que hay en nuestros medios de comunicación. Información disfrazada de propaganda, información manipulada, arreglos entre medios y partidos políticos para coberturas favorables.  Dentro de toda la tormenta debemos reconocer, diferenciar y discernir la información que verdaderamente nos ayude a tomar una decisión para emitir un voto responsable. Los golpeteos, jaladas de pelo, sacadas de lengua entre candidatos no serivirán al elector, sin embargo, seguro aparecerán en nuestras pantallas y en nuestros radios. Tampoco hará fácil la tare la sobre saturación de imágenes clichés y frases huecas con las que nos inundarán nuestros candidatos en la radio y la TV. Pero las elecciones se deben de ganar con ideas, no con spots que parecen anuncios de productos comerciales. La legislación electoral intentó marcar una cancha en la cual los actores no quieren jugar. Intentar evitar la guerra sucia como la del 2006 parece un reto poco apetecible para los participantes en la contienda. El capítulo “pinche Sota” parece ser la campanada de salida para recibir el alud de golpes bajos que pueden dar el tono a una elección tan competida como la que comenzará en pocos días. De ser así, como dice la pirinola, perdemos todos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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