La sala la miraba con desconcierto. La pregunta era prudente: ¿Quién es ella? Así comenzó su intervención, “hablo por todos los familiares de los periodistas desaparecidos, porque como yo, hay familias enteras que han pasado por varias instancias de justicia sin obtener ningún resultado favorable”. Continuó diciendo “como familiares de periodistas desaparecidos, es difícil salir adelante y no poder darle respuesta a nuestros hijos del por qué de su ausencia. Son seis años desde la desaparición de mi esposo, y han sido los mismos seis años desde la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención contra Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Los mismos seis años de gobierno de Felipe Calderón. Y los mismos seis años de dos administraciones estatales en Michoacán, y un sin número de agentes del ministerio público; pero las víctimas siempre son las mismas”, concluyó enérgicamente Rosa Isela, esposa de José Antonio García Apac, uno de trece periodistas desaparecidos en México.

Una mujer valiente que demanda justicia y certidumbre jurídica. Demanda, junto con sus hijos, saber el paradero de su esposo y padre. Su incertidumbre no es única en México. La crisis de seguridad pública nos ha convertido en un país de desaparecidos y asesinados, sin ninguna explicación real. La voz de Rosa Isela debería irrumpir en la tranquilidad de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Aquellas autoridades que han sido omisas y negligentes para cumplir con la tarea que la sociedad les ha encomendado. El reclamo de justicia se suma a la larga lista de periodistas asesinados en México.

Rosa Isela participó en la presentación del informe 2011 sobre agresiones a la prensa, titulado Silencio Forzado: El estado cómplice de las agresiones a la prensa, elaborado por Artículo 19. El informe busca deconstruir la violencia, busca aportar elementos de análisis y juicio para comprender quién, cómo, por qué y dónde se está agrediendo a la prensa.

Fenómeno agravado por los problemas de inseguridad que actualmente afectan al país, Artículo 19 ha advertido también un incremento preocupante de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios. En los últimos años, el patrón de la violencia contra la prensa ha cambiado sus características. Si en algún momento se habló de comunidades totalmente silenciadas, dado el efecto de las amenazas sobre las empresas periodísticas que se impusieron la autocensura como principal medida de supervivencia, en algunas etapas de esta historia los propios medios le mostraron a los criminales el valor que tienen los espacios periodísticos. Fue entonces que ellos también quisieron entrar y tener voz.

Así transitamos al escenario de los periodistas rehenes, una nueva época en que garantizar la seguridad de las instalaciones y la integridad de la plantilla laboral pasa por difundir los mensajes que los delincuentes desean transmitir. Todo, ante la ineficacia del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho a la libertad de expresión, lo cual ha motivado el incremento y perpetuado estas violaciones.

El informe Silencio Forzado tiene como fin hacer un recuento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación durante 2011, pero también se propone ser una memoria más amplia de años recientes (especialmente de 2009 a 2011) y ofrecer una lectura de cómo las represalias que tradicionalmente se dirigían contra quien desafiaba a la figura presidencial o cuestionaba la actuación de los encargados de la función pública, se transformaron y escalaron en magnitud y frecuencia, merced al control que las autoridades —las legalmente instituidas y las de facto—, ejercen sobre la información en varias regiones.

Aun así, en 2011 las cifras volvieron a elevarse. Durante el año pasado se presentaron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa, entre las cuales se encuentran nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios, sólo para hablar de los casos de mayor impacto.

Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran Veracruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11). El caso de Veracruz merece especial análisis no sólo porque las agresiones se hayan incrementado 300% respecto del año anterior, sino porque la violencia contra la libertad de expresión se presentó en todas sus facetas.

El territorio veracruzano fue escenario de asesinatos y desapariciones de periodistas, de ataques violentos contra medios de comunicación, abusos de las autoridades contra reporteros en coberturas y aun de acciones penales emprendidas por el propio gobierno estatal contra la libertad de expresión. El caso presentó tales peculiaridades que permitió a Artículo 19 advertir una alta incidencia e incorporar a sus categorías de análisis un fenómeno que si bien, puede no ser nuevo, se presentó de manera masiva en la entidad durante el pasado año: el desplazamiento forzado y la reubicación de informadores en otras entidades o en el exilio, ante el riesgo para su vida y seguridad.

“El caso de mi esposo lo han enviado a reserva tres veces porque dicen que no existen elementos suficientes para investigar. Yo más bien creo que no lo han querido hacer. Nunca entenderán el dolor que causa el sentir que no sabrás qué le pasó”, apuntó Rosa Isela. Silencio Forzado debe de ayudarnos para enderezar el camino y demandar acciones efectivas. Debemos tener claro que los ataques a la prensa son un ataque a nuestro derecho a la información.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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