La escalada de presiones políticas y mediáticas del gobierno de Felipe Calderón sobre la Suprema Corte de Justicia llegó a su máximo nivel, a unas horas de que los cinco ministros de la Primera Sala Penal determinen si aprueban o no el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, quien propuso la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez como resultado de las irregularidades procesales en su contra.

La presión ya no se circunscribió a la presunta candidata panista a jefa de Gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace, quien se convirtió en vocera de las víctimas y defensora de Genaro García Luna. Miranda de Wallace, con apoyo de medios afines, organizó un road show para exigirles a los ministros que no liberen a Florence Cassez. En la segunda parte del reality judicial también participó el subprocurador Cuitláhuac Salinas Martínez, titular de la SIEDO. El funcionario tuvo la puntada de justificar las irregularidades de la detención de Florence Cassez por el tráfico de ese día: “hay que analizar el tránsito ese día, la disposición de vías, cuestiones que son tan particulares”.

Ahora la presión la encabeza el primer mandatario Felipe Calderón. Acompañado de su socio y funcionario estelar, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (director de la AFI durante la “recreación indebida” de la detención de Cassez e Israel Vallarta), Calderón se lanzó en un discurso agresivo, admonitorio para reclamarle al Poder Judicial que “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”.

El discurso de Calderón no ha tenido buena recepción en las redes sociales y en varios medios impresos. “Intromisión indebida”, tituló el periódico La Jornada en su editorial de hoy. Varios usuarios de Twitter recordaron la protección de Calderón a García Luna y se extrañaron porque nunca actuó con la misma vehemencia en otros casos como el de la guardería ABC o el Casino Royale.

El episodio de este 21 de marzo revive lo ocurrido en febrero de 2011, cuando el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, le negó el amparo a la ciudadana francesa. En esa ocasión, los tres magistrados integrantes del Séptimo Tribunal, tenían una votación dividida. Acabaron votando unánimemente para negarle el amparo a Cassez. El magistrado Carlos Hugo Luna Ramos, hermano de la ministra Margarita, y de Alejandro, actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezó la negativa de amparo.

Las presiones contra los tres magistrados no trascendieron en los medios mexicanos, salvo en la televisión francesa que en aquella ocasión se adelantó y anunció que Cassez podía salir liberada con una votación de 3 a 2. El resultado final de 3 votos en contra de la liberación de la ciudadana francesa. Varios magistrados confiaron, en privado, que las principales presiones provinieron del poder mediático y del poder político, especialmente, de Felipe Calderón.

Ahora no se trata de una presión tras bambalinas. Es abierta, frente a las cámaras de televisión nacionales y extranjeras y sin pudor por el elemental respeto a la autonomía del Poder Judicial y a la división de poderes.

No son pocos los intereses que se entrelazan en esta coalición que actúan en lo que podemos llamar el “Supremo Corte” del reality judicial que inició en diciembre de 2005 en torno al caso de Cassez.

Sólo por enumerar alguno de esos intereses:

-La revista Proceso documentó en su reciente edición 1846 que uno de los personajes claves en la trama es el exagente del Mossad y empresario Eduardo Margolis Sobol. Margolis tuvo como socio al hermano de Florence, Sebastian Cassez, en la empresa Radiancy, al mismo tiempo que mantenía una estrecha relación con la SIEDO y con la AFI por su papel como presunto intermediario para resolver secuestros en la comunidad judía de México y para montar empresas de seguridad.

Margolis no sólo es un empresario próspero, amigo de Genaro García Luna y de Isabel Miranda de Wallace. También es accionista de la empresa CV Directo, dedicada a la venta de “productos milagro” en la pantalla televisiva. Cualquiera que sintonice los canales de Televisa puede observar que CV Directo es uno de los principales clientes de la empresa de Emilio Azcárraga Jean.

-La CNDH ha tenido una posición más cercana a la de Miranda de Wallace, en claro contraste con la comisión capitalina de derechos humanos (CDHDF). La posición de la CNDH no es casual. El suegro de Emilio Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht, padre de Sharon Fastlicht, es integrante del Consejo Ciudadano de la CNDH. Fastlicht, perteneciente a la comunidad judía mexicana, también participó en el consejo ciudadano de la PGR.

-En el reality judicial también interviene el interés personal del presidente francés Nicolás Sarkozy, en plena campaña de reelección. Desde su anticlimática visita a México, Sarkozy dejó en claro que el caso de Florence lo tomaría como una cruzada personal.

Esta situación condujo a una inevitable confrontación personal con Felipe Calderón. Paradójicamente, ambos mandatarios son muy similares: presionan, representan a una derecha populista y toman los asuntos de Estado como si fueran cruzadas personales.

-Los medios franceses, en especial, France2, y los periódicos y revistas han desentrañado contradicciones y evidentes fraudes ministeriales en el proceso contra Florence Cassez.

Por ejemplo, hace un año en el programa Envoyé Spécial, conducido por Fraincoise Joly y Guilaine Chenu, exhibió a Ezequiel Elizalde, exiliado en Texas, como un testigo protegido de la policía que miente para simular una condición de “detective” y estudiante de “criminalista”.

-Los cabos sueltos del caso son múltiples. Y la otra cara del reality judicial también comienza a ventilarse en algunos reportajes. El periódico Reforma publicó este martes 20 de marzo que Ezequiel Elizalde declaró ante la PGR que su suegra y su cuñado estuvieron implicados en su secuestro.

“La propia víctima declaró ministerialmente que uno de sus tíos, de nombre Fernando Flores Bonilla, es integrante de la AFI, la corporación que indagó su plagio”, advierte el reportaje firmado por Abel Barajas.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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