Supongamos que es normal que un jefe de Estado busque cuidarse las espaldas una vez terminado su mandato. Cerrar el paso a persecuciones, con o sin sentido, y a vendettas de sus oponentes políticos. Esta hipótesis tendría que recargarse también en el supuesto de que hay algo que guardar y ocultar. La administración de Felipe Calderón comienza a pensar en el futuro y aún con más ahínco si ponen en la balanza la latente posibilidad que la próxima administración no sea panista. Hay preguntas obvias y necesarias que deberemos hacer a la administración que termina. Es parte de la democracia. Necesitamos elaborarle preguntas que respondan a una verdadera rendición de cuentas y transparencia de su quehacer gubernamental.

Recientemente se conoció que la nueva propuesta para llenar la vacante del IFAI es el licenciado Gerardo Laveaga. La buena noticia es que el Presidente desistió de nombrar a un funcionario público menor como Ricardo Celis. Aunque nunca fue oficial, se conoció también la intención de Benjamin Hill (esposo de Alejandra Sota) de contender por el puesto. Todos los nombres tienen algo en común: gozan de la confianza del Presidente y su autonomía estaría en duda.

Al final, parece ser que los amarres entre el PAN y el PRI en el Senado están listos para que no haya objeción para el nombramiento de Laveaga. Por ello, valdría la pena preguntarnos: ¿Quién es este personaje? Es abogado de la Escuela Libre de Derecho (en efecto, la misma escuela en la que estudió el presidente Calderón), cuenta con maestrías en Derecho y en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Es reconocido jurista en el ámbito penal. En el servicio público se ha desempeñado como Director General de Relaciones Institucionales del Departamento del Distrito Federal; Director General del Ministerio Público en lo Familiar y Civil; Director General de Prevención del Delito en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República, entre otros cargos. Desde agosto de 2001, es Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Por lo anterior, la pregunta obligada sería: ¿Y qué sabe de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas? ¿Qué experiencia en la materia de la Ley de Acceso a la Información le acreditaría para ser comisionado del IFAI? La respuesta es: Ninguna. La siguiente pregunta sería: ¿Y por qué nombrarlo como comisionando del IFAI? Al parecer, a Gerardo Laveaga le tocará ser el guardaespaldas de la actual administración en el IFAI. La evidente falta de credenciales del maestro Laveaga nos obliga a desconfiar sobre los intereses en su nombramiento. Pero por si eso no fuera poco, expongo las siguientes razones por las que sostengo que su nombramiento es un golpe al IFAI: 1) La propuesta de nombramiento no cumple con la exigencia legal del artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia, que claramente impone como requisito para ser Comisionado del IFAI el  “Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley”; 2) La procuración de justicia deberá ser una de las áreas dónde se demande mayor rendición de cuentas. Gerardo Laveaga ha afirmado públicamente que no está a favor de la apertura de las versiones públicas de las averiguaciones previas concluidas. De esta manera, según Laveaga, las averiguaciones deben permanecer reservadas. Ahí su talante y compromiso con la transparencia en un área fundamental; 3) Su cercanía con el presidente Calderón pone en seria duda su autonomía en la gestión y decisión dentro del IFAI.

El maestro Laveaga tiene una amplia y probada experiencia en derecho penal. Su actual cargo, director del INACIPE, hace que su jefa sea la Procuradora General de la República. Es importante decir que es la PGR quien más se ha negado acatar las decisiones finales del IFAI. Hecho que vuelve a poner en duda su independencia frente a los intereses de la administración federal. Como toda rama del derecho, el acceso a la información y transparencia requiere de compromiso moral y de experiencia en la materia. Dos elementos fundamentales ausentes en el perfil de Laveaga.

En México, el derecho de acceso a la información es joven y débil. La cultura de la opacidad está arraigada de manera profunda en el quehacer gubernamental. A pesar de contar con este derecho constitucional, sigue habiendo partes de la administración pública que no rinden cuentas a quienes les pagamos y sostenemos. El diseño del IFAI requiere de comisionados imparciales, autónomos y expertos en la materia que les compete. De lo contrario, una institución que ha costado tanto tenerla puede ir desapareciendo conforme sus comisionados tengan intereses ajenos o distintos al interés público de la información. Felipe Calderón ya colocó en el IFAI –bajo severa crítica– a una comisionada experta en Seguridad Nacional. Ahora quiere un experto en procuración de justicia. La pregunta es ¿Por qué? Lo cierto es que el perfil de Gerardo Laveaga está lejos de lo deseable para salvaguardar la autonomía e independencia del IFAI. En la recta final, Calderón desperdicia su última oportunidad para fortalecer el régimen de transparencia  y opta por decantarse como un jefe de estado preocupado por cuidar sus espaldas y obstaculizar el funcionamiento del IFAI.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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