El PRI local y nacional le dan palmadas en la espalda, lo apapachan y dicen que apoyan las medidas de seguridad que ha implementado en Nuevo León. Pero, lo cierto, es que la eficiencia de Rodrigo Medina de la Cruz para combatir al crimen organizado está en entredicho.

No sólo los partidos y políticos opositores han criticado el fracaso de sus estrategias contra las bandas delictivas, desde que el priísta llegó a la gubernatura, el 4 de octubre de 2009.

El 28 de agosto de 2011 –luego de la tragedia del 25 de agosto en el Casino Royale, que costó la vida de 52 personas– centenas de ciudadanos se reunieron afuera del Palacio de Gobierno para pedir su renuncia.

Ahora, en un reclamo generalizado, la cúpula empresaria de esa entidad exige a Medina de la Cruz reconocer públicamente que no puede con el problema y, de plano, entregue esa tarea a las fuerzas militares y federales.

En la reunión mensual de Incidencia Delictiva, los presidentes de la Caintra, Eugenio Clariond Rangel; del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, Víctor Zorrilla Vargas, y el director de Coparmex, José Mario Garza Benavides, criticaron la forma cómo el gobernador ha enfrentado el problema y sus nulos avances.

El crimen organizado tiene a la entidad en sus manos, reclamaron, y como nunca antes Nuevo León vive, día con día, una mayor violencia, derivada de la disputa ente los cárteles de Los Zetas y del Golfo.

Monterrey, la tercera ciudad más grande de México, ha visto disminuida su reputación de polo industrial del país, para dar paso a un escenario de secuestros, extorsiones y matanzas.

Otro de los protagonistas del poder económico en esa ciudad, el presidente del grupo Cemex, Lorenzo Zambrano Treviño, comentó apenas hace dos días:

“Hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado y se manifiesta de forma, de esta manera, es increíble y a mí me lastima igual que a todos ustedes en lo personal, el saber que aunque hemos avanzado en algunas partes en el área de seguridad, hay otras como la que acabamos de ver que muestra que tenemos mucho que hacer todavía.

“Mientras no haya personas claramente capaces y responsables de las áreas de seguridad en Nuevo León, no vamos a avanzar con la rapidez que debiéramos; hay áreas que han ido bien, como es la creación de la nueva Fuerza Civil, y otras que están avanzando razonablemente, pero en general yo diría que falta muchísimo, en la capacidad de que haya consecuencias inmediatas a fallas de, diría a fallas menores, fallas que no se manifiestan con la brutalidad, como se manifestó lo del Cereso recientemente aquí en Nuevo León”.

Otro poderoso que ha criticado a Medina es José Antonio Fernández Carbajal, presidente y director de FEMSA: “Hay que decirlo con todas sus letras: las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno en Nuevo León han tenido un desempeño evidentemente insatisfactorio y decepcionante”.

Por su parte, la presidenta del PAN en ese estado, Sandra Pámanez Ortiz, difundió un boletín titulado “Cuando la memoria es corta, el cinismo es grande”. En él documento expuso su “pena por el hecho de que el PRI sólo voltee a mirar a Nuevo León cuando Rodrigo Medina de la Cruz y sus empleados tienen al borde del colapso a nuestro estado y no ha dicho nada durante los meses y meses que hemos sufrido su incapacidad, insensibilidad y superficialidad”.

La cosa está que arde para el joven mandatario que, muy pronto, prácticamente semanas después de asumir el poder, cambió su imagen de “niño guapo” para tornarla en la del “niño ineficiente”.

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Andrés Manuel López Obrador denunció ahora que es sujeto de un “desafuero” mediático por parte de Televisa, Radio Fórmula y TV Azteca.

En esos medios, dijo, hay una circular con la orden de no entrevistar a ningún precandidato presidencial, porque el IFE podría multarlos o tendrían dificultad con la legislación.

“Ahora me están cancelando entrevistas en radio y televisión con ese argumento” y expuso que la medida, en realidad, es para beneficiar a sus dos adversarios en la contienda: Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto.

“No están entrevistando a nadie porque a los otros no les conviene que los entrevisten, y pues (se) cierran a todos”.

Aun así, el tabasqueño dijo que no va a pelear y tampoco que siente la medida como un bloqueo, aunque reconoció: “sí nos perjudica a nosotros, y les beneficia a los otros dos”.

Veremos, pues, ya en abril, qué tanto ese silencio por la veda afecta a sus intereses y a los de la izquierda a la que representa.

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El programa de Felipe Calderón Hinojosa para financiar a 23 mil aspirantes a la educación superior en México, con 2 mil 500 millones de pesos, sigue generando una fuerte polvareda.

A pesar de que países donde se aplican modelos similares, como Estados Unidos y Chile, la estrategia está en crisis y ha derivado incluso movimientos sociales en su contra, el gobierno mexicano difundió dicho programa casi como una panacea.

En un reportaje de la revista Proceso, especialistas sobre el tema afirmaron que esas becas “tienen una trampa de tres bandas”: “beneficiarán” sólo a un reducido sector de la clase media, no a los desposeídos de siempre; la banca –que gestionará los créditos– acabará por cobrar hasta tres veces lo prestado… y finalmente el dinero irá a parar a universidades privadas. Es decir, el primer paso en firme para privatizar la educación en México”.

Si ese escenario ya es una realidad en el país más poderoso del planeta y se ha convertido en un serio dolor de cabeza para Barack Obama, no es difícil imaginar lo que pasaría aquí con la impunidad con que operan los dueños de las escuelas privadas y los bancos, además de que es un programa que, claramente, no busca resolver de fondo la crisis educativa en el país, que es otra responsabilidad directa del Estado.

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