Hace años investigué a un policía judicial de Torreón cuya labor fundamental era ir a la frontera de Brownsville a recoger cargamentos de armas ilegales para policías del norte del país. En aquél tiempo, yo tenía escolta de SIEDO y uno de mis guardias me aseguró que nada le sucedería al traficante; como él hay muchos, aseguró con toda parsimonia. Desde entonces me he preguntado cómo se interconectan los hechos que parecerían aislados y en realidad no lo están.
Un policía federal me explicó que ahorró la quincena para comprar sus propios goggles nocturnos, su corporación no se los provee, pero su trabajo en Durango donde se juega la vida todos los días, exige que tenga gafas nocturnas para ver si hay halcones o vigías de los cárteles que puedan dispararles. Por su parte, los policías bancarios, algunos judiciales e incluso los de tránsito, portan armas que no les fueron entregadas por su corporación; ellos mismos las compran con su salario. La argumentación más común para que un policía incurra en el ilícito de comprar un arma traficada a México ilegalmente es muy sencilla: si rompe las reglas de la corporación puede perder su trabajo, una de esas reglas advierte que no pueden tirar más de tres tiros en una balacera; según una agente de la AFI, les cuentan las balas.
La evidencia está allí: al menos la mitad de las armas ilegales las compran los policías mexicanos. La otra mitad las compra la delincuencia organizada. Alberto Islas, experto en Seguridad Nacional, asegura que en aduanas no hay decomiso de armas porque los contactos de los cuerpos policiacos hacen compras hormiga, luego consolidan las armas y las pasan a México con las redes de protección policíaca. Las rutas de trasiego de armas para la delincuencia organizada a veces son diferentes, sin embargo, en ocasiones los distribuidores concurren: entregan un cargamento a los policías y otro a los miembros de cárteles y otros grupos delictivos. Ambos las compran para los mismos fines: defender sus vidas y su trabajo y eliminar al enemigo en caso de un ataque. El Ejército mexicano ha desarmado a cuerpos policíacos enteros en diversos municipios del país y en menos de 24 horas los policías tienen un arma nueva, un arma ilegal.
¿Cómo es que Michoacán se convertirá en uno de los líderes de siembra de amapola para la fabricación de heroína? Cuando el Ejército norteamericano bombardea Afganistán y pulveriza el mercado de la heroína de Asia Central, los cárteles encuentran tierra fértil en México para seguir produciendo la droga que exige de manera estable el mercado norteamericano. Hace falta recordar que la DEA tenía controlados a los dos principales cárteles de Colombia y luego de la guerra, originada por el Plan Colombia, la pulverización de los cárteles dio lugar a un crecimiento de la delincuencia organizada en ese país, lo que fortaleció a los cárteles mexicanos.
Así como en Rotherdam se establece el precio del petróleo, Sinaloa se convirtió en el centro en que se determina el precio de la cocaína. Colombia no podía producir metanfetaminas, pero México sí, porque gracias al Tratado de Libre Comercio se pueden importar los químicos para producir las drogas sintéticas.
La Oficina para la administración del abuso de sustancias y la salud mental de los Estados Unidos reportó que en ese país se han cuantificado 80 millones de usuarios de drogas ilegales; el consumo y la demanda van en aumento. Como lo fue Sinaloa, Kentucky mantiene su economía de agricultura gracias al cultivo de mariguana y Michoacán avanza en su producción de amapola de manera emblemática; su mercado principal es, sin duda, el norteamericano.
Cuando Barack Obama aseguró a principio de su mandato que las adicciones son un problema de salud pública y no uno de persecución criminal (al menos no en su territorio) sabía que no bajará la demanda en su país. James Reston, uno de los grandes activistas por la despenalización de la mariguana en los Estados Unidos, asegura que efectivamente las adicciones son un asunto de salud, pero el negocio de las drogas es un negocio de políticos, y mientras eso no cambie seguirán tirando balas sin afectar en lo más mínimo el consumo de drogas y las ganancias de los cárteles. Basta recordar que cuando Gary Johnson, el gobernador de Nuevo México, exigió la legalización de las drogas para controlar la economía criminal, su popularidad bajó del 60% al 41%. Al poco tiempo dejó que su declaración se diluyera porque al fin y al cabo los políticos viven de la popularidad para mantener su carrera, y para vivir del pueblo le tiene que dar al pueblo el discurso que le haga sentir menos vulnerable.
Dice Reston que en cualquier guerra la primera víctima es el sentido común, y la segunda es la libertad para decir la verdad plena. Atrapados entre el sonido de las balas y el conteo de los cadáveres, parece que en México perdemos de vista la boyante economía de la producción y venta de las drogas y armas y la posibilidad de intervenir de una manera verdaderamente efectiva.
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