Todos los años hay un rayo de esperanza en los seres humanos de la sociedad occidental, todos nos deseamos lo mejor y todos empezamos el año con un claro optimismo.

Sin embargo, siendo realistas, enero es el mes que sigue a diciembre y como han venido las vísperas se puede esperar que vengan los días.

En Chihuahua, cuando vemos cómo han sido los meses que cierran el año y hemos advertido en la administración estatal,  una actitud cínica por no encontrar otra palabra que los califique mejor,  lo que podemos prever es que el 2023 va a ser el año de la corrupción en nuestro estado.

Por qué lo decimos:

Apenas había comenzado el nuevo Gobierno de Maru Campos, nos recibieron con una propuesta del Ejecutivo para autorizar la venta de un terreno de 16 hectáreas en una zona industrial con todos los servicios a 20 pesos el metro cuadrado.

Sin embargo, en esa misma zona, un grupo grande de marginados socialmente ocupan terrenos del Gobierno del estado desde más de 15 años, y Maru Campos se niega a vendérselos al mismo precio de Luis Lara, porque un terreno de 200 metros para una familia humilde se debería vender en cuatro mil pesos y eso le parece populista a los gobernantes de Chihuahua.

Así como existe la presunción de inocencia, existe la presunción de corrupción. Todo para el Rico. Nada para el Pobre.

Los diputados del PAN, del PRI, el Diputado de MC, y la Diputada de PT, “la mayoría oficial” autorizaron ese daño del patrimonio público.

Un mes después se volvieron autorizar ventas de menor superficie en a favor de otras negociaciones amigas de el PAN.

Todavía no salíamos del asombro, cuando anuncian que habían firmado un contrato de prestación de servicios, para reunir información y administrar inteligencia policiaca con una empresa privada, Seguritech, por cuatro mil millones de pesos, y entre los servicios está la construcción de una torre de 20 pisos, en un terreno que donó el municipio.

Los estados de fuerza de la Fiscalía de Chihuahua son tan deficientes qué sólo pueden procesar el 10 por ciento de las carpetas que se abren por homicidio, violación, violencia familiar, así como robos con violencia. Y la información de inteligencia espera en ocasiones hasta dos años para poder convertirse en hechos de represión a los delincuentes relevantes. Puede parecer exagerado lo que escribo pero es totalmente cierto.

Entonces si no pueden administrar la información que tienen a la mano para qué quieren más información. Es más, la información que tienen sin convertirla en procesos penales se convierte en impunidad. Y si hay algo que impulse la audacia de los delincuentes es la impunidad. Cuando fui director del Cereso, los internos por delitos graves culpaban de su aprehensión a quienes los habían delatado, rompiendo los  pactos de impunidad que tenían.

Nunca escuché en tres años que algún sentenciado responsabilizara a la eficacia de la policía por su aprehensión.

Luego nos enteramos que Ernesto Cordero firmó otro contrato de 14 millones de pesos, para asesorar al Gobierno en la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Estos se presentaron al Congreso para su aprobación y son un copy paste de los que he visto en cuatro años, sólo cambiando las cifras.

Sólo una novedad, se incluyeron 945 millones de pesos para pagar la primera parte del contrato de prestación de servicios con Seguritec, y la mayoría oficial lo aprobó sin mayor dificultad, negando al mismo tiempo recursos para la misma Fiscalía del estado para combatir las adicciones en la juventud, para urbanizar grandes ciudades que se encuentran en condiciones de tristeza profunda, recursos para salud, para educación, otra vez el mismo principio, todo para los ricos nada para los pobres, y otra vez la misma presunción de corrupción.

El último día de sesiones del Congreso se presentó fast track una reforma profunda a la Ley de Adquisiciones y contrataciones del Gobierno del estado, simplificando los procesos de adquisición sin licitaciones o con facultades de nulificar las que se hayan hecho según la voluntad de los funcionarios implicados. Y otra vez la mayoría oficial a ciegas lo aprobó.

Seguimos con otra presunción de corrupción. Lo cual se agrava,  cuando vemos que se ha iniciado la persecución a quienes en algún momento abrieron o dieron seguimiento a carpetas de investigación contra Duarte y la Gobernadora Maru Campos, que fue investigada e incluso sujeta a proceso por corrupción en las modalidades de moches y recepción ilegal de recursos públicos.

Cómo si faltara algo, se nombró como Fiscal Anticorrupción, sustituyendo a la Fiscal que le dio seguimiento a los juicios de Duarte y de Maru,  a un  activista incondicional del Partido Acción Nacional, con total falta de experiencia en labores de investigación y formado en la disciplina partidaria,  de que lo que decidió el jefe se hace sí o sí.  Para concluir se advierte que se cocina la libertad del exgobernador César Duarte Jáquez.

Y por parte de el Gobierno federal únicamente vemos que se castiga con la “ley del hielo” a la Gobernadora y al estado.

Por eso y por muchas cosas más es que a todos los chihuahuenses les deseamos que hagan uso de su gran capacidad de resilencia para superar el 2023, “el año de la corrupción”.

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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