Después de cinco hechos violentos en centros de rehabilitación de Irapuato, fue hasta primero de julio que una masacre obligó a las autoridades municipales y estatales a tomar acciones para regula los centros de rehabilitación.
Por Laura Villafaña
Irapuato, Guanajuato, 30 de diciembre (Zona Franca).– Desde diciembre del año pasado a la fecha, en los anexos de Irapuato, en Guanajuato, se han registrado por lo menos siete hechos violentos que han dejado 43 personas muertas, 10 heridas de bala y por lo menos cuatro desaparecidas.
Pero fue la masacre en el anexo “Buscando el camino a mi rehabilitación” la gota que derramó el vaso. Obligó al estado y al municipio a regularizar los centros de rehabilitación y marcó la vida de las familias de los 27 internos que fueron asesinados aquella tarde del primero día de julio.
“Mis hijos van a cumplir seis meses de muertos en enero, me agarre haciendo la cuenta, dije: seis meses y parece que fue ayer, eso nunca se va olvidar, es un golpe muy fuerte; hago de comer y estoy pensando que tengo muchos, pero cuando veo que se sienta el niño, mi esposo, yo, volteó a la estufa; yo no hacía medios (de comida), hacía kilos, pero es que pienso que mis hijos iban a llevar lonche, y después digo cuál lonche, ni que nada”, relata Rosa Alba Santoyo, madre de Cristian, Omar y Giovanni, tres de las víctimas del centro de rehabilitación.
Rosa no puede creer que hayan atrapado tan rápidamente a los presuntos responsables de la muerte de sus hijos.
“No creó, no sé, pero cómo que agarran dos, tres. Ten te voy a dar esto, te pones ahí y dices que tú esto y lo otro, es mentira, todo eso está muy confuso”, asumió.
Rosa recibe apoyo psicológico, pero debido a esta situación renunció a su empleo
“A veces me sentía, pues todavía me siento triste, de mi parte quisiera tener a mis hijos de aquí conmigo, pero eso es imposible, lo que pido a Dios es que me conserve a los dos hijos que me quedan, y mis otros hijos allá estén descansando, es lo único, porque justicia nunca va haber, no pido nada”.
Para sus nietos también ha sido difícil la muerte de sus respectivos padres, uno de sus hijos perdió su trabajo en una empresa del corredor industrial, pues no ha podido superar la muerte de sus hermanos, a quienes recurría ante cualquier situación, y su esposo y padre de Omar, Giovani y Cristian “está más triste, llora mucho”.
Tras el multihomicidio, los ojos del mundo voltearon a Irapuato, lo que movilizó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a ubicar solo dos días después a tres de los presuntos responsables. Uno de ellos identificado como Jesús Emanuel “N” alías “El Jordán”, vinculado a proceso, y quién permanecerá en prisión preventiva hasta enero, tras ampliarse la prorroga para la investigación complementaria.
Este ataque también dejó siete heridos.
Casi un mes antes de la matanza, 9 internos del anexo “Empezando una Nueva Vida” en la colonia 24 de Abril perdieron la vida, luego de un ataque armado que además de dejo además dos heridos de gravedad.
Sin embargo, fue hasta que sucedió la masacre, que cinco meses después, según las autoridades hay 28 anexos regularizados, de un total que aseguraron ascendía solo a 47.
El proceso implicó operativos con Guardia Nacional, Policía Municipal, Prevención al Delito, Desarrollo Urbano, Protección Civil, lo que arrojó los primeros días: el decomiso de un par de armas de fuego y 70 cartuchos encontrados en uno de los anexos, así como el arresto de dos personas que contaban con orden de aprehensión vigente.
Incluso, el Alcalde, Ricardo Ortiz precisó que tras la revisión de los primeros 208 internos, se confirmó que al menos 42 contaban con antecedentes.
La regularización de los centros no fue fácil, Eduardo Padilla quién encabeza la Federación Mexicana de Centros Especializados para la Atención de Adicciones señalaba sería difícil solventar los gastos para adecuaciones y cumplimiento de dictámenes que les permitirían obtener los permisos de uso de suelo.
Mientras que el presidente de la red estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce encabezó manifestaciones para urgir la regularización de los anexos no solo en Irapuato, sino aquellos que también operaban en León, Silao, Celaya, Salamanca, entre otros municipios, pues la estrategia para la regularización era estatal.
Pero ni una estrategia en proceso, ni una regularización evitaron que el 6 de julio, una amenaza al centro de rehabilitación “Casa de Restauración: Amor es Acción” movilizará a 40 internos que con miedo regresaron a casa, ni tampoco que el 21 de noviembre, sujetos armados privaran de su libertad a dos encargados del anexo “PRINUVI”, ambos afortunadamente fueron liberados.
Ante este último hecho, Pérez Ponce nuevamente se pronunció para exigir continuará con el monitoreo y recorrido en los anexos, que comenzó a mediados de febrero, tras una suplica que comenzó desde el primer hecho violento registrado en un centro de rehabilitación.
Y es que, la madrugada del 4 de diciembre del 2019, hombres armados ingresaron al anexo “Dios es mi salvación” de donde se llevaron por la fuerza a 23 internos. Solo 13 fueron liberados y extraoficialmente trascendió siete fueron hallados sin vida en fosas clandestinas localizadas en San Antonio El Rico. De otros tres se ignoraba su paradero.
El 8 de febrero por la madrugada, sujetos irrumpieron violentamente en el anexo “Empezando una Nueva Vida de Esperanza” en la colonia Progresiva del Jaral. Esto, para privar de su libertad a cinco personas y después huir, no sin antes incendiar el inmueble, una casa y un taller de la misma zona. Cuatro de las víctimas fueron localizadas con vida.
