“Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas”, señala el documento enviado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República donde solicita la consulta pública para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México.
CUARTA PARTE DE UNA SERIE SOBRE EXPRESIDENTES
Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y a su “guerra contra el narcotráfico” se debe que México sea considerado un gran cementerio. Cientos de miles de víctimas por la lucha entre cárteles antagonistas y contra el Gobierno federal, decenas de miles de desaparecidos, incremento en las torturas y ejecuciones extrajudiciales por la militarización de la seguridad son la huella que dejó el exmandatario, quien tampoco se exenta de casos de corrupción como la construcción de la Estela de Luz.
“Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a “combatir el narcotráfico que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México”, señala el documento enviado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República el pasado 15 de septiembre donde presentó los puntos y motivos para solicitar la consulta pública para llevar a juicio los últimos cinco expresidentes de México.
El encarcelamiento de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, el hombre fuerte de Calderón y encargado de diseñar y ejecutar la estrategia contra el crimen organizado, catapultó los señalamientos al sexenio calderonista, pues si se le halla culpable, significa que la campaña militarizada fue un enorme y costoso operativo (en términos económicos y humanitarios) para mantener en la cúspide al Cártel de Sinaloa.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco pasó por alto este hecho, pues en la misiva que envió a la Cámara Alta destaca: “Lo más grave: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.
SU LLEGADA A LA PRESIDENCIA
La gestión de Felipe Calderón estuvo marcada por la crítica desde el inicio, pues llegó a la Presidencia de México por la puerta trasera literalmente: El 1 de diciembre de 2006, tomó protesta como Presidente de la República en tan sólo cinco minutos; el evento se realizó en la Cámara de Diputados, al cual entró por la puerta de atrás y se desarrolló en medio de gritos de rechazo de los legisladores del PRD que tomaron la tribuna para intentar impedir la ceremonia, mientras los legisladores de derecha apoyaban al futuro mandatario.
A 10 días del arranque de su sexenio, el 11 de diciembre de 2006, Calderón Hinojosa emprendió desde su tierra natal la lucha frontal contra el crimen organizado al arrancar la “Operación Conjunta Michoacán”, un megaoperativo en el que los militares tomaron las calles y las carreteras de la entidad. Así dio inicio a su estrategia de “militarización”, que duró toda su gestión y se extendió hasta el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto.
“Como consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas, y como resultado de la violencia generalizada se ha desencadenado corrupción y la impunidad”, destacó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH) en su informe “Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México”.
De acuerdo con un informe de la ONU, realizado en junio de 2014 y presentado por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, durante la administración de Felipe Calderón (2006–2012) se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70 mil fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico, no obstante, en ese entonces Heyns aclaró que debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado.
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
Para organizaciones de la sociedad civil, las violaciones a los derechos humanos se dispararon con el incremento de militares en labores de seguridad cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico.
El estudio “Violaciones de Derechos Humanos en la Guerra contra el narcotráfico” destaca que la magnitud de la intervención del ejército en operaciones que corresponden a la policía fue tal que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares; además 6 mil 254 personas civiles fueron detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014.
En el informe “Sombra sobre el Sexto Examen de México ante el Comité de Derechos Humanos”, también de la CMDPDH resaltó que la milicia es la autoridad más señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió del 2006 al 2014, al menos 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y 6 la Secretaría de Marina. Así pues, 3 de cada 4 recomendaciones del organismo relativas al derecho a la vida, en ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas.
El 54.3 por ciento de las 10 mil 534 quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre los años 2006 y 2018, fueron atribuibles a las Fuerzas Armadas. Además, datos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que el 70 por ciento de los expedientes en trámite son acusaciones en contra de elementos castrenses.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
En este año 2021 que está por llegar se cumplen justamente 10 años en que se enviaron comunicaciones a la Corte Penal Internacional para pedir que este organismo juzgue al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad por miles de muertes, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a derechos humanos derivados por la guerra contra el narco.
La Corte Penal Internacional es un tribunal con sede en La Haya, Holanda, con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad, como genocidio y crímenes de guerra.
Entre los capítulos negros en la historia reciente de México se encuentra la conocida Masacre de Allende: el cártel de Los Zetas masacró personas en Allende, Coahuila, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, por un supuesto ajuste de cuentas, con la ayuda de la policía municipal. Las “levantaron”, las llevaron a dos ranchos distintos donde las asesinaron, para luego desaparecerlas calcinadas y derretidas en ácido.
El expediente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sólo consignó el asesinato de 26 personas –20 de ellas de una misma familia– y no 300 como afirman activistas como Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, se presume que “pudieron ser más”, reveló el informe “En el Desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, elaborado por El Colegio de México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce a 49 víctimas, la Fiscalía estatal a 29, pero ante la falta de denuncias o reclamaciones de cuerpos, a nueve años de lo ocurrido se desconoce a cierta ciencia cuántas personas fueron desaparecidas.
El 19 de marzo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el testimonio de testigos, pudieron estar presentes durante la masacre y ordenó investigar esa línea.
ESTELA DE LUZ
La construcción de la Estela de Luz fue ordenada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y fue muy cuestionada. En la Cuenta Pública 2011, la ASF halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural. También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”.
La obra costó más de mil millones de pesos. En su momento fue llamada también “Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón”.
El pasado 12 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria que tienen dos responsables de la construcción del monumento Estela de Luz.
Las sanciones ratificadas por el tribunal son por la simulación de compra de acero para la construcción y señalan como responsables de irregularidades en la construcción a Andrés León Reguera, residente de obra, y a Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quienes trabajaban para la paraestatal III Servicios, encargada de contratar a empresas privadas que realizaron la construcción.
CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS
“No, no, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, para nadie lo es. […]Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no lo es”, fueron las duras palabras de María de la Luz Dávila el 11 de febrero de 2010 a Felipe Calderón en un evento realizado en Ciudad Juárez.
María es la madre de dos jóvenes que junto con otros 14 fueron victimados en una masacre en el fraccionamiento Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez el 31 de enero de 2010, a la que el exmandatario en una declaración hecha durante una gira por Japón adjudicó a una disputa entre pandillas.
Las declaraciones del mandatario fueron consideradas por ciudadanos juarenses como “irresponsables y ofensivas” para las familias de las víctimas, al considerar como muy cómodo acusar a todos de ser delincuentes para evadir la responsabilidad de investigar y encontrar a los culpables.
”No es justo, quiero que usted se retracte de lo que usted dijo, que eran pandilleros. ¡mentira! uno de mis hijos estaba en la Uach (Universidad Autónoma de Chihuahua) y otro en prepa”,- reclamó severamente María a la cara del expresidente. Las palabras y el reclamo de María no tardaron en hacer eco en el país. Una mujer confrontaba al exmandatario quien también se distinguió por criminalizar a las víctimas del delito, a las que nombraba como “daños colaterales”.
DETENCIÓN DE GARCÍA LUNA
Genaro García Luna lleva más de un año detenido en Estados Unidos y está en espera de la siguiente audiencia en la que se determinará si va a juicio en Estados Unidos; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que también tiene una investigación en su contra, que cooperará con las autoridades federales de Estados Unidos; además, la FGR ya solicitó la extradición.
De existir un juicio contra el llamado “Superpolicía”, aunque el proceso judicial tratará sobre un individuo, las expectativas sobre éste se miden con vara alta: se espera que se revele información valiosa para que la administración de Felipe Calderón y él en sí mismo, no sólo sean juzgados social y mediáticamente, sino judicialmente.
“Se espera que esto [juicio contra Genaro García Luna] pueda llegar incluso al expresidente Felipe Calderón porque me parece que es una pieza clave de toda esta madeja importante (de la red de corrupción) que hasta ahora se ha mencionado, pero no se han centrado los reflectores de la justicia estadounidense en los expresidentes. Sobre Calderón no ha habido un señalamiento directo, pero se infiere que García Luna no pudo haber operado sin la anuencia de él. Me parece que, aunque él [Calderón Hinojosa] lo niega con un profundo cinismo, hay más de una evidencia de que sirvió para proteger al narcotráfico del 2006 al 2012”, dijo el periodista experto en crimen organizado Ricardo Ravelo Galo.
Felipe Calderón ha insistido en que no sabía lo que hacía, pero su versión no es lógica, de acuerdo con analistas consultados a lo largo del año.
“Desde mi punto de vista, Calderón fue (sino es que el artífice) el cómplice de una gran red para brindar protección al Cártel de Sinaloa y que la guerra fue una mera simulación para abrirle espacio a Sinaloa, pero también para llevar a cabo el saqueo de recursos naturales de zonas estratégicas del país, donde la guerra fue un instrumento para lograr un desplazamiento humano que permitiera disponer de estos territorios”, aseguró Ricardo Ravelo.
“Que Calderón argumente que él no sabía lo que estaba haciendo García Luna me lleva a la conclusión de que miente o de que estaba cerebralmente muerto”, ha dicho el experto antimafia, Edgardo Buscaglia.
