En el Informe presentado por el Gobierno de Héctor Astudillo reconoció que la estrategia de seguridad implementadas para contener la violencia, “si bien han sido eficientes para buscar disminuir la incidencia delictiva, no han sido suficientes para superar las razones estructurales”. Ademñas de que los grupos delincuenciales han impactado severamente el sector empresarial, ahuyentando la inversión local, principalmente en la Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa y Chilpancingo.
Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo/ElSur).- En Guerrero prevalece un escenario de violencia motivada por el problema estructural del narcotráfico, vinculado a las condiciones de pobreza y pobreza extrema, justificó Gobierno del estado en un informe entregado el 7 de diciembre al representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava.
En ese documento denominado: Seguimiento a Temas Relevantes, elaborado por la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno estatal informó a los representantes del organismo internacional y del nacional que del 27 de octubre del 2015 (cuando tomó posesión el gobernador Héctor Astudillo Flores) al noviembre pasado, se cometieron 2 mil 428 homicidios dolosos y que de ellos, de enero a octubre de este año se contabilizaron 278 asesinatos de mujeres, pero sólo 20 casos fueron tipificados como feminicidios.
El informe menciona además, que de enero del 2013 a diciembre del 2016 se contabilizaron 409 desapariciones forzadas.
Jan Jarab e Ismael Eslava visitaron Guerrero los días 7 y 8 de diciembre pasado. Esos días se reunieron en Chilpancingo y en Chilapa con integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos y con representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, quienes les informaron de la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en el estado, y la falta de resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer los casos de desaparecidos y los homicidios.
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Los representantes de la ONU-DH y de la CNDH se reunieron el 7 de diciembre con el fiscal Xavier Olea Peláez y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quienes entregaron el diagnóstico del gobierno estatal dividido en tres temas; Panorama general de la seguridad y violencia, Solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Guerrero, y Políticas públicas para la protección de los derechos humanos de las mujeres.
SEGURIDAD Y VIOLENCIA
En el apartado: Panorama general de la seguridad y violencia el documento, del que El Sur tiene copia cita: “En Guerrero prevalece un escenario de violencia motivada por el problema estructural del narcotráfico, vinculado a las condiciones de pobreza y pobreza extrema”.
Menciona que durante la última década el escenario de la violencia se ha posicionado debido a que los grupos criminales “enfrentan una disputa abierta por el control del territorio para el trasiego y comercialización de las drogas”.
Refiere que en esta disputa la sociedad se ha visto altamente afectada por la diversificación de la delincuencia en otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, desaparición forzada de personas, cobro de cuotas y homicidios.
“Paralelamente los grupos delincuenciales han impactado severamente el sector empresarial, ahuyentando la inversión local, principalmente en la Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa y Chilpancingo, “problema que ha dado lugar a la migración interna a otros estados del país, así como el desplazamiento de familias de sus comunidades”, establece el citado informe.
El gobierno estatal reconoce que frente a este escenario las estrategias de seguridad implementadas para contener la violencia, “si bien han sido eficientes para buscar disminuir la incidencia delictiva, no han sido suficientes para superar las razones estructurales”.
Agrega que: “A pesar de que los indicadores están a la baja, existe la percepción de que se ha incrementado la violencia”. En este contexto el gobierno estatal da a conocer sus cifras de la violencia y subraya que en el primer año de la presente administración se han registrado 2 mil 428 homicidios dolosos, de los cuales de enero a octubre se han contabilizado 278 asesinatos de mujeres, “correspondiendo a éstos sólo 20 casos tipificados como feminicidios, en un rango de edad de los 25 y a los 50 años”.
Se omiten cifras de los casos de secuestro, extorsión y cobro de cuotas. Así como de la migración interna y el desplazamiento de familias de sus comunidades a consecuencia de la violencia.
En cuanto a las estadísticas de los homicidios dolosos por mes el informe registra después del 27 de octubre del 2015, 27 homicidios, en noviembre 173, en diciembre 192, en enero 217, febrero 148, marzo 185, abril 176, mayo 177, junio 209, julio 225, agosto 215, septiembre 151, octubre 159 y en noviembre 174.
Según estas cifras, el mes más violento fue julio con 225 homicidios. Además por sexo se destaca que 2 mil 130 fueron hombres y 278 mujeres, pero el gobierno estatal contó sólo 20 como feminicidios.
En términos porcentuales los asesinatos de mujeres ocupan el 11 por ciento del total registrado, mientras que los casos considerados como feminicidios se ubican por dejado del 1 por ciento, según el gobierno estatal.
Los feminicidios ocurrieron 14 en Acapulco, dos en Zihuatanejo, dos en Copanatoyac, uno en Iguala y otro en Cuajinicuilapa.
En cuanto a las desapariciones forzadas el gobierno estatal reportó a la ONU-DH y a la CNDH 409 de enero del 2013 al 7 de diciembre del 2016. De ellas 229 ocurrieron en Iguala, 150 en Chilapa y 30 en Acapulco.
En el informe se incluyó de inicio una nota periodística publicada en El Sur en la edición del 28 de octubre, que recoge el contenido del informe que rindió el gobernador Héctor Astudillo Flores con el título: “Logró recuperar el gobierno, asegura Héctor Astudillo en el Congreso en su primer informe”.
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En cuanto al apartado: Solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Guerrero, se incluye el documento de las acciones del gobierno estatal desde que la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en Guerrero, para los municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta (Zihuatanejo), Ometepec y Tlapa, hasta que el gobierno del estado aceptó el informe el 12 de septiembre, a partir de cuando tiene 6 meses para cumplir las 10 conclusiones y los 52 indicadores establecidos en el informe, plazo que concluye el 12 de marzo del 2017.
“En esa fecha el gobierno del estado de Guerrero estará presentando ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el informe final de cumplimiento para su análisis”, destaca el documento.
De las políticas públicas para la protección de los derechos humanos de las mujeres, informó del establecimiento del Protocolo Alba y la apertura de los Centros de Justicia para Mujeres en el estado.
Del Protocolo Alba menciona que se trata de un mecanismo operativo de coordinación interinstitucional para la búsqueda, localización y presentación de mujeres desaparecidas y/o no localizadas en el estado, cuyo comité se instaló el 18 de julio del 2016 y el 16 de noviembre se aprobó “y está en proceso su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero”, dice.
En cuanto a los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero, el documento explica que estos se establecieron para la atención integral a mujeres en situación de violencia de género. Se informa que en el estado estos centros operan en Tlapa y en Chilpancingo.
En este apartado se informa que el Centro Comunitario para Mujeres del Municipio de Ayutla de los Libres, “se equipó por parte de esta administración gubernamental”.
Explica que este Centro Comunitario se creó en cumplimiento a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), para la protección de los derechos de mujeres indígenas, sin embargo no se informa cuándo será abierto.
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Como resultado de este informe en conferencia de prensa el 8 de diciembre, después de la reunión con familiares de desaparecidos, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab declaró que los 2 mil 428 homicidios dolosos y las 409 desapariciones en sólo tres municipios, “cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero”.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado), es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, dijo el representante de ONU-DH en Chilapa.
También advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar: “(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, demandó en esa ocasión.
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